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Partido Socialista Popular

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7º Congreso Nacional del PSP - Situación nacional e internacional

 

Introducción

El triunfo electoral del 26 de octubre consagró la apertura de una nueva etapa en la vida del país. La unidad de la oposición fue el gran mensaje ante la magnitud de los problemas existentes: la desocupación, la falta de justicia independiente, la corrupción. El sentido del voto fue un reclamo claro y rotundo de la necesidad de un cambio. En otras palabras, se han creado las condiciones políticas para que a partir del triunfo electoral del 99 podamos avanzar hacia la construcción de una democracia política, económica y social, que garantice una justa redistribución de la riqueza que haga realidad la ciudadanía social para todos los argentinos.

La profunda restructuración económica concretada bajo una concepción neoliberal, provoco la apertura plena e indiscriminada, y la retirada del estado de sus responsabilidades económicas y sociales. De este modo la Argentina ha sido súbitamente introducida en el mundo globalizado sin "filtrar" sus efectos negativos. La con­centración de la riqueza, el desempleo y la precarización del trabajo, el cierre de las pequeñas y medianas empresas, el deterioro de la salud y la educación públicas, el incremento de los índices de violencia, son los rasgos negativos más evidentes de este modelo que lo van haciendo cada vez más incompatible con la vigencia real de un Estado de Derecho

En la actualidad estamos viviendo una existencia limitada a los objetivos de un proyecto económico. Todo proyecto basado en los valores de la solidaridad, de la cooperación, de la justicia social, en definitiva de una mayor igualdad entre las personas, es contradictorio con los valores promovidos por el modelo neoliberal. En la histo­ria de la humanidad es difícil encontrar una limitación tan grande de los valores sobre los que se base la convivencia humana. Hoy están reducidos al funcionamiento de la economía, generando un individualismo absolutamente insolidario.

El PSP es co-fundador del FREPASO y parte constitutiva de la Alianza. La meta principal del PSP es aportar con todas sus fuerzas al triunfo electoral de la Alianza en las elecciones nacionales de 1999 y luego, a través de un gobierno de coalición, contribuir a la realización de los grandes objetivos con que la Alianza ha convocado a nuestro pueblo por medio de la Carta a los Argentinos. Esta Carta-manifiesto resume los grandes objetivos de la Alianza: fortalecer la democracia política, garantizar la ciudadanía social, iniciar el camino para lograr el desarrollo sustentable con equidad social, democratizar el mundo del trabajo, educar a todos los argentinos para que estén capacitados en un mundo en plena revolución tecnológica, restablecer la protec­ción y el bienestar social y eliminar el desempleo y la pobreza. Aspiramos a ser una Nación con Estado, y nuestra prioridad estratégica es fortalecer el Mercosur, a la vez que trabajamos para cambiar las características de la globalización, dotando a la co­munidad internacional de instrumentos democráticos, que permitan limitar sus efectos negativos y orientar el crecimiento de la economía mundial. Para los Socialistas sigue siendo, aquí y en el mundo, prioridad la vigencia y el perfeccionamiento de la demo­cracia política, y a partir de ella avanzar hacia la democracia social.

Situación Internacional

• La globalización

La economía mundial está atravesando por un período de alta integración que sólo tiene antecedentes en los años que van desde 1880 hasta el inicio de la primera guerra mundial. En aquella época, el intercambio comercial entre los países alcanzó cifras récord. Las inversiones directas en países extranjeros se multiplicaron. Los flujos de inmigración fueron masivos, en su mayoría originados en Europa hacia otras regiones del mundo, pero también del subcontinente Indio hacia otras colonias británicas en África y Asia.

Actualmente, fruto del avance tecnológico principalmente en materia de telecomunicaciones y transportes, a lo que hay que agregarle el cambio radical que pro­dujo el fin de la guerra fría en las relaciones internacionales, se han incorporado al mercado mundial millones de personas, no sólo de aquellos países que estaban bajo la órbita soviética sino también, fruto del cambio en sus políticas económicas, los millones de personas que habitan en China e India, los dos países más poblados del planeta.

Este desarrollo de la economía mundial es la principal característica de lo que se ha dado en llamar globalización. Este no es un fenómeno nuevo. E! mundo desde el siglo XV siempre ha estado interconectado a escala planetaria por la economía y el comercio, por la política y las ideas. Es la combinación del desarrollo de la técnica, la ausencia de grandes conflictos mundiales armados y los desmantelamientos de regulaciones y barreras proteccionistas lo que potencia el intercambio mundial y el cambio en ciertos modos de producción.

Sin dudas fue a partir de los ochenta, con las políticas neoliberales impulsadas por los gobiernos conservadores de Reagan y Thatcher, que la desregulación de las economías de los países desarrollados se aceleró. Todos los controles a la libre circulación del capital fueron cediendo uno tras otro a esta ola mundial. Las restriccio­nes al comercio también se fueron reduciendo fruto de los avances producidos en las sucesivas rondas del GATT.

La globalización aceleró la difusión planetaria del llamado "pensamiento único", la doctrina neoliberal, que adquirió en los países de la periferia rasgos y exagera­ciones ausentes en la versión de los países centrales. Ha sido la acción de los propios estados nacionales, que embarcados en una suerte de exageración ideológica (muy conveniente a algunos intereses) disminuyeron con entusiasmo militante sus meca­nismos de regulación.

En varios países de la región se adoptó la versión más extrema de esta forma de organización económica, restringiendo enormemente el papel de las políticas públicas y de las regulaciones estatales. Ni en la experiencia japonesa ni en la de otros países asiáticos donde se ha desarrollado la economía de mercado, ni en la europea, se deja tan poco margen para los mecanismos regulatorios o activos del Estado. Inclu­so en los Estados Unidos se reservan ámbitos para la acción estatal desconocidos en algunas versiones latinoamericanas de la economía de mercado.

