Introducción

Hoy en los años 90 más gente que nunca en América Latina y el Caribe está atrapada en la pobreza. La calidad de vida, la atención médi­ca y la educación empeoran constantemente, los índices de criminalidad crecen y la vida se ha vuelto mucho más dura y las mujeres y los niños pequeños son los que más sufren. En tanto los gobiernos se abocan a restaurar la es­tabilidad y el crecimiento, la pobreza se hace mucho más extendida.

Unos 180 millones de personas, o sea 2 de cada 5 habitantes de América Latina y el Caribe viven en la pobreza: un incremento notorio desde el estimado de 130 millones en 1980.

En nuestro país el crecimiento de la pobreza y la fragmentación social son expresiones elo­cuentes de los costos sociales y nacionales de las políticas de ajuste aplicadas. La antinomia entre “Estado” y “Mercado” ha cedido lugar a la comprensión de que tanto el modelo desarrollista, centrado en el rol activo del estado, como el “modelo neoliberal” que se apoya en la diná­mica del mercado, deben ser analizados en rela­ción al contexto social y no en función de dis­cursos ideológicos.

Sucede que el discurso del mercado como el gran asignador de recursos, está construido a partir de un supuesto de concurrencia y compe­tencia que no sólo se cumple para nada en el ca­pitalismo actual, dominado por grandes concen­traciones de capital, en el que enormes transna­cionales no “toman sus datos” del mercado sino que “hacen el mercado”. En esta fase el desarro­llo capitalista, el mercado se constituye en el gran mecanismo para sostener y aumentar esa concentración y genera constante e inevitable­mente desigualdad y pobreza, como lo constata­mos hoy en la Argentina.

El costo social del ajuste ha recaído de ma­nera desproporcionada sobre los trabajadores y los estratos de ingresos medios. El nivel de de­sempleo alcanzado hoy en nuestro país, no tie­ne antecedentes en la historia, ocupando la mujer el primer lugar.

El resultado es una sociedad escindida con un “mundo de ricos” y un “mundo de los po­bres” con profundas desigualdades en sus nive­les y formas de vida.

Cuando el ajuste se agote nos vamos a en­contrar con una estructura productiva que en lugar de haber modificado sus caracteres estruc­turales, ha consolidado sus deformaciones y la pobreza y marginalidad serán más agudas.

En estas condiciones resulta difícil compartir aquel sentimiento de “comunidad” que susten­ta el reconocimiento de procedimientos demo­cráticos.

Esta realidad se ve agravada por la profundización de la corrupción en todos los niveles, lo que carcome los cimientos mismos de la socie­dad y aumenta el descreimiento en las institu­ciones de la democracia.

Se trata, entonces, de un debate más pro­fundo de lo que se piensa. Tenemos que cues­tionarnos y asumir la responsabilidad de trans­formar la realidad en base a nuevos valores. So­lamente un crecimiento sostenido, mayormente equilibrado, puede promover, salvar y consoli­dar la vida en democracia.

Es necesario, por otra parte, profundizar la democracia que hoy tenemos creando mecanis­mos institucionales que posibiliten la descentra­lización y la participación ciudadana.

Sólo la participación y los estrictos controles que ejercerá la gente sobre quienes gobiernan harán posible que los recursos públicos se diri­jan a áreas prioritarias como lo son la educa­ción, la salud, el cuidado del medio ambiente, la generación de empleo, la vivienda y los progra­mas sociales.

Propuestas

La crisis y las políticas de ajuste han afectado particularmente a las mujeres en todos los as­pectos relacionados con el empleo, la atención de la salud, la educación, la cobertura social y en general en la calidad de vida de las mujeres. En los últimos años se han producido en nuestro país avances muy importantes tanto en aspectos normativos como también en el grado de concientización en nuestra sociedad, acerca de la necesidad y del derecho que le asisten a las mu­jeres de participar en los distintos niveles de de­cisión. No obstante estos aspectos positivos, se requiere abordar una fuerte política de Igual­dad de Oportunidades en cumplimiento del in­ciso 23, del artículo 75, del capítulo cuarto de la Constitución Nacional.

