Señor presidente:

Una de las ventajas del sistema democrático que rige en nuestro país por voluntad y responsabilidad del pueblo, de la mayor parte de los sectores sociales de la ciudadanía, es que podamos disentir; con los grandes bloques acerca de esta cuestión que es de suma importancia y exterioriza la profunda crisis de nuestro país.

Con gran dificultad estamos viviendo esta transición hacia la democracia, que se ha gestado a partir de una dictadura aberrante. Hemos tenido buena voluntad y flexibilidad para anticipar, por ejemplo, la entrega del poder —traspaso que se debía dar el 10 de diciembre del corriente año—, en virtud de que una situación incontrolable en la economía así lo exigía.

Como argentino reconozco grandeza en quien anticipó su retirada y grandeza en quien garantizó una retirada ordenada que podría haberse transformado en apocalíptica, ya que estaban dadas las condiciones.

Frente a la crisis que afronta el país —cuya profundidad el socialismo ha denunciado desde el año 1983— y sobre la base de nuestra convicción de que sólo el mantenimiento de las instituciones de la democracia podrá permitir la superación de la misma, ante los enunciados del nuevo gobierno, ante los nombres de sus colaboradores, hemos guardado un prudente silencio, diría un responsable silencio, en aras de los superiores intereses de la República.

Hoy es puesto a consideración del cuerpo un proyecto de ley grave, un proyecto que determina la suerte de gran parte del patrimonio público de nuestra Nación. Entonces, con la altura, con la responsabilidad y la honestidad que merece la Honorable Cámara y quienes nos han votado, entendemos que debemos llevar adelante este debate en medio de la crisis más grave que ha debido afrontar nuestro país desde la organización nacional.

Es necesario destacar que ingresamos a este debate, que versa sobre la suerte de las empresas públicas, por el sendero que marca la ley. Vamos a discutir su venta o no venta, su privatización, las modalidades de la misma, acerca de todo lo cual vamos a disentir en su globalidad. Pero vamos a discutir este asunto primero en el Parlamento; después se pondrá en marcha por la vía del Poder Ejecutivo, contrariamente a la conducta del anterior ministro de Obras y Servicios Públicos, que primero firmó la carta intención y después informó al Congreso lo que pensaba hacer respecto de ciertas empresas públicas, sobre todo las dos más codiciadas por el capital extranjero, que son ENTEL y Aerolíneas Argentinas.

Es cierto, se ha sembrado una semilla y ahora viene la cosecha.

Insistimos en hacer un análisis inserto en la realidad —con todo respeto, señor presidente—; a veces no llegamos a ubicar en qué país estamos hablando, si en la Argentina, dentro de América latina, o en Francia, España o Alemania, países que, como todos saben, pertenecen a otro continente y a otro nivel de desarrollo.

Nuestra situación está caracterizada por dos graves componentes: la transición hacia la democracia — voluntad de la totalidad de los argentinos— y la crisis de un modelo que se impuso a fines del siglo pasado.

Sostuvimos y seguimos sosteniendo que de esta encrucijada en que se halla la República no es posible salir con ideas o planes más o menos luminosos, sino por medio de la concertación real, democrática y libremente expresada de todos los sectores de la vida nacional, pero fundamentalmente de quienes trabajan y producen.

En la historia contemporánea no hay ningún país que haya emergido de una situación como la que atraviesa la Argentina sin utilizar la concertación o apelar a la revolución. Consideramos que actualmente la revolución está fuera del contexto histórico y por ello, inexorablemente, nos queda el camino de la concertación real, con participación de todos los sectores representativos de nuestro país. En tanto los gobiernos elegidos democráticamente por las mayorías crean estar en posesión del plan o la fórmula para lograr la solución no resolveremos ningún problema y estaremos cada vez peor, porque es cierto y dramático que se puede estar cada vez peor. Ese es el camino que hemos recorrido desde 1983 a 1989 desde el punto de vista económico y social.

Emergimos de la última etapa de la crisis, que se exteriorizó con toda su fuerza en la dictadura instaurada en 1976, sin tener conciencia de su dimensión y profundidad y creyendo que el simple imperio del estado de derecho iba a reordenar el panorama económico y social del país.

La falta de conciencia de la profundidad de la crisis es parte de esa misma crisis. Sin embargo, en este aspecto hemos avanzado, ya que los balances confeccionados en 1989 fueron mucho más veraces y realistas que los que se hicieron en 1983.