Súmese a esto la idea por la cual, para algunos, la globalización torna caduca la existencia misma de los estados nacionales. En esta lógica el poder público se sometería a la lógica financiera y especulativa, el destino de las sociedades escaparía a la decisión de sus habitantes y, en definitiva, nos dirigiríamos hacia un mundo sin voluntad deliberada, por lo menos voluntad mayoritaria, en el que se iría perdiendo la capacidad de modelar su futuro

En el mercado financiero es donde la globalización es total. Miles de millones de dólares se mueven diariamente por el mundo a través de las bolsas de comercio de los distintos países. Es un capital que en gran medida ha perdido su vinculación con la producción y la inversión productiva. Es un capital que se mueve en busca de los mejores rendimientos especulativos y de corto plazo que se ofrezcan en cualquier lugar del planeta. Son mercados muy volátiles, que se mueven por señales de los operadores, y que pueden producir reacciones en cadena que pueden terminar arrastrando a toda la economía internacional en un proceso de crisis sin precedentes.

Las operaciones en el mercado de capitales llegan a 1.300 miles de millones de dólares por día, lo que equivale a cuatro veces el PBI argentino transado cotidianamente. Aproximadamente entre el 15 y el 20 por ciento de ese monto co­rresponde a operaciones de exportación, de importación y otras demandas reales, el resto lo efectúan los bancos en nombre propio o de clientes con objetivos básica­mente especulativos. Esta evolución tiene efectos profundos, porque reduce la in­versión en activos fijos de las empresas, y genera un mercado financiero que tiende a ser dominante en la economía. El mayor mercado mundial está prácticamente a! margen de cualquier regulación pública y su funcionamiento no depende de ninguna voluntad política.

La globalización, en tanto proceso de desregulación planetario, creó las con­diciones para que la racionalidad financiera se impusiera mundialmente. La razón pública es remplazada, crecientemente, por la lógica del capital financiero, sólo que por la lógica de un capital financiero liberado de todo control, de toda voluntad política. Fue de esta forma que la racionalidad financiera pudo engendrar el estremecimiento de toda una región con la crisis mexicana de 1994. El llamado efecto Tequila, que no fue más que la estampida de los capitales del mercado mexicano, las crisis asiáticas, la inestabilidad del rublo, no son hechos aislados. Son signos de la tremenda fragilidad del sistema financiero mundial, cuya consecuencia pagan con pérdidas de empleo y deterioro de su nivel de vida millones de personas en todos los países del mundo.

Junto a la política monetaria, el control de los tipos de interés y el de los tipos de cambio, en la economía transnacional se esta perdiendo poco a poco otro ámbito central de la soberanía nacional: La soberanía fiscal. La competición por ofrecer los impuestos más bajos va acompañada de la pugna por las subvenciones más generosas. El nivel de subvención depende del grado de desempleo y de la confusión de los gobiernos. Al saquear sus arcas para conseguir la cuota nacional del pastel de la economía mundial imponen a sus estados una lógica económica -empresarial que conduce a la ruina política - económica.

En Estados Unidos y Gran Bretaña, cuyos gobiernos pusieron tempranamente en marcha por propia iniciativa el desmantelamiento del Estado, se puede observar adonde conducen el adelgazamiento de las finanzas públicas a favor de la economía libre. Los presupuestos públicos sucumben a la misma tenden­cia a la baja que los ingresos de la población. Pero a la vez en las sociedades indus­triales altamente organizadas las exigencias planteadas al Estado crecen más que se reducen.

La forzada reducción del presupuesto degrada a los gobiernos a la condición de meros administradores de la escasez, que apelando a los poderes superio­res del progreso económico no pueden asumir la responsabilidad de la miseria. Esto socava los cimientos del estado democrático. Los crónicos problemas financieros son por así decirlo solo un síntoma entre muchos de la decadencia de la política.

Junto a la soberanía monetaria y fiscal, se tambalean ya otro pilar del Estado Nacional: El monopolio público de la autoridad. Porque las multinacionales del crimen también se benefician de la eliminación de las barreras legales para la eco­nomía. El volumen de negocios del mercado mundial de la heroína se ha multiplica­do por veinte en dos décadas y el comercio de cocaína se multiplico por cincuenta. Solo con el tráfico de inmigrantes, la forma moderna del comercio de esclavos, las mafias chinas obtienen en EEUU beneficios de 2500 millones de dólares al año.

No es casualidad que los más importantes paraísos fiscales se hayan desarrollado a lo largo de las principales rutas del comercio de drogas. Panamá y las Bahamas son conocidas como centro de lavado financiero del tráfico de cocaína. El mismo papel tiene Hong Kong en los beneficios de la heroína del sudeste asiático, mientras Gibraltar y Chipre protegen el capital de los narcotraficantes de Oriente Medio y Turquía.

Cuando la presión anárquica que emana de los mercados internacionales integrados ya no sea limitable políticamente, una de las soluciones podrá ser combatir las consecuencias con represión. ¿Quiénes son los que prosperan en un esta­do de anarquía?. Los señores de la guerra, los impostores, los especuladores, los corruptos. No ciertamente los ciudadanos, que ven amenazados sus derechos. La Libertad y la Democracia florecen en un clima de confianza: confianza en uno mismo y en las oportunidades que brinda la sociedad, en la capacidad de garantizar ciertas reglas fundamentales de convivencia: el Estado de Derecho. Si la Libertad y la De­mocracia se vuelven anémicas, se comienza a dudar de la valides y legitimidad de las instituciones, se va en búsqueda de una vía de salida, de una mano fuerte, de una autoridad. El Estado Autoritario aparecerá como la respuesta a la impotencia de la política frente a la economía.

Desarrollo económico con libertad política, pero sin cohesión social, con altos grados de exclusión ó un desarrollo económico con cohesión social privado de libertades políticas como parece indicar el modelo de desarrollo imperante en algunos países del Asia. ¿Esta es la alternativa a la que nos enfrenta la globalización?