Las mujeres de la Unidad Socialista presen­tan un conjunto de propuestas que a continua­ción se detallan.

Participación política

La concreción de los derechos de la mujer sólo será posible a través de su participación en la toma de decisiones. Para ello es necesario adoptar medidas que promuevan la partici­pación, el pleno desarrollo y el efectivo ejercicio de sus derechos.

Para que las mujeres accedan a la igualdad de oportunidades hace falta profundizar y complementar el desarrollo normativo del principio de igualdad, modificar desde el inicio de la familia, las actitudes, comportamientos, formas de vida y estructuras sociales que impiden a las mujeres el libre desarrollo de su personalidad y su participación activa en el trabajo, la cultura y la política.

Las mujeres socialistas consideramos que la democratización en la política comienza con la democratización del grupo familiar. Propone­mos:

• Cumplimiento de la ley de cupo.

• Impulsar la ley de cupo en el orden provincial, y municipal en las jurisdicciones donde no exista.

•  Exigir la modificación de la ley de cupo de modo tal que se dé cumplimiento a la finalidad de la misma ubicando a la mujer como máximo en el tercer lugar de la lista de candidatos/as.

•  Promover la implementación de la ley de cupo en todos los niveles de conducción par­tidaria, modificando la actual ley de partidos políticos.

•  Impulsar el establecimiento del cupo en todo tipo de organización social gremial y política.

•  Facilitar la capacitación y el ejercicio políti­co de la mujer.

•  Impulsar la creación de órganos específicos de la mujer en el orden nacional, provincial y municipal.

•  Estimular el desarrollo de espacio de par­ticipación de la mujer en el orden no guberna­mental.

Exigimos los puntos precedentes sobre la base real de que las mujeres constituimos más del 50% del padrón electoral.

Trabajo

• Realización de campañas de difusión de los derechos de la mujer en el trabajo y seguridad social.

• Incremento de los lugares de información y orientación para el empleo de la mujer.

• Campañas para fomentar la igualdad en el trabajo, debiendo crearse un Tribunal que con­trole el respeto de tal principio, con facultades para aplicar sanciones y disponer la anulación de la medida discriminatoria que se hubiese aplicado en perjuicio de la mujer trabajadora, ya sea en el acceso o en cualquier etapa de la re­lación laboral.

•  Adopción de programas de fomento del empleo femenino, en particular dirigido a mu­jeres jóvenes y a quienes tienen más de 45 años. Los programas de fomento del empleo femeni­no deben estar básicamente sustentados en medidas de carácter tributario (desgravaciones impositivas) y no en el aumento de la flexibilización laboral que incentiva la contratación de mano de obra en condiciones precarias y sin ninguna estabilidad. Promover la contratación indefinida y la derogación de las normas conte­nidas en la actual Ley de Empleo en lo que res­pecta a las modalidades de contratación sin pro­tección contra el despido arbitrario.

•  La reestructuración del sector público, que implique la disponibilidad del personal, no pue­de realizarse sin planes de reinserción ocupacional, ni cursos de capacitación que posibiliten una reconversión laboral. Es imprescindible rea­lizar cursos de capacitación destinados a la mu­jer, tendientes a posibilitar mejores condiciones para acceder al mercado laboral y para ascender en la carrera profesional.

•  Control de las condiciones y medio am­biente de trabajo, en particular, control del im­pacto de las medidas de flexibilización laboral sobre la salud de la mujer trabajadora, e inclu­so, de su grupo familiar.

•  La maternidad no es una responsabilidad individual solamente; es también social, y el Es­tado, así como la sociedad, deben coadyuvar a garantizar las prestaciones que no sólo la mujer madre, sino la familia toda, necesita para afron­tar la satisfacción de sus necesidades materiales y espirituales, en especial cuando ambos padres trabajan y sobre todo, cuando trabaja la madre y es a su vez sostén único de hogar. Para ello, es indelegable la responsabilidad de los poderes públicos para garantizar el funcionamiento y accesibilidad de guarderías para ambos padres.