No vivimos una crisis pasajera, sino que estamos ante el agotamiento de un modelo que los socialistas valoramos irreversible. Es un agotamiento que no acepta parches y no posibilita la reconstrucción ni el desarrollo de lo viejo, sino que impone la reformulación del país, que por cierto no consiste en su socialización sino en la construcción de una nueva nación sobre la base del trabajo, la producción, la justicia social, la democracia y la independencia nacional.

Contra el modelo del siglo pasado se levantaron los sectores populares de nuestro país en la revolución del '90 y fueron derrotados. Ahí estaban todos los líderes populares de las diversas ideas: Juan B. Justo, Llerena, Alem, Yrigoyen y Lisandro de la Torre. El régimen hizo un enroque: sacó a Juárez Celman y puso a Carlos Pellegrini, su hombre más inteligente y dinámico.

Así continuó este modelo, donde el trabajo y la producción —como decía un diputado preopinante— lograron realizarse y produjeron un crecimiento material del país. Pero fue un crecimiento con cuyos valores morales y sociales no coincidieron los sectores populares ni el sócialismo. Así llegamos a 1974, en que se empieza a estancar definitivamente el crecimiento, con el detenimiento del crecimiento del producto bruto interno, comenzando la regresión que vivimos hasta llegar a nuestros días.

Esta crisis tiene aspectos graves por su permanencia: afecta la legitimidad del gobierno, pero no de un gobierno determinado ni de un partido o presidente en particular, sino la del sistema institucional argentino. Existe un divorcio cada vez más profundo entre el consenso político y el social. Cada vez es más grande la diferencia entre lo que el pueblo vota y lo que luego se hace, lo cual trae una falta de credibilidad en el sistema y reduce la participación institucional.

Nosotros reclamamos la participación de este Congreso, pero lo cierto es que cada vez participa en menor medida, con menos elementos, porque es un simple cuerpo de asesores desprovisto de medios técnicos para manejar información, para actuar e influir.

Esta es, entre otras cosas, la reforma del Estado que tenemos que realizar: la reforma dé la Constitución Nacional, de un perimido sistema presidencial, sin tener en cuenta quién ganará o será reelecto. Es urgente que nos aboquemos a una reforma en ese sentido, que no se limite simplemente a ver quién es propietario de los servicios públicos. Por el contrario, debe tratarse de una reforma que posibilite la participación de la gente que trabaja y produce en nuestro país, no sólo cuando hay elecciones sino todos los días del año.

La integración nacional también está afectada profundamente por esta crisis. Hemos visto hechos sin antecedentes en muchas décadas: provincias emitiendo sucedáneos de papel moneda, provincias que intentaron establecer tasas especiales para los combustibles, expansión de los departamentos de comercio exterior en diversas provincias y desconocimiento de sus obligaciones para con el Banco Central. Además, últimamente se registraron graves problemas sociales en Rosario, En mi ciudad la gravedad no está determinada simplemente por el asalto de supermercados y negocios —que es considerado por nosotros como algo grave— sino por la confrontación entre barrio y barrio, villa y villa o villa y barrio, lo cual significa un peligrosísimo resquebrajamiento de nuestro tejido social.

En nuestro criterio, la Argentina hoy no se precipita hacia un proceso de libanización porque existe una política de distensión en el orden internacional entre las grandes potencias. Si así no fuera, nuestra sociedad tendría todas las posibilidades de ser libanizada de la noche a la mañana.

A este problema de desintegración se agrega el de centenares de miles de argentinos que se han ido al exterior y no vuelven porque su "país no les da respuesta material y, fundamentalmente, espiritual.

Los argentinos estamos viviendo la situación que a fines del siglo pasado atravesaron muchos países europeos; la mayoría de las familias tiene parientes que se encuentran en el extranjero y que posiblemente nunca volverán. Estas son las graves dimensiones de la crisis. Por otro lado, el hecho de que el teléfono tenga tono y funcione bien es una consecuencia, no una causa.

También hemos caído en una crisis de identidad, ya que vivimos en un país en el que al mismo tiempo unos postulan que pertenecemos al Tercer Mundo y otros nos vinculan con el Primer Mundo. Así, han quedado borradas las viejas convicciones latinoamericanistas de Ingenieros, Palacios, Ugarte, que también sostuvieran Hipólito Yrigoyen y Perón.

Hoy no tenemos una definición; no sabemos si debemos ubicarnos o no con los No Alineados. Tampoco sabemos si debemos o no fortalecer al Grupo de los Ocho y no podemos ingresar a la Comunidad Económica Europea porque no está hecha para nosotros.

Esta crisis de identidad afecta gravísimamente a la moralidad y al espíritu de un pueblo, ya que los pueblos, al igual que los hombres, cuando no saben qué son, deambulan sin norte por los días azarosos de su historia contemporánea.