Ciertamente, este período de adaptación a la nueva competencia global, con sus costos económicos a cargo de las mayorías, con la desintegración social y el sufrimiento colectivo que de ella deriva, con la desconfianza que existe frente al sistema político, los partidos tradicionales y a sus representantes, mete a prueba la capacidad de la Democracia de promover el cambio sin violencia y sin la violación del Estado de Derecho.

A todos los niveles se pone de manifiesto los errores sistemáticos de la integración global: mientras el flujo de mercancías y capitales esta disponible en todo el mundo, la regulación y el control han seguido siendo tareas nacionales. La economía devora a la política. Pero esta creciente impotencia del Estado no conduce automáticamente al fin de los Estado Nacionales. Porque el Estado y su gobierno siguen siendo la única instancia ante la que los ciudadanos y electores pueden re­clamar justicia, responsabilidad y cambios.

Para enfrentar esta situación es imperioso recobrar el rol de la política que es en última instancia lo que podrá regular y controlar el desarrollo de la globalización. Debemos apostar a incrementar la cooperación internacional, el desarrollo de bloques regionales y recuperar la soberanía interior del Estado. Es decir, su capacidad efectiva para llevar adelante las políticas que votan las mayorías. Un Estado no es soberano cuando un poder privado posee mayor fuerza que él en la definición de los objetivos de una sociedad o cuando —en el caso que nos ocupa— la lógica financie­ra omnipresente se impone a las naciones. Esta capacidad soberana del Estado poco tiene que ver con la discusión clásica sobre su tamaño o sus niveles de inter­vención, sino que se refiere a su existencia como poder público, como el ejecutor de la voluntad democrática.

Debemos promover el consenso para una nueva regulación. Para la generación de nuevas normas mundiales que controlen y regulen las fuerzas de la economía mundial. La globalización sin regulación es la globalización de la pobreza, de la mise­ria, de la injusticia y de la desigualdad. Es la globalización que reduce o merma los derechos sociales y que los equipara con los estándares más bajos. Es la globalización descontrolada que destruye los cimientos mismos de la vida en la tierra, imposibilitan­do la solidaridad ya no sólo entre los que hoy habitamos este planeta, sino también destruyendo toda solidaridad posible con las generaciones futuras, que es el elemento fundante de una economía con crecimiento sostenible.

Miles de ciudadanos en distintas democracias del mundo se preguntan por dónde pasa el poder, si por los gobiernos que han elegido o por las bolsas de comercios de las grandes metrópolis mundiales. Como socialistas debemos fortalecer los instrumentos, las herramientas que contribuyan a crear una nueva regulación de los mercados internacionales. No para poner freno al crecimiento, al intercambio comer­cial, sino para hacerlo más justo y para que contemple valores y principios distintos de los que contempla el mercado. Para que contribuya a incrementar la salud y la educa­ción de todos los habitantes del mundo. Para que cree trabajo y no lo destruya. Para que contribuya al bienestar social y a la distribución de la riqueza. Si no hay elementos que regulen los mercados internacionales, el único valor que prima es el interés de los accionistas, que no es más que el incremento de los rendimientos económicos y finan­cieros de sus capitales.

La única forma de limitar eficazmente los intereses del capital financiero y las empresas multinacionales, es en una instancia supranacional de decisión política. Frente al crecimiento descontrolado de la economía internacional y las nuevas relaciones de poder que esto ha generado, urge desarrollar mecanismos de control que estén ligados al voto democrático de la gente, al poder de decisión de los gobiernos electos democráticamente. Debemos lograr aumentar, expandir el poder de control del voto democrático de cada ciudadano para que tenga una creciente influencia en los proce­sos globales. La única alternativa de corregir los actuales y marcados desequilibrios de la economía mundial, es creando un poder político, que evite la concentración de la riqueza y la consiguiente desigualdad en su distribución. Cualquier opción tendiente a incrementar el poder político sobre el económico a escala mundial debe partir del sistema de las Naciones Unidas.

El fin de la Guerra Fría destrabó los mecanismos de cooperación internacional y de resolución de conflictos. Mientras que durante la Guerra Fría los mecanismos de mantenimiento de la paz y seguridad internacional se fueron deteriorando, hasta el punto de ser casi inexistentes. Pero desde 1990 la situación cambió drásticamente, y los instrumentos previstos en el sistema de las Naciones Unidas comenzaron a tener una aplicación efectiva. Esta positiva situación también puso en evidencia que el sistema internacional surgido después de la segunda guerra mundial, a partir de la crea­ción del sistema de Naciones Unidas necesita ser renovado. La falta de adecuación a las nuevas realidades mundiales de las actuales instituciones debe ser superada. Es necesario generar consenso internacional, para reformar y democratizar el funciona­miento de las Naciones Unidas.

Se hace necesario revitalizar el funcionamiento de la Asamblea General, como el único foro donde participan representantes de todos los estados del mundo. Su principal valor es su universalidad, su capacidad de ser el foro mundial donde la voz de todos los estados miembros puede ser escuchada. Esto representa la posibilidad de plantear abiertamente todos los problemas, conflictos e injusticias, pero también proponer nuevas ideas mejorar él dialoga y la cooperación internacional. Si bien la asam­blea no tiene poder de tomar decisiones que deben ser acatadas por los estados miembros, tiene la capacidad de discutir y recomendar, debatir y pasar resoluciones, que basadas en la legitimidad que le da su amplia representatividad tienen una fuerte incidencia en la comunidad internacional.

El Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, cuya composición es el fiel reflejo de la situación mundial de la posguerra, debe modificar su integración para dar cabida a la nueva realidad mundial. Creemos vital para asegurar la paz mundial, que cualquier intervención armada internacional se realice únicamente bajo mando y responsabilidad del Consejo de Seguridad. Acciones unilaterales decididas por un estado o grupos de estados no deben ser admitidas ni justificadas, por más justa que sea la causa que las motive. Debe ser el conjunto de la comunidad internacional, a través de sus instituciones quien asuma la decisión.