•  Revisión de la legislación laboral que acuerde las licencias que dignifiquen a la fami­lia, extendiendo no sólo el plazo de las mismas (en especial la licencia por maternidad) sino contemplando su extensión al hombre para evi­tar que todos los beneficios concedidos a la mu­jer exclusivamente, repercutan sobre ella en forma negativa, lo que redunda en una mayor discriminación. Asimismo, esta igualdad se orienta a revalorizar el significado y el lugar del padre trabajador en su familia.

•  Contemplar las sanciones que correspon­dan al acoso sexual en el lugar de trabajo en el ámbito privado, tanto como en el público.

•  Rejerarquización del papel de las asigna­ciones familiares, hoy relegadas a un rol inexis­tente. Mecanismos para su percepción en forma igualitaria para los beneficiarios varones y mu­jeres, derogando toda exigencia discriminatoria para interponer la solicitud de los mismos. Per­cepción de la asignación por esposo en las mis­mas condiciones que se exige para la percepción de la asignación por esposa.

•  Valorización del trabajo en el hogar reco­nociendo su aporte y contribución al producto del país.

•  Reestructuración del fuero laboral, posi­bilitando celeridad en la resolución de los conflictos laborales, que hoy alcanzan a cua­tro o más años.

•  Promoción del empleo a nivel municipal, adoptándose políticas públicas a escala local que fomenten el empleo femenino, en el lugar y actividades más cercanas a las mujeres.

• Fomento de las cooperativas de trabajo.

• Promoción de un nuevo rol para la mujer en el hogar, alentando la corresponsabilidad en las tareas hogareñas y en la crianza de los hijos, que posibilite a la mujer ejercer su derecho al trabajo.

Familia

Los socialistas somos conscientes de las dis­tintas formas y funciones de la familia que va­rían desde las familias extendidas a familias monoparentales. Consideramos que la unidad fa­miliar significa la convivencia de adultos en­tre sí o la convivencia de adultos con niños. La sociedad tiene la responsabilidad de apoyar, ayudar y proteger a todos los miembros de la familia. Proponemos:

•  Programas de asistencia especial para la mujer y el menor maltratados con la creación de centros que presten asesoramiento, asistencia y refugio transitorio a los integrantes del grupo familiar involucrado.

•  Programas de asistencia especial, legal y psicológica a la madre soltera, abandonada con familia numerosa, hijos discapacitados y / o adictos.

•  Crear Tribunales de Familia con tratamien­to interdisciplinario y con personal especializa­do en los temas referidos a familia, donde no los hubiere.

•  Jardines maternales en los barrios, coordi­nando su acción entre el gobierno nacional, provincial y municipal, la universidad, escuelas, obras sociales, sectores privados, partidos políti­cos y canalizando la participación de los habi­tantes a través de sus organizaciones interme­dias. Priorizar los barrios más carenciados.

• Fomentar, mediante un estudio profundo, la adecuación entre los horarios laborales y los horarios de los colegios y guarderías con el fin de conseguir una mayor racionalización de los mismos.

•  Promover Programas con alternativas para la atención de los familiares que precisados de asistencia, convivan en familias monoparentales, o en la que ambos cónyuges trabajen: ex­tensión de la ayuda a domicilio, servicios municipalizados de enfermeras o matronas, centros de día, etc.

•  Programas destinados a los niños que ca­rezcan de familia, contemplando su incorpora­ción inmediata al ámbito familiar en caso de ser posible; de lo contrario, en hogares en tránsito, familias sustitutas, etc. desechando la interna­ción masiva y despersonalizada.

•  Dictar la reglamentación de la Ley de Pro­tección contra la violencia familiar (Ley 24.417) y la rápida adecuación en las jurisdicciones pro­vinciales.

•  Promover medidas que tiendan y aseguren la responsabilidad común de hombres y mujeres en la educación de los hijos, primando el interés de los niños.