Así llegamos al tema del Estado. Frente a una crisis en la que no se plantean reformulaciones de país, se buscan respuestas mágicas y tenemos el mal gusto de recurrir a la misma respuesta de Martínez de Hoz: la culpa de todo la tiene el Estado. Liquidemos al Estado y cada argentino satisfará todas sus necesidades espirituales y materiales. ¡Qué simpleza! ¡Qué pensamiento trascendente del conservadorismo contemporáneo! Mientras manejaban el país con el fraude se aprovechaban del Estado para sacarle sus principales recursos y llegaron a regular hasta el comercio de la papa. El Estado les sirvió a sus designios; ellos tenían la propiedad privada de la ganancia y socializaban las pérdidas a través de aquél. Pero desde que en 1945 pierden el control del Estado y saben que mediante elecciones libres jamás lo recuperarán, ese Estado pasa a ser el enemigo público. Esta ha sido su gran victoria ideológica; los ayudó el proceso, pero también los ayudó nuestra rémora en la ubicación correcta de este debate que el país ha desarrollado.

La cuestión no reside en discutir si el país requiere más Estado o menos Estado; aquí la alternativa es entre el interés de la comunidad o el interés privado.

En momentos difíciles de la organización nacional, luego de haber regresado de Chile para radicarse algunos años en Buenos Aires durante el gobierno de Juan Manuel de Rosas, un hombre de gran ponderación racional —me refíero al primer gran ministro de Hacienda de Urquiza, Mariano Fragueiro— decía con relación a esta cuestión: "Hay dos grandes inconvenientes para la realización de la democracia: el individualismo y toda influencia de extraña autoridad en la autoridad nacional".

Por otro lado, hace veinticinco años, Arturo Sampay decía con respecto a este falso dilema del Estado: "La verdad es que el Estado no es otra cosa que la sociedad políticamente organizada y no puede haber sociedad sin Organización política; con puridad filosófica, diría que la sociedad es la materia y la organización política la forma del Estado, por lo que no es ni la sociedad ni la organización política por sí sola sino su compuesto; de manera que entre el Estado y la sociedad no existe ninguna separación real. En la filosofía del capitalismo, esta antagónica pareja Estado-sociedad oculta la ideología que pretende impedir al poder político el cumplimiento de su fin natural como promotor del bien común y dejar a las fuerzas económicas privadas, que se llaman a sí mismas sociedad, en absoluta libertad de manejo".

Respecto de la subsidiariedad del Estado, sobre la cual también se refiere el proyecto remitido por el Poder Ejecutivo, nos dice: "La no intervención significa dejar las manos libres a los distintos grupos en los conflictos sociales y económicos y, por lo mismo, dejar que las soluciones queden libradas a las pujas entre el poder de esos grupos. En tales circunstancias, la no intervención implica la intervención en favor del más fuerte.

Esta cuestión de "Estado sí", "Estado no" y qué es el Estado" tiene una extraordinaria coherencia en la ciencia política.

El último proyecto nacional que se insertó en la realidad, que puede compartirse o no, pero que no puede negarse, fue el de 1945. Vemos aún plantados los árboles de aquel entonces por el territorio nacional, los policlínicos edificados que fueron el sueño del doctor Carrillo, las escuelas y las obras sociales consideradas como las mejores del mundo del Este y del Oeste. Es cierto que se trata de un provecto distribucionista, pero entre distribuir para abajo o para afuera, yo prefiero quedarme con la distribución para abajo. (Aplausos.)

Ese proyecto entró casualmente a tener graves problemas: fueron los años en los que se citan los discursos del general Perón, cuando se dictó la ley de 1954; los años del Congreso de la Productividad, los años en que las cosas no comenzaban a andar. Desde entonces se produce la declinación que llegó a su límite en 1974 para después acelerarse. En aquel Estado, que era una organización política al servicio de un proyecto nacional, no había personeros de grupos de interés, como existían en la "década infame" cuando el Estado era una conjunción de intereses — como sucede en otros gobiernos del mundo— en los que se articulan los lobbies como los Duhau y los Santamarina, contra los cuales tanto luchó mi ilustre comprovinciano Lisandro de la Torre. Hoy aquel proyecto de 1945 se agota: y se agota no ése sino todo el proyecto del país, porque no hay otro sustituto en marcha. Aquel Estado autónomo de los diversos grupos económicos desaparece y comienza a recomponerse nuevamente el Estado con los personeros de los intereses económicos; vuelve a recomponerse un Estado con el acuerdo y la participación de los intereses dominantes.