Pero, indudablemente el cambio de la composición actual del Consejo de Seguridad, aumentara la legitimidad de sus decisiones y la capacidad de implementación de las mismas. En este sentido hacemos nuestra la propuesta de reforma del Consejo de Seguridad realizada por una comisión independiente presidida por Ingvar Carlsson: aumentar de cinco a diez el número de miembros permanentes, de los cuales dos provendrán de los países industrializados y tres de países en vías de desarrollo; incrementar de diez a trece el número de miembros no permanentes, lo que él elevara la mayoría simple a catorce estados miembros. El derecho a veto, que hoy poseen los cinco miembros permanentes debe desaparecer, luego de un periodo breve de transición que asiente los nuevos mecanismos de decisión.

Donde más notoria es la urgente necesidad de un cambio, es en los organismos del sistema de Naciones Unidas que tienen como objetivo incidir en el desarrollo de la Economía Mundial. La comunidad internacional hoy carece de herramientas ade­cuadas para considerar problemas económicos de manera global y su vinculación con aspectos sociales, del medio ambiente y de seguridad considerada esta es su concep­ción más amplia. Aquí creemos necesario, siguiendo lo planteado por el Informe Carlsson y por la Internacional Socialistas, la creación de un Consejo de Seguridad Económico, que tenga por principal objetivo monitorear las tendencias principales de la economía mundial y dar señales claras que puedan guiar a la comunidad internacio­nal. También tendrá como misión actuar frente a eventuales crisis económicas.

Hoy muchas de estas funciones son asumidas de facto por el Grupo de los siete (G7) que integran las economías mas desarrollas del mundo, al cual se ha sumado Rusia como miembro invitado. Pero este grupo no es representativo de las nacio­nes mas pobladas de la tierra y su efectividad es limitada. Los temas relacionados al desarrollo tiene una muy baja prioridad en su agenda, que se limita a los temas ligadas con sus economías pero que indudablemente repercuten en las del resto de las nacio­nes. El Consejo de Seguridad Económico deberá coordinar y supervisar el trabajo de las llamadas Instituciones de Bretton Woods: el Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial y la recientemente creada Organización Mundial de Comercio. De esta forma se podrá incrementar el control por parte de los estados, por parte del poder político sobre las tendencias de la economía mundial. Hoy la "gobernabilidad global" esta muy por detrás de la realidad financiera y del mundo de los negocios.

En este sentido fundamental que la OMC genere las bases de un comercio justo y no que sea la herramienta de coerción internacional para forzar a los más débiles a abrir indiscriminadamente sus mercados a la producción internacional. Estamos convencidos de los beneficios del comercio mundial, de los beneficios de aprove­char las ventajas comparativas que tienen ciertas naciones para producir determina­dos productos, pero no creemos que la forma de impulsarlo sea la imposición de con­diciones por parte de los más fuertes. Queremos un comercio donde se compita por la calidad de los productos y no por la obtención de peores condiciones de trabajo y de salarios más bajos.

Apoyamos la inclusión de la cláusula social en los acuerdos de comercio internacional. Cláusula que no hace más que incorporar principios aceptados en la declaración universal de derechos del hombre y distintas normas aprobadas unánimemente en la OIT. La erradicación del trabajo infantil, la prohibición de toda forma de trabajo esclavo, el derecho de los trabajadores a crear sindicatos ara defender sus derechos y la no discriminación de los sexos deben ser condiciones mínimas para gozar de los beneficios de ser parte del comercio mundial.

Desde su reunión de Singapur, la Organización Mundial de Comercio ha incluido en su agenda la discusión de lo que se ha dado en llamar Acuerdo Multilateral de Inversiones. El mismo tiene por objeto promover una mayor desregulación en ma­terias de inversiones, en particular en aquellas inversiones que realizan los distintos gobiernos. Se esta promoviendo la eliminación de todas las cláusulas legales que dan prioridad a las empresas de capital nacional frente a las extranjeras y eliminaría toda obligación de asociarse a consorcios nacionales como prevé la legislación de algunos países. La aprobación de un Acuerdo Multilateral de Inversiones con éstas caracterís­ticas, sólo beneficiara a las empresas de los países altamente industrializados que son los que cuentan con mayor desarrollo tecnológico. Esto incrementará los ya marcados desequilibrios de oportunidades para el desarrollo autónomo de las economías nacionales, por lo tanto creemos que no debe ser aprobado en estos términos.

Los Socialistas, que somos la única fuerza política que cuenta con una organización realmente internacional, en la que participan partidos políticos que se identi­fican con los ideales del Socialismo Democrático provenientes de todas partes del mundo, de muy diferentes culturas, que representan naciones con diferentes historias, razas y religiones, siempre hemos trabajado por la solidaridad entre los pueblos, por un orden mundial más justo y por la primacía de la política por sobre la economía. La Internacional Socialista, la IUSY y la ISM siempre han promovido en su ámbito la reflexión y el debate de los temas globales, de los temas que nos son comunes a todos los socialistas del mundo. Los líderes de nuestro movimiento han sido quienes han promovido estos debates a escala mundial: el Diálogo Norte - Sur, que impulsara Willy Brandt; la Comisión presidida por Olof Palme sobre la Seguridad Común y el Desarme en la época de la guerra fría; la comisión sobre Desarrollo Sustentable pre­sidida por Gro Harlem Brundtland; la comisión que elaboró una propuesta de reforma del sistema de Naciones Unidas presidida por Ingvar Carlsson.