•  Implementar mediante medidas concretas el enunciado del artículo 75 pto. 23 de la nueva Constitución que dice: “Arbitrar los medios ten­dientes a dictar un régimen de Seguridad Social especial e integral en protección del niño en si­tuación de desamparo, desde el embarazo has­ta la finalización de la enseñanza elemental y de la madre desde el embarazo y el tiempo de lactancia”.

•   Promover las reformas necesarias para suprimir toda forma de discriminación legal y colocar a la mujer en un pie de igualdad con el hombre en el plano jurídico.

Educación

El sistema educativo en nuestro país está en crisis. Un modelo agotado, que no tiene futuro, carece de objetivos educacionales para capaci­tar a las nuevas generaciones.

El proceso de la democratización de la edu­cación, para los socialistas, tiene su base concep­tual en la carencia de la igualdad esencial de to­dos los seres humanos.

En nuestro país la existencia de altos índices de analfabetismo atenta con esta concepción; y la mujer, a pesar de haber avanzado mucho en este terreno, continúa siendo más perjudicada que el varón.

La desigualdad de oportunidades en la edu­cación de la mujer se ve expresada en la educa­ción formal, por los planos, contenidos y méto­dos actualmente existentes, realmente discrimi­natorios.

Lograr la participación de la mujer en igua­les condiciones del hombre en la vida familiar, en el trabajo productivo y en la planificación y dirección de la sociedad, exige que se den las mismas posibilidades educacionales a niñas y ni­ños y las mismas oportunidades para sus futuras actividades en la sociedad.

A los fines de contribuir desde el plano edu­cativo al objetivo de lograr la igualdad de opor­tunidades proponemos:

• El contenido de la enseñanza, los planes de estudio, los libros de texto y la capacitación a los educadores deberán contribuir a:

a)  Suprimir modos de pensamiento y de con­ductas considerados como específicos de uno u otro sexo.

b)  Generar relaciones entre los géneros ba­sadas en la equidad, solidaridad y el respeto mutuo.

c)   Estimular la participación activa de ambos sexos en la vida ciudadana; preparar a las muje­res para participar en los niveles de decisión y a los varones para compartir las responsabilida­des del ámbito familiar.

d)  Incorporar las contribuciones que las mu­jeres han realizado al desarrollo económico y cultural de la sociedad.

e)  Formar una visión más realista de mujeres y hombres que refleje toda la diversidad de las características humanas, estéticas, étnicas, dife­rentes roles, opciones de vida y modelos fami­liares que respondan a los cambios sociales de los últimos años.

•  Dar especial atención a la capacitación de los educadores dictando cursos para docentes y de todos los niveles sobre educación no sexista y no discriminatoria que otorguen puntaje es­pecial.

•  Democratizar la educación formal a través de una metodología que promueva las relacio­nes horizontales entre autoridades, educandos, educadores y la democratización de la familia.

•  Revalorizar el protagonismo de la mujer en nuestra historia, rescatando su participación y sa­cándola del anonimato en el que se encuentra.

•  Incorporar a la educación formal los con­ceptos de salud para que tanto las alumnas co­mo los alumnos se desenvuelvan con autonomía en el ámbito doméstico y en el cuidado de la sa­lud propia y de las otras personas. Poner espe­cial énfasis en:

a)   Nutrición.

b)   Salud reproductiva.

c)   Educación sexual.

d)  Prevención de abuso sexual, Sida y otras enfermedades de transmisión sexual.

e)  Ejercicio físico y deportes. Impulsar la prác­tica deportiva femenina con el fin de equilibrar la participación de la mujer en este ámbito.

• Promover la enseñanza de la mujer adulta en los niveles primario, secundario, terciario y universitario, fundamentalmente en las carreras no tradicionales que hagan a las necesidades presentes y futuras de la Nación.

• Promover el acceso de la mujer a las escue­las técnicas, en las que se deben incorporar con­ceptos modernos de educación, incluyendo granjas, talleres, laboratorios, en donde la ela­boración y ejecución sean el principal método de enseñanza y teniendo en cuenta las posibili­dades y necesidades de la región.