Esta es nuestra realidad; ésta es la crisis que estamos viviendo, ¿Cómo salimos de ella? ¿Quién podría decir que las empresas públicas andan bien? Nada del Estado funciona bien. Seamos objetivos: ni las empresas públicas, ni la Justicia ni el Parlamento. El Estado refleja nuestra crisis; es nuestro espejo, y no por romper el espejo va a mejorar nuestra imagen. Debemos tomar conciencia de ello.

Esto también lo planteó en cierta parte de su mensaje inicial el actual presidente de la República al manifestar que el cambio empieza en cada uno, o no hay cambio. Por eso no creo en los efectos milagrosos de determinadas leyes. Creo que solamente un cambio de abajo hacia arriba —no en la adjudicación de las empresas públicas— puede variar la realidad de nuestro país, dentro de la cual se hallan esas empresas.

Entendemos que es necesario una concertación entre todos los que integramos este país; nosotros vamos a sustentar nuestras ideas, pero la correcta será la qué surja de esa concertación. Vamos a tener que reivindicar nuestra fe y confianza en la capacidad de trabajo y de producción del hombre argentino. Este es el gran cambio que debemos hacer.

Un inolvidable militante de la causa nacional y de la causa de la democracia, Luis Dellepiane, decía en su mensaje del 4 de mayo de 1939 en FORJA: ". . .no existe otra posibilidad de acción que la fundada en la síntesis depurada de las actividades del hombre con capacidad de realizar trabajos en beneficio de la colectividad. Esta posibilidad se llama conducta. Es la esencia sustantiva del hombre: su base moral. Y nuestro destino y el de nuestra lucha dependen del concepto con que, en nombre de América, rectifico a Maquiavelo: para que los fines a alcanzar puedan ser propuestos como una revolución ante un estado de cosas imperante, es menester que los medios sean morales. Argentina y America no son campo propicio para la estrategia y la táctica. En un instante en que los hombres yacen seducidos por la corrupción, no debe ni puede ofrecérseles escapatorias; cuando la 'estrategia' y la 'táctica' aparecen, ya se inicia la claudicación de la conducta; y con el pretexto de que los fines justifican los medios, se termina por confundir los medios con los fines, quedando subsistente el aspecto inmoral, como consecuencia de la acción frustrada. Este es el saldo de las revoluciones fracasadas, triste resultado en el que se consumen los más nobles propósitos que descorazona a los pueblos, dándoles la sensación que son incapaces para las grandes reformas".

También tenemos algo de aquel entonces, aunque posterior, que ya se leyó aquí. Me refiero al artículo 40, que establecía "que los servicios públicos pertenecen originariamente al Estado, y bajo ningún concepto podrán ser enajenados o concedidos para su explotación..." Cuando se intentó reimplantarlo en la Constituyente del '57 los grupos políticos más retrógrados dejaron sin quorum el recinto. Por otro lado estaba el artículo 39, que decía que el capital debe estar al servicio de la economía nacional y tener como principal objeto el bienestar social. Sus diversas formas de explotación no pueden contrariar los fines del beneficio común del pueblo argentino.

Por eso Sampáy, que fue autor intelectual del artículo 40, cuando otorga el premio "General Moscona" a la comisión especial de esta Honorable Cámara de Diputados de la Nación que debía investigar los contratos suscritos entre ENTEL y las firmas Siemens y Standard Electric, dice: "Los partidos argentinos están comprometidos a luchar por la liberación nacional, es decir, a afianzar la soberanía frente a los manejos corruptores de los monopolios multinacionales, porque como éstos —tras su afán de máximo lucro— actúan contra la promoción del bienestar del pueblo argentino, o sea, contra nuestro interés nacional. Para lograr aquel propósito deben, necesariamente, utilizar procedimientos delictuosos".

"En todos los países son las comisiones investigadoras de legisladores las que, como la vuestra, ponen al descubierto la incompatibilidad existente entre el ejercicio pleno de la soberanía nacional y la libre actuación de las empresas multinacionales.

La falta de claridad y de exactitud con que analizamos el estado del país en 1983 contribuye también a la falta de credibilidad de nuestro pueblo en sus instituciones y, como respuesta a la crisis recurrente, nos encaminamos una y otra vez por el mismo sendero. Cuando vemos que se fracasa, pensamos subjetivamente que nosotros vamos a ser más capaces qué nuestro predecesor y que siguiendo el mismo camino no vamos a errar sino a acertar.

Esta es nuestra disidencia básica con quienes piensan que en el mundo hay una sola economía, la que fijan el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial: la economía de la multinacional. No es así; tiene que haber otra economía, que sin apartarse del precepto por todos conocido de que no podemos gastar más de lo que tenemos, brinde nuevas posibilidades.