Es fundamental aportar a la consolidación y al desarrollo del movimiento Socialista Internacional. Hoy más que nunca es necesario el diálogo y el debate entre los socialistas, en una búsqueda conjunta de respuestas a los problemas globales. Por lo tanto, es importante mantener nuestra activa participación en el movimiento socialista internacional, orientada a trabajar por una Internacional Socialista más universal geográficamente, mas activa electoralmente, más agresiva políticamente y más cohe­rente ideológicamente. En suma, desarrollar una herramienta de política internacional que nos permita bregar por un nuevo sistema de responsabilidad colectiva que regule la economía mundial. Una regulación que permita que prevalezca la democracia polí­tica por sobre las oligarquías financieras y económicas.

•El Mercado Común del Sur

Al mismo tiempo que se lucha para cambiar los objetivos y prioridades de la globalización y democratizar sus decisiones, se intensifica la articulación de bloques regionales a los efectos de atemperar las consecuencias negativas de la globalización. Por su parte, como hemos señalado, los Estados nacionales, lejos de perder su razón de ser, deben asumir también el objetivo de mitigar los efectos negativos de la globalización e incluso de las articulaciones regionales.

Para proteger a la gente y al medio ambiente de los efectos nocivos que puede provocar un proceso globalizante se presentan dos filtros: uno, los organismos regionales, y el otro el propio Estado. Nosotros, desde América Latina, debemos apoyar cultural y políticamente los avances estructurales de la Unión Europea, de los países de África y Asia, porque queremos un mundo multipolar, y no unipolar.

El Mercosur es prioritario para la política internacional argentina, al constituir el mercado subregional que permita a los países del sur de América Latina lograr presencia e identidad en el mundo global. Pero tanto el Tratado de Asunción como el Protocolo de Ouro Preto carecen de disposiciones democráticas que posibiliten la participación decisiva de los Parlamentos y sectores sociales de los diversos países integrantes del mismo. La cláusula de garantía democrática, cuya incorporación es muy positiva —fue invocada ante los lamentables incidentes institucionales en 1997 en Paraguay— no tiene incidencia en la democratización del funcionamiento del Mercosur, que está en la práctica limitado a las decisiones de cuatro Cancillerías, o de los cuatro Ministerios de Economía, hasta tal punto que estas decisiones pueden modificar los propios derechos internos al margen de la participación de los Parlamentos de cada país.

En este campo, la construcción democrática pasa por la concreción de un Parlamento del Mercosur con atribuciones precisas, y por la institucionalización de la participación de los distintos sectores sociales. Es importante que el Consejo Económico-Social del Mercosur sea instalado como órgano de consulta obligatorio del Con­sejo del Mercosur. El Sub-grupo 10 de Relaciones Laborales y Seguridad Social debe ser fortalecido, favoreciendo su funcionamiento tripartito (Ministerios de Trabajo, orga­nizaciones empresarias y de trabajadores de los países miembros). La firma del Trata­do de Cooperación entre el Mercosur y la Unión Europea dota a nuestra organización regional de una serie de principios y objetivos que innegablemente han de facilitar en el tiempo, entre nosotros, el alumbramiento de un imprescindible derecho comunitario más democrático y democratizante.

Estas modificaciones institucionales del Mercosur, que en forma genérica venimos planteando, no persiguen un mero perfeccionamiento institucional a imagen y semejanza de las instituciones de la Unión Europea, sino que tienen por objeto que la integración regional no beneficie fundamentalmente a las grandes concentraciones de capital sino a la totalidad de los integrantes de nuestros pueblos y de las regiones que integran nuestros países.

Situación Nacional

El gobierno menemista, la alternativa de la Alianza y la perspectiva socialista

Introducción

En estos últimos años se ha profundizado el modelo neoconservador. Lo que se inició como un plan de ajuste con Martínez de Hoz, a punta de pistola en la noche de la más sangrienta de nuestra historia, se continuó bajo el impero de la democracia; desde 1989 con la asunción del gobierno de Carlos Menem, alcanzó grados de profundidad hasta entonces insospechados.

Las propuestas electorales del peronismo se dejaron atrás y se adoptó sin reticencias el programa económico y político de la derecha liberal incorporando al gobierno a sus dirigentes y a destacados miembros de los altos círculos económicos. Los objetivos aparecieron claros de entrada, se trataba de invertir todas las políticas tradicionales del último medio siglo en la Argentina.

El Estado fue sistemáticamente desmantelado, se eliminaron los instrumentos de regulación económica.

Ante las duras pretensiones de nuestros acreedores externos, expresadas en las continuas recetas del Fondo Monetario Internacional, el gobierno de Menem cede complacientemente.

Por un lado se renegocia la deuda externa, a través del Plan Brady, que posibilitando fuertes reducciones en los montos de los servicios del presente período gubernamental, pero comprometiendo seriamente a las administraciones venideras que deberán afrontar los elevados compromisos contraídos a partir del año 2000. Y lo que es mas grave aún llevo la instrumentación de la deuda, de documentos a la orden de un banco internacional, a títulos al portador.

En el caso argentino, solo el 27,8% del total de la deuda tiene identificado al acreedor (organismos bilaterales, multilaterales, proveedores y banca privada). Esta situación de acreedores atomizados en decenas de miles de tomadores anónimos de bonos, hacen imposible una mora o pago parcial, ya que una medida de este tipo interrumpiría de manera automática los flujos de capital, con los graves efectos negativos sociales y económicos que ello implica en la Argentina de hoy.

Por otro lado se lleva a cabo una implacable política de ajuste fiscal que conduce, en primer lugar, a la transferencia de las empresas del Estado hacia sectores privados monopolices (con las consecuentes perversidades que ello implica en las condiciones de calidad y precio de los bienes y servicios que proveen) y, en segundo lugar, al desmantelamiento del Estado de Bienestar, esto es la eliminación de las conquistas sociales de los trabajadores y de los sectores más desprotegidos de la sociedad: niños, mujeres y ancianos.

El modelo neoconservador que se profundiza se basa en una sociedad esencial y explícitamente construida desde y para la economía. El nuevo "sagrado social": el mercado ha desplazado a todos los demás sagrados sociales y les ha impuesto su lógica. El mercado-centrismo cultural ha impuesto la óptica del mercado en la interpre­tación de las realidades humanas de toda índole.

