EI Primero de Mayo al inaugurar un nuevo período de sesiones ordinarias en el Congreso Nacional, el señor Presidente de la República informó entre otras cosas- sobre la decisión del gobierno de enviar al Parlamento un proyecto de ley de Reforma Laboral.

Luego de ello, en los primeros días de Mayo, se escucharon por parte de distintos miembros del Ejecutivo diferentes apreciaciones sobre el contenido que tendría esa reforma: "Cambiar el domingo por el miércoles", "aumentar a 10 horas diarias el horario de trabajo", "reducir de 2400 a 1950 las horas anuales de trabajo", "reducción de horas extras pagas", etc..

Consideramos que es negativa la forma de presentar las modificaciones a la Ley de Contrato de Trabajo -pues de ello se trata-; así se tiran los temas y de acuerdo a la reacción se redacta el texto. Esto es inaceptable; es una corruptela en el manejo de las normas, que degrada y desgasta el sistema institucional. No es nuestra intención responder pun­tualmente a esas distintas expresiones que -con gran irresponsabilidad- han emitido los voceros gubernamentales, sobre un asunto de central importancia para el hombre como es su vida laboral, sin que se haya conocido la totalidad del proyecto.

Si hacemos nuestras las expresiones de RAUL SCALABRINI ORTIZ: "NO OLVIDEMOS QUE AQUELLO QUE NO SE LEGISLA EXPLICITO Y TAXA­TIVAMENTE A FAVOR DEL DEBIL, QUEDA LEGISLADO IMPLICITAMENTE A FAVOR DEL PODEROSO".

Entendemos que las leyes que sustentan el Derecho del Trabajo; constituyen niveles protectorios mínimos inderogables para nuestra sociedad. La flexibilización a que se nos quiere llevar, está dirigida a alterar los niveles de protección alcanzados en nuestra legislación para con los trabajadores.

En países subdesarrollados, el papel que desempeña el derecho del trabajo es particularmente una valla de con­tención a la explotación y es un reaseguro de respeto a la dignidad del trabajador. El derecho del trabajo, fue consagrando una legislación humana, con derechos y obligaciones que persiguieron acordar relaciones laborales dignas, donde la ganancia de uno no implicara la explotación inhumana de muchos.

Hoy los argentinos estamos viviendo en medio de un plan económico que genera un gran costo social, que comenzó a manifestarse en 1992 y que se va agudizando puesto que el instrumento fundamental que sostiene la estabilidad de precios -el atraso relativo valor dólar-, terminó por afectar seriamente la economía empresaria dado que incide negativamente sobre las posibilidades de exportación. Ello ha producido el reemplazo de alrededor de 5000 millones de dólares de producción nacional por producción importada. Otro factor que incide negativamente sobre la actividad de las empresas es la tasa real de interés que se paga. El costo del crédito para la pequeña y mediana empresa lo convierte en prohibitivo.

El efecto sobre la estructura de la empresa es demoledor. Y ellas no están dispuestas a compensar pérdidas actuales con ganancias anteriores.

Entonces antes de perder proceden a cerrar las puertas de las fábricas.

En el mejor de los casos ajustan hacia la baja su nivel de actividad y de empleo, exigen del gobierno que respalde la prohibición de elevar salarios y que proceda a desproteger legalmente a los trabajadores que resuelven dejar en la calle e imponen un mayor ritmo de trabajo a los que quedan, para compensar (flexibilidad laboral) .

El trabajador, apremiado por la necesidad de trabajo, acepta las condiciones impuestas sin otro camino que soportarlas hasta que encuentre "algo mejor".

El objetivo declarado para proceder a esta reforma es el de disminuir el llamado "alto costo argentino". Lo que llama la atención es que los distintos com­ponentes que hacen al costo como son: energía, fletes, impuestos, costo fi­nanciero, capacidad ociosa, falta de inversión, etc, que están incidiendo negativamente en el costo final, no son posibles de ser abaratados en un caso o mejorados en otro, y, solamente se quiere modificar hacia abajo el costo laboral, de relativa incidencia en el costo total.

La desocupación, la subocupación, no son producto de la legislación laboral. Ya en el periodo 1976-1983 se aplicaron medidas de des­regulación, desprotección, y flexibilización. Se anularon aportes patronales, se redujeron las indem­nizaciones por despido y se amplió el campo de acción de las sub-contrataciones. Esto no se tradujo en un aumento del empleo registrado.

Sin perjuicio de lo expuesto, somos conscientes de que las normas del derecho del trabajo no son inmutables sino que son producto de un conflicto de intereses en un espacio y tiempo determinado. No somos indiferentes a la crisis económica ni a los cambios tecnológicos. Están tan interesados en progreso de nuestra economía y de nuestras empresas los empleadores como los trabajadores. Por ello creemos que si es necesario replantear mo­dalidades de trabajo, en particular sobre lo que hace a condiciones de movilidad y polivalencia para conciliar condiciones de trabajo con nuevas tecnologías.

Es necesario enfrentar los desafíos de la crisis, con consenso y con­certación poniendo todas las cartas sobre la mesa. En el espacio de la concertación se equilibrarán los sacrificios y los resultados serán asumidos por el conjunto. Es­pecíficamente, en el campo laboral, se deberá avanzar en la implementación de nuevas metodologías de negociación colectiva en la instrumentación legal del derecho a la información, en la capacitación para la reconversión laboral, en la garantía de acceso a un salario digno, etc.

Rechazamos la metodología de la imposición porqué la consideramos esencialmente antidemocrática y proponemos la creación de un Consejo Económico Social para discutir las líneas generales, donde la flexibilización será quizás un elemento más a considerar, en la globalidad, como medida de política de fomento de empleo.

Los socialistas impulsamos un régimen laboral que indefectiblemente asegure a cada trabajador y a cada trabajadora la disposición del tiempo necesario y suficiente que posibilite un merecido descanso y el desarrollo de una calidad de vida digna, en lo que se refiere al esparcimiento, la participación en la vida comunitaria y la integridad del núcleo familiar.

Si no se dialoga, si no se concerta, avanzamos hacia una realidad aún más negativa para la calidad de vida de nuestros trabajadores.