Dentro de aquella economía no existe un solo país subdesarrollado o en vías de desarrollo de América latina, Africa o Asia que haya alcanzado la concreción de la justicia social y el mantenimiento de su independencia nacional. Esto es claro e indiscutible.

Si es igualmente indiscutible que las empresas nacionales dan pérdida, también lo es que las fórmulas que nos proponen desde los centros capitalistas del mundo no nos otorgan salida. En cuanto a la otra superpotencia de nuestro globo, aunque fuera capaz de otorgar —de resultarle estratégico— posibilidades de desarrollo, nunca lo hizo en un marco de independencia y de justicia social fuera de sus fronteras.

De manera que ellos forman un mundo y nosotros formamos otro. Nuestra deuda consiste en recrear entre otros una economía que este a nuestro servicio, basada en nuestros valores y tradiciones y animada por el objetivo no de seguir procreando una corrupta y corruptora sociedad consumista, sino una que satisfaga las necesidades básicas espirituales y materiales de los argentinos, de nuestros hermanos latinoamericanos y de todos los integrantes del Tercer Mundo.

Esta es la nueva etapa histórica de las mayorías del mundo, que por primera vez en la historia de la humanidad van a crear una democracia universal donde las mayorías regiran los destinos de la tierra y no serán más víctimas de la explotación de las minorías y de los capitales sin bandera, sin patria y sin religión, de otras latitudes.

Creemos en esta verdad tal como creyeron militares como Mosconi, Savio Baldrich, el brigadier San Martín y Storni. Fue por dejar de creer, que nuestro país sufrió la tragedia sin antecedentes de la dictadura que nos asoló y devastó entre 1976 y 1983. Tenemos que volver a creer en las posibilidades de nuestros hombres y en los valores trascendentes de los héroes a quienes la historia les ha otorgado un contenido popular, como el Tambor de Tacuarí, el Sargento Cabral, los Tres Sargentos, las Mujeres de Ayohúma, el pueblo que protagonizó el éxodo jujeño y el de Buenos Aires, que rechazó las invasiones inglesas sin pedir crédito y sin postrarse ante la tecnología del ejército más equipado del mundo, pero creyendo en su capacidad.

Podrá decirse que esta exposición se parece a una clase de la escuela primaria y que no tiene nada qué ver con los altos niveles de la economía, pero son ellos los que nos están destruyendo y "chupando la sangre día a día, mientras qué aquellos hombres nos dieron el país donde crecimos, donde humos independientes y donde concretamos proyectos que nos acercaron a la justicia social, a la independencia económica y a la soberanía política de las que hoy carecemos. Esta es la realidad; allí debe concretarse nuestra búsqueda.

Consideramos que estos planes de ajuste hacen que los gobiernos entren en contradicción con los requerimientos y las exigencias del pueblo y cada vez más se aleje la posibilidad de contar con una democracia plena y de evitar la trasnacionalización de la economía.

Nosotros no queremos aprovechar del Estado argentino, tal tomo lo han hecho los grandes capitales nacionales y extranjeros. Ellos han hecho uso de una política impositiva que ha llevado a que, por ejemplo, en 1972 la recaudación del impuesto a las ganancias haya sido del 12,5% mientras que en el año 1985 representó un 3,1%. Sin embargo, en los países desarrollados esa recaudación se mantenía por sobre el 40%, y en aquellos países a cuyo milagro aspiramos, como por ejemplo Italia, en este mismo lapso se elevó del 16 al 36% y en España del 15 al 21 por ciento.

En nuestro país se han incrementado los impuestos sobre el consumo y nuestro sistema impositivo se ha transformado en uno de los más regresivos del mundo, tal como lo han admitido las autoridades de los distintos gobiernos.

Las grandes empresas no pagan impuestos: por ejemplo, en 1987 sólo un tercio de las 300 empresas líderes pagó el impuesto a las ganancias.

Creemos que es necesario e imprescindible proceder a reformar el Estado, pero dicha reforma deber ser realizada hacia adelante y no hacia atrás. No se la debe hacer cercenando las conquistas de los trabajadores, sino flexibilizando las ganancias de los monopolios extranjeros y evitando la exacción de nuestro capital que diariamente se produce a través de los mecanismos de la especulación y la usura. Desde mi punto de vista, esto no es realizar una reforma del Estado hacia adelante.

Se ha hablado de la estatización de la deuda externa, pero la hemos asumido sin analizar cuál era la deuda legítima y cuál la ilegítima. Nuestra deuda externa no puede ser comparada con la de otros países, porque fue contraída por un gobierno qué no había sido legalmente electo. Nuestra deuda externa no benefició al país; quizás represente una deuda de honor para los socios de los grandes capitales de la usura internacional — que sean socios materiales o ideológicos— pero no para los argentinos que trabajan y producen: ellos no aprobaron la contratación de esta deuda.