Desde esta concepción economicista la competitividad aparece como el becerro de oro de la modernidad. En consecuencia la reducción de los costos laborales, señalados porfiadamente como los culpables de la pérdida de competitividad, ha justificado una y otra vez al gobierno para propiciaren unos casos leyes de flexibilización laboral -a veces con éxito- y en otro a implementar por decretos de necesidad y urgencia diversas medidas que, en su conjunto, han llevado a la precarización de las condi­ciones laborales, jornada de trabajo, higiene y seguridad, licencias, indemnizaciones, estabilidad, aportes a la seguridad social.

El derecho laboral que nació en Argentina con Alfredo Palacios como una rama del derecho para establecer una protección especial al trabajador en su relación laboral, por sobre las normas del derecho de aplicación general, ha ido sufriendo estas vertiginosas modificaciones retrógradas al punto de resultar en muchos casos menos favorable que la ley de aplicación general, contenidas en el código civil y comercial, como por ejemplo en el caso de los accidentes de trabajo.

Pero a su vez la profundización del modelo genera paralela e inevitablemente concentración económica y exclusión social.

En primer lugar, la concentración se verifica en las diversas áreas de la economía, donde los mercados van siendo manejados arbitraria y salvajemente por mo­nopolios u oligopolios. Esto es sencillo de ver en los mercados financieros (bancos, cias. de seguro, AFJP), de servicios (todos los que antes brindaba el Estado a través de las empresas públicas), de productos alimenticios (lácteos, bebidas, golosinas, etc.), de electrodomésticos y artículos del hogar, automotriz. También se verifica este pro­ceso en el sector rural y en los sistemas de distribución y comercialización de produc­tos masivos. La concentración económica determina la quiebra de la pequeña y me­diana empresa de la ciudad y del campo, y peligra la existencia de las economías regionales. La concentración golpea tanto a los sectores más bajos de la sociedad como a los sectores medios, cayendo abruptamente ambos en su participación de la renta nacional.

En segundo lugar, el aspecto más dramático del modelo lo constituye su carácter excluyente. La política económica genera altos índices de desocupación y sub-ocupación. Millones de compatriotas, niños y ancianos, mujeres y hombres, son ex­pulsados del sistema: sin medios de subsistencia, sin acceso a los servicios de salud, de educación, y sin vivienda.

Así conviven dos Argentinas. De una parte el 75% incluido en el sistema, con una minoría rica que es cada vez más pequeña y más rica, y una mayoría pobre que es cada vez más grande y más pobre (con acceso limitado a ciertos servicios esenciales de salud y educación). De la otra parte el 25% de excluidos, empujados al delito o a la mendicidad, sin ningún acceso a los servicios esenciales.

Pero la aplicación salvaje de este modelo antinacional y antisocial sólo pudo ser impuesta merced a los manejos inconstitucionales y a las tendencias hegemónicas de un gobierno autoritario, que en sus desesperados intentos re-reeleccionistas de su jefe, Carlos Menem, para conservar el poder, no dudo en poner en serio riesgo el futuro institucional del país. Vivimos el tiempo de la degradación menemista, que ha instalado además la frivolidad y la corrupción en los estamentos más altos del gobierno.

El gobierno se vinculó con los principales factores de poder: los grandes grupos económicos, beneficiarios de la política de privatizaciones y los EEUU cuyas orientaciones internacionales se siguieron celosamente. En torno de un poder ejercido de forma personal y casi monárquica que desdeñaba la administración cotidiana y prefería practicar deportes, se constituyó un grupo de influyentes sobre quienes recayeron fuertes sospechas de corrupción. La consolidación de! nuevo poder supuso también un avance sobre las instituciones de la república: creció la influencia del Ejecutivo, el papel del Parlamento fue minimizado, pues las decisiones más trascenden­tes se tomaron mediante decretos, y el de la Justicia fue menoscabado por la permanente injerencia en ella del poder político. Las imágenes del autoritarismo y de la corrupción crecieron en forma paralela, y se alimentaron recíprocamente.

Un país que logró la estabilidad, que crece su PBI a un ritmo del 8% anual, con cosechas récord a pesar de las catástrofes del El Niño, con sus puertos funcionando a pleno, pero un país con una sociedad profundamente fracturada entre los que menos tienen y los que más tienen. El modelo produjo una impresionante transferen­cia de riquezas. Algunos pocos, muy pocos, 15 grupos nacionales e internacionales, amigos de la familia presidencial, son los beneficiarios de este modelo de desarrollo con una gran concentración económica.

Junto a ello, los atentados a la Embajada de Israel y a la AMIA, José Luis Cabezas, son los símbolos del tiempo de la corrupción, de la impunidad, de la ausencia de justicia. El 26 de Octubre de 1997 nuestro pueblo se aferró al borde del precipi­cio, ante el manejo menemista de la justicia, de los fondos públicos, de las institucio­nes, siempre al filo de ilegalidad, siempre en la sospecha de corrupción. La sociedad reclama otro gobierno que concrete un país normal con transparencia y decencia en el manejo del público, con justicia independiente y con igualdad de oportunidades.

La Argentina de la convertibilidad

La Argentina de hoy se parece muy poco a aquella que, en 1916, constituyó un sistema político democrática que coronaba la expansión de su economía y su sociedad, o a aquella que hacia 1945 asoció el crecimiento de su mercado interno con la promoción de la justicia social desde el Estado. Salvo para algunos pocos, el prospec­to de la nueva Argentina reúne la incertidumbre de un futuro difícil y, a la vez, la reaparición de algunos de los rasgos más negativos de su pasado que se creían supe­rados.