• Estructurar en todos los niveles educativos la posibilidad de que las mujeres que trabajan puedan estudiar, incrementando para ello el número de centros de atención infantil y cen­tros educativos complementarios para sus hijos.

• Considerar a la coeducación en todos los niveles educativos como de fundamental impor­tancia en el proceso de cambio, debiendo ser obligatorio.

•  Posibilitar a través de la educación infor­mal, un cambio de actividades y comportamien­tos entre los sexos.

•  Incorporar a los planes de estudio y pro­mover la difusión a través de las organizaciones intermedias, ONGs, etc. de la “Convención So­bre la Eliminación de todas las Formas de Dis­criminación contra la Mujer”; de la “Conven­ción Internacional sobre los Derechos del Niño y de la Declaración Universal de los Derechos Hu­manos”.

• Promover que los medios de comunicación sean aliados de la educación para que el mode­lo femenino presentado muestre a la mujer real en todas su facetas, como trabajadora, política, integrante de organizaciones sociales, con inte­reses que pueden ir más allá del hogar y la fa­milia. Deberán realizarse campañas para pro­mover la no discriminación. Canalizar la partici­pación de la mujer en las instancias de gestión, elaboración, producción y circulación de los mensajes sociales.

• Promover a través de subvenciones, pre­mios, certámenes, etc.

a)   Campañas de difusión en los medios de comunicación sobre:

-   Derechos de la mujer.

-   Prevención de: abuso sexual, violencia familiar, embarazo precoz, bulimia y anorexia, Sida y enfermedades de transmisión sexual.

b)  Campañas publicitarias y programas que traten de modificar las actividades discriminato­rias contra la mujer.

Salud

Tanto la salud de las mujeres como la de los hombres tienen características compartidas; se­gún las estadísticas, las primeras causas de morbimortalidad son enfermedades relacionadas con la forma de vida y que conviven con un Sis­tema de salud deficitario.

Sin embargo la salud de la mujer en deter­minadas edades como es en su etapa relaciona­da con la reproducción merece una atención es­pecial porque presenta una morbimortalidad específica relacionada con la salud de los recién nacidos.

Nuestro país tiene una trágica combinación de tener tasas de morbimortalidad de enferme­dades cardiovasculares y tumorales tan alta co­mo los países más desarrollados y tasas de mor­talidad infantil y/o maternas de los países me­nos desarrollados.

Es inminente la implementación de un Siste­ma de Salud integral jerarquizando la Atención Primaria de la Salud.

A tal efecto, se propone:

• Crear el Programa de Salud Reproductiva destinado a la protección y al mejoramiento de la calidad de vida de la mujer en edad fértil, tendiente a hacer efectivo el derecho a una ma­ternidad segura recurriendo a la asistencia inte­gral durante el embarazo, atención obstétrica y puerperal de la madre y el niño. Las acciones de este programa estarán orientadas a garantizar el derecho a una maternidad y paternidad de­seadas y la disminución del riesgo materno in­fantil. Dicho Programa contemplará los siguien­tes puntos:

-   Detección precoz del embarazo

-   Aumentar la calidad de los Servicios de Obstetricia y Ginecología.

-   Desarrollo de Subprogramas de Procrea­ción Responsable.

-   Garantizar la Protección integral del em­barazo para poder gozar al mismo y al parto en las mejores condiciones posibles orgánica, psi­cológica y socialmente.

-   Promover subprogramas específicos en atención y cuidados de las embarazadas adoles­centes.

-   Impulsar medidas que tiendan a la dismi­nución de enfermedades de transmisión sexual y HIV.

• Promover la despenalización del aborto.

• Promover a través de la atención prima­ria de la salud la detección precoz del cáncer femenino.

• Implementar, elaborar, y desarrollar campañas sanitarias para la mujer en edad de la menopausia.

• Programas de prevención y asistencia en salud mental jerarquizando a la mujer maltrata­da, violada, con adicciones (tabaco, alcohol, anorexia, bulimia, drogas), suicida.

• Impulsar medidas para realizarse estudios epidemiológicos de los efectos que el ambiente de trabajo tiene en la salud de las mujeres.