Para granear, como decía Alfredo Eric Calcagno, podría señalar que a este Estado primero le sacaron la leche, después se lo comieron asado y ahora están preparando el cuero para exportarlo, mientras que aquí queda el pobrerío, como "El Matadero" de Esteban Echeverría, corriendo tras las vísceras que restan.

Debemos realizar una profunda reforma del Estado, teniendo en cuenta lo que expresara Jorge del Río. El decía: "Los capitales extranjeros, como ocurrió con otros servicios públicos, sólo tuvieron interés en las grandes ciudades donde el negocio estaba asegurado de antemano por el gran consumo. Nunca hicieron obra de fomento. En la inmensa mayoría de las medianas y pequeñas poblaciones la instalación del servicio eléctrico respondió a la iniciativa de los propios vecinos y de las respectivas municipalidades".

¿Qué les decimos a los argentinos que viven en los extremos de nuestro país, en el Norte, en la quebrada, en los valles cordilleranos, en la Patagonia? ¿Les decimos que se vayan, que se trasladen a los países vecinos porqué no es rentable para las multinacionales otorgarles servicios públicos?

No creo que nosotros podamos comparar nuestro funcionamiento ni nuestras conductas con los países centrales. Tenemos que modificarlas, caminando hacia adelante pero además debemos ubicarnos en nuestro tiempo y en nuestro entorno histórico.

Nosotros creemos que puede darse a las cooperativas el privilegio de la privatización. Creemos posible que las grandes empresas prestadoras de servicios públicos pueden ser cooperativizadas. Nosotros queremos sacar de manos

del Estado las empresas públicas; no deseamos que permanezcan dentro de un Estado burocrático, ineficaz y adiposo, como bien señaló la señora diputada Biutort.

No queremos que ocurra lo que sucedió hace cuarenta años, cuando dichos servicios pertenecían a las multinacionales. Sí queremos que estén en poder del pueblo, con la participación de los trabajadores, de los usuarios y de los consumidores en su administración, y también queremos, cuando los servicios lo exijan, crear nuevas formas cooperativas entre las municipalidades, las provincias, el Estado, los usuarios, los propios consumidores y los trabajadores.

Creemos, como decía Palacios, que este tipo de empresa tiene como objetivo el cumplimiento de fines económicos en beneficio de la comunidad y se constituye financieramente por la cooperación de entidades públicas —Estado, provincias, municipios— o por éstas más otras privadas a las que el Estado llama a colaborar en el funcionamiento, como las empresas privadas, comerciales, para lo cual actúan con autonomía financiera y cuyos órganos de explotación — asambleas, dirección y comité de vigilancia— se crean por la cooperación de los tres elementos sociales que forman estos organismos económicos comerciales o productores, con la representación de los consumidores, del Estado y de los trabajadores.

Por eso queremos una reforma del Estado que acerque al pueblo a la administración y al control de gestión y de decisión. Asimismo, queremos una reforma del Estado que saque la burocracia de la cual todos somos responsables y a la cual todos han pretendido utilizar en su momento en la decisión de manejo de estas empresas.

Nosotros creemos que con el proyecto se pretende una declaración en bloque que abarca a determinadas empresas de gran envergadura. Nos parece que por la importancia de la cuestión debería tratarse el caso de cada empresa en proyectos de ley en particular.

Por otra parte pensamos que algunas empresas públicas, como las telefónicas y las de transportes —el caso concreto de Aerolíneas-no sólo prestan el servicio sino que además regulan la actividad. En ese sentido, debe tenerse en cuenta, cuando se transfiere la propiedad de dichas empresas no traspasar la regulación de la actividad porque de lo contrario el consumidor y el usuario quedarían sin ningún tipo de defensa.

Existe otro aspecto que es el problema de la desnacionalización. Aquí no se discute muchas veces si la empresa va al sector público o al privado. A veces lo que se está discutiendo es si la empresa va a ser nacional o extranjera. Por eso, traemos el ejemplo de Inglaterra que es campeona en materia de privatizaciones. Sin embargo, en Gran Bretaña se opusieron serios límites a la desnacionalización de las empresas. Se limitó la participación del capital extranjero en las empresas consideradas críticas que eran la British Gas, la British Airways y la British Telecom. El criterio fue ratificado al ser retirada la British Petroleum, al advertir que podían perder el control nacional en esta materia.