Una profunda reestructuración económica, impulsada por el salto tecnológico y la ola del liberalismo, provoca la desaparición de lo viejo y su difícil sustitución por lo nuevo, y en la transición, incertidumbre, desocupación, miseria. El Estado renuncia a dirigir la economía y reduce su función transformadora, naufragan los grandes acuerdos sociales forjados en el pasado y los fuertes crecen a costa de los más débiles.

La crisis ha acelerado el proceso de concentración lanzado desde 1975 y acelerado en los últimos años, del que ha resultado beneficiario un reducido conjunto de grupos económicos que se despliega en diversas actividades industriales, comerciales, agropecuarias, financieras y de servicios, y que se ha beneficiado del reciente proceso de privatización de las empresas públicas. Ellos y los principales bancos acree­dores son hoy los interlocutores privilegiados en cualquier formulación de políticas económicas.

Después de los episodios hiperinflacionarios de 1989 y principios de 1990, la economía argentina mantenía altas tasas de inflación y persistentes tendencias recesivas. En los primeros meses de 1991 se produjo un nuevo ataque especulativo contra la moneda argentina, con la consecuente aceleración inflacionaria. Con el fin explícito de desacelerar la inflación y mantener el nivel de reservas disponibles del Banco Central se implemento entre marzo y abril de 1991 el Plan de Convertibilidad, basado en una caja de conversión bimonetaria que consiste en establecer una relación fija entre la emisión monetaria y la variación de las reservas internacionales, man­teniendo la paridad (uno a uno) entre el dólar y la moneda argentina.

No es fácil vislumbrar el sentido de estos cambios, que en la visión de sus promotores han de servir para restaurar el dinamismo capitalista, atrofiado por décadas de intervención estatal. Este diagnóstico optimista debe confrontar con dos gran­des dudas, una estructural y otra referida a los actores. Parece evidente que la Argen­tina no puede retomar la ruta del crecimiento sin mejorar sus exportaciones, pero no está claro qué lugar hay para ella en el mundo, qué es lo que el país puede hacer mejor que otros y para quién puede hacerlo.

El Estado ha abandonado casi todos los recursos de intervención o regulación económica construidos luego de 1930 o de 1945. Ha renunciado a controlar las grandes variables y los instrumentos que posibilitaban las transferencias intersectoriales, ha descartado las políticas de promoción y se ha deshecho de las empresas públicas, que luego de un largo proceso de destrucción sistemáticamente alentado fueron trans­feridas a propietarios privados, con el argumento de mayor eficiencia, y hasta ha re­nunciado a regular y controlar los servicios públicos.

El Estado renuncia a la posibilidad misma de regular a los actores económicos desde una concepción mínima de lo público. El liberalismo ha impuesto en la opinión no sólo sus propuestas sino la misma agenda de problemas. Todo debate público se reduce, casi sin excepción, a la economía, y toda la economía a la "estabi­lidad". Se han abandonado ilusiones muy caras a la sociedad, como la del buen salario o el pleno empleo, la igualdad de oportunidades garantizada por el Estado o el dere­cho a la salud y la educación, y también se ha bloqueado la posibilidad no ya de discutir alternativas sino de plantear otros problemas.

Vista en su conjunto, la sociedad se ha polarizado. Desaparecidos los mecanismos de redistribución y de negociación social, un vasto conjunto se sumerge en la pobreza o ve deteriorado su nivel de vida, mientras un grupo visto como los "ricos" exhibe sin complejos su riqueza, en muchos casos reciente, de modo que las des­igualdades no se disimulan sino que se espectacularizan.

Luego de años de convertibilidad, la estabilidad de precios tiene ahora una contracara. La acumulación de "pequeños" ajustes de manera permanente ya ha delineado un perfil muy definido de las regiones periféricas, desocupación creciente, las condiciones de endeudamiento de la pequeña y mediana empresa urbana y rural, los niveles salariales del sector público de los estados provinciales" los beneficios de los jubilados nacionales. Se va estructurando una sociedad dual en términos socio-eco­nómicos y en términos geográficos. Si agregamos a esto el abandono de todo criterio de autonomía relativa en las decisiones, tienden a incrementarse, y hasta un nivel muy peligroso, los factores que operan de manera negativa sobre los objetivos de unidad nacional.

Avanzar hacia una economía productiva e integrada

En la Carta a los Argentinos se han establecido los pisos y las metas de la política económica de un futuro gobierno de la Alianza. Esos pisos son la estabilidad, la convertibilidad, la profundización de la apertura a los flujos del comercio mundial y la seguridad jurídica.

El PSP acuerda con las grandes metas macroeconómicas, en particular de crecimiento del PBI, de ahorro interno e inversión y disminución del desempleo, planteadas en la Carta a los Argentinos. Para lograr esas metas se requieren las condicio­nes, a saber: restablecer el rol regulador del Estado en los mercados y lograr que las metas sean componentes de una restructuración progresiva de la economía, supe­rando las actuales limitaciones y bloqueos que están conformando una "economía de exportación" en detrimento del desarrollo y la modernización integrada del sistema económico.

- El Rol del Estado

El principal instrumento es dotar al Estado de fuerza política y tecnologías para imponer el interés nacional sobre los intereses de los grandes grupos económicos, no preconizando la confrontación permanente sino fijando metas a las cuales deberán adaptarse los intereses particulares. Para que las metas sean realizables se requiere que la sociedad civil se exprese y participe. En este aspecto la concertación social tripartita es un instrumento fundamental.

El Estado —como lo ha hecho en EEUU, Alemania, Francia y el Japón— cuenta con una herramienta fundamental: el sistema tributario. Pero, el régimen tributario no puede descansar, como ocurre actualmente, en los llamados impuestos indi­rectos, que gravan el consumo y por lo tanto fundamentalmente a los salarios. Por el contrario, debe descansar en la presión tributaria sobre las ganancias, para impedir excesos de gastos improductivos del sector privado y para constituir fondos financieros para intensificar el ahorro-inversión y fomentar las exportaciones.