Por supuesto ése no es un gobierno socialista ni estatista. pero sí vigilante y alerta en la defensa de los intereses nacionales.

Se dice aquí, además, qué el argumento de la privatización en la economía radica en la eficacia de la prestación del Servicio. Tenemos muchos postuladores que han venido de países que no prestan servicios públicos por cierto más eficaces que los que se prestan en nuestro país. También se hace hincapié en el problema de la acumulación: el gran fantasma de la vieja economía. Se pone el acento en el problema de las inversiones extranjeras. Quienes se han referido aquí a este último tema han omitido analizar la metamorfosis que se está operando desde hace más de diez años en el flujo de los capitales en el mundo, los cuales abandonan la actividad productiva para concentrarse en los circuitos financieros. Así, el capital productivo se va de España, de Francia y de Alemania con destino a los circuitos financieros, muchas veces de los Estados Unidos. ¿Pensamos que esos capitales que se van de esos países de alta estabilidad van a venir a invertir con un sentido de bien común en nuestro país, con nuestra realidad? Más allá de lo que deseemos o no, creo que es una quimera, una imposibilidad.

Entonces, tenemos que ver muy bien a cambio de qué entregamos nuestras empresas a esos inversores, que cuando han venido lo han hecho únicamente con la "tablita" o a través del perverso mecanismo de la capitalización de la deuda, que subyace en el tratamiento de este problema planteado por los acreedores externos, fundamentalmente la banca privada norteamericana. Esto lo ha expresado con mucha claridad uno de sus personeros en una reunión de Berna en 1985; Henry Kissinger afirmó en tal ocasión: "No hay camino indoloro para que los países deudores puedan solucionar su crítica situación, pero debemos proponer algunas soluciones alternativas a los programas de ajuste que propone el Fondo Monetario Internacional. La solución siempre implicará un sacrificio; yo prefiero que las naciones deudoras paguen sus obligaciones externas con activos reales a los bancos acreedores, tales como empresas públicas nacionales. El procedimiento más fácil para hacer esto será dar a los bancos posiciones accionarias en las industrias estatales como las de petroquímica en México o hidroeléctrica en Brasil. Debemos persuadir a los dirigentes nacionales de diversos países que los criterios esenciales de soberanía ya no pasan por los recursos naturales y los servicios públicos-, sino por el capital y la tecnología.

Creo que el primer criterio de soberanía es determinar nosotros mismos qué es ser soberanos y qué no es ser soberanos. Este mecanismo del pago de la deuda por el traspaso embozado de empresas públicas es realmente el que moviliza muchas de estas campañas por la privatización, la eficiencia y las inversiones extranjeras; estas campañas que han llevado en estos días a muchos medios de comunicación a decir que el Honorable Congreso estaba trabando la sanción de estas leves fundamentales. Con claridad y precisión debemos advertir que el Poder Ejecutivo —que ha sido elegido por la voluntad popular— tiene su provecto y su premura. Otra conducta distinta es la de algunos voceros que no se han distinguido nunca por su preocupación nacional y que están apresurando la sanción de este proyecto sin dar tiempo a que el Poder Legislativo realice estudios más profundos e introduzca algunas limitaciones a la posibilidad de realizar los pingües negocios que ellos están esperando.

En honor a la verdad, creo que este provecto ha estado muy pocos días en el Honorable Congreso y especialmente en esta Honorable Cámara, teniendo en cuenta su envergadura, ya que no se trata de cambiarle el nombre a una calle. A pesar de eso, el régimen legal propiciado — de indiscutible contenido trascendente— ha merecido extensos y exhaustivos estudios por parte de las diversas bancadas y por parte nuestra, y al cual nos oponemos, con diversos criterios pero con idéntica responsabilidad.

Creemos conveniente que se permita la contratación directa a las cooperativas de servicios públicos, que en el país son innumerables y sus servicios excelentes.

En materia de tasaciones, teniendo en cuenta los antecedentes existentes en el caso de Aerolíneas Argentinas, debería previamente contarse con el dictamen favorable del Tribunal de Cuentas de la Nación.

Existe también en este proyecto de ley un importante artículo relacionado con la radiodifusión. Se posibilita en él la concentración de capacidad informativa, dentro de un mismo territorio, en muy pocas manos. Este proyecto niega así el derecho a la libertad de información. Creemos que en un mismo distrito territorial no debe concentrarse en las mismas manos toda la información de los medios escritos, orales y televisivos, porque eso atenta contra la libertad de información y pluralismo cultural al que tiene derecho nuestro pueblo.

En nuestra propuesta alternativa no rechazamos toda participación de los titulares de medios escritos en los otros medios, sino que reducimos sensiblemente su injerencia a un porcentaje minoritario de capital que no puede exceder del 33%. No obstante, el Honorable Senado de la Nación ha incorporado a este artículo al que me estoy refiriendo un agregado que nosotros consideramos extremadamente negativo, por el que se prevé la participación del capital extranjero en la posesión de medios de comunicación de nuestro país.

Si seguimos este camino terminaremos nuevamente con agencias noticiosas extranjeras funcionando en nuestro medio, que con una óptica foránea informarán a un argentino sobre lo que ha hecho otro argentino.

Conviene aquí destacar el pensamiento de Raúl Scalabrini Ortiz: "...para que una colectividad constituya una Nación no basta que esté recubierta bajo el mismo manto político. Es preciso que los medios de comunicación y los medios de cambio formen un sistema genuinamente nacional, si los medios de comunicación y los medios de cambio están influenciados por voluntades ajenas a la voluntad nacional, es decir, si están bajo el contralor o el dominio extranjero, esa colectividad será un remedo de nación".

Es necesario que en el proyecto se deje perfectamente en claro que para adquirir empresas del Estado no se podrá recurrir al mecanismo de capitalización de la deuda externa. Se trata de un mecanismo negativo para los intereses nacionales, por lo que resulta conveniente su prohibición explícita porque todos sabemos que lo que no está prohibido está permitido. Es decir, otros artículos del provecto facultan al Poder Ejecutivo para que utilice los medios que estime conveniente en pos de su objetivo. Por lo tanto, si no prohibimos expresamente este mecanismo para la privatización de las empresas de servicios públicos el Poder Ejecutivo podrá echar mano de él.

También queremos alertar sobre el manejo de estos temas que van generando una concientización. Hay algunos picaros de la degradación que muestran por televisión un teléfono o un avión y preguntan: ¿dónde está la soberanía? ¿Usted la ve? Eso es ideologismo. Por supuesto, son ideas, todos tenemos ideas y valores. Lo que sucede en la lucha contra el ideologismo se tilda como tal a las ideas que molestan y un día -como dijo el diputado socialista Julio V. Gonzalez durante el tratamiento de las conseciones petroleras— si dejamos que estos picaros sigan pregonando su credo van a agarrar a nuestra sacrosanta enseña nacional, la van a mirar de un lado y de otro y van a preguntarse: ¿dónde dice soberanía?, y terminarán usándola como mantel para la merienda de los capitales extranjeros.

Nosotros creemos imprescindible una reforma drástica del Estado, una política de shock que convoque con urgencia a la participad todos los sectores de la vida nacional a través de una forma institucional que hemos presentado a la Cámara a mediados del año pasado que puede mejorarse, reemplazarse, pero que indica necesario crear el ámbito institucional de la concertación, que es el Consejo Económico, Social y Político.

Queremos la reglamentación de la participación de los trabajadores en la administración de las empresas líderes, que son las formadoras de precios, y mientras ello se produzca, la designación urgente de veedores fiscales en estas empresas a los efectos no de quitarles su propiedad ni privarlas de su derecho, sino de vigilar la correlación existente entre los precios y los reales costos. Así lo hemos expresado en este recinto en un proyecto presentado el 28 de abril del corriente año.

Queremos sacar de la actividad estatal la mayor parte de la actividad empresarial para trasladar a manos privadas las que carecen de un interés social superior o de defensa nacional y para transformar, descentralizándolas, sin desarticularlas, al resto en cooperativas de servicios públicos con decisiva participación de los usuarios y de los trabajadores.

Queremos los socialistas sacar las empresas públicas de manos de un Estado que no hemos contribuido a formar y pasarlas a manos de la comunidad, pero no queremos entregarlas a los monopolios extranjeros porque eso es volver cuarenta años atrás.

También deseamos la reforma del Estado que argentinice la banca, el comercio exterior, el mercado de cambios y las operaciones de reaseguros. Pero argentinizar no significa estatizar, sino posibilitar eficientemente el contralor de esas actividades por parte de los sectores interesados de la comunidad para que ellas se realicen en beneficio de la Nación y no en contra de ella y de su pueblo, como ocurre en la actualidad.

Por estas valoraciones vamos a rechazar el proyecto de ley en consideración no sólo porque su propuesta de reforma de las empresas públicas y de todo ese importante sector contraría nuestras convicciones, sino porque estamos absolutamente seguros de que estas medidas van a resultar contraproducentes y no se cumplirán, a pesar del esfuerzo que hemos empeñado para estabilizar las instituciones constitucionales de nuestro país los objetivos que persiguen los integrantes del Poder Ejecutivo que han redactado este proyecto. (Aplausos.)