El Estado en los países del G-7, pese a las críticas neoliberales, preserva aspectos básicos del Welfare State: salud, educación, vivienda, seguridad social y el llamado «ingreso mínimo garantizado».

El Estado en los países del G-7 interviene fuertemente en la economía con políticas monetarias, fiscales, laborales y salariales, y en el sistema de relaciones laborales, para asegurar competitividad, productividad y una distribución del ingreso equitativa

El Estado debe asumir una clara función regulatoria para que la meta de racionalizar la economía tenga su anclaje en las empresas, comenzando por establecer compromisos con los grandes grupos económicos cuyos intereses deben ser com­patibles con un desarrollo económico nacional que excluya la segmentación social y los desequilibrios macroeconómicos interregionales.

Para cumplir su función regulatoria, el Estado debe desarticular la «lógica rentística» en su interior, que se manifiesta a través del clientelismo, la ineficiencia productiva, el atraso tecnológico y el empleo improductivo de recursos. La reforma del Estado debe tener como meta convertir al «empleo público» en modelo de una «ética del trabajo» y de gestión moderna, de modo que la administración pública argentina obtenga la necesaria legitimidad para asumir su rol regulatorio en economías de mercado.

Como hemos dicho, el establecimiento del rol regulatorio del Estado parte de la premisa de que la teoría neoliberal de la eficiencia absoluta del mercado para la asignación de recursos es falsa. La subordinación de los intereses globales de la sociedad a los beneficios privados conduce en los países de la región al establecimiento de modelos económicos con fuertes desequilibrios macroeconómicos e, inevitable­mente, al desarrollo de comportamientos especulativos y rentísticos por parte de los empresarios y al colapso social. Las políticas regulatorias del Estado, para impedir los desequilibrios, deben por eso incluir dentro del concepto de racionalidad económica diversos objetivos sectoriales dirigidos a crear «mercados ausentes» a nivel regional y local, promoviendo la formación de recursos humanos, el financiamiento y moderniza­ción de la gestión de las PyMES y microempresas, y el desarrollo de las economías regionales. El diseño y ejecución del gasto público es llave maestra del Estado regula­dor, lo cual conduce a priorizar la inversión pública en infraestructura, los programas de lucha contra la pobreza, la modernización técnica y organizativa del sector informal de la economía, etc.

Las ideas básicas para concretar una economía productiva e integrada son:

a) El concepto de restructuración progresiva

La clave para demostrar la viabilidad de construir una economía productiva e integrada reside en lograr un conjunto de políticas de desarrollo donde el incremento de la productividad sirva para alcanzar simultáneamente niveles internacionales de competitividad y expansión de los mercados nacionales. Debe ser un modelo de desarrollo nacional, basado en la reindustrialización competitiva en un marco de integra­ción economía regional y mundial.

La restructuración progresiva lo constituye un conjunto de políticas que consoliden un modelo macroeconómico, donde el Estado ya sea a través de regulaciones o como empresario, haga compatible el crecimiento de la productividad y la eficiencia, con la equidad social

En realidad la viabilidad de la restructuración progresiva depende de que su aplicación no se limite exclusivamente a orientaciones y directivas nacionales, sino que provengan de niveles inferiores del Estado, tales como provincias, instituciones regionales y municipales; es decir, a través de la descentralización. En los niveles inferiores del Estado la orientación principal y las políticas puntuales deben servir para crear economías que se integren en el modelo macroeconómico y de generen bienestar social concreto a las poblaciones involucradas. La propuesta, por lo tanto, debe ser entendida como una estrategia económica en la cual las regulaciones corresponden a las políticas económicas trazadas desde un Estado participativo, que convoca la so­ciedad civil a dar amplia base de sustentación a esas políticas, las únicas que pueden generar empleo de calidad.

b) Aspectos generales de la restructuración progresiva

La restructuración progresiva en nuestra economía permitirá la transformación de la actividad productiva, creando un esquema de acumulación del capital de largo plazo que elimine las formas de apropiación de la riqueza mediante la especula­ción, los sobre precios y la corrupción que hoy existe en nuestra sociedad, es decir los comportamientos rentísticos. Permitiendo un redistribución de la renta en favor de los sectores de menores ingresos. Se trata de un modelo de desarrollo en el cual la equi­dad social refuerza la dinámica de la acumulación. Pero para lograr tal objetivo la primera premisa es que el capital privado se someta a las reglas del mercado asu­miendo riesgos y competencia, y la segunda es que el modelo de desarrollo tenga amplia base social de sustentación.

La clave consiste en lograr que la racionalidad macroeconómica se ensamble con la racionalidad microeconómica; en otros términos, los equilibrios macroeconómicos conducen inevitablemente a políticas neoconservadoras si no sirven para estimular la inversión productiva a nivel de las empresas. Por lo tanto, medidas de racionalización económica, como por ejemplo, reformas tributarias, deben ser acompañadas por políticas selectivas de promoción industrial y comercial para romper con la lógica rentística a nivel de las empresas.

Es prioritario que la política económica articule la competitividad entre los diversos sectores productivos. La clave en este aspecto es promover la integración entre el sector industrial y la explotación de los recursos naturales, la agricultura y los servicios, porque se trata de extender el progreso técnico horizontal y verticalmente dentro de un mercado nacional homogéneo. Para integrar vertical y horizontalmente la economía, es necesario revisar las políticas de apertura indiscriminadas y en cambio proceder dentro de los parámetros de los países industrializados; esto es, implementar la apertura externa a productos y servicios que tengan como estímulo y contrapartida el aumento de las exportaciones locales competitivas. El Estado debe fomentar la competitividad a través de políticas comerciales, industriales y tecnológicas de carácter estratégico; esto es, que permitan aumentar la competitividad de los bienes transables tradicionales y abrir nuevas líneas de producción y servicios de bienes transables con alto valor agregado. Dentro de esta estrategia de apertura con protec­ción selectiva, un componente esencial es considerar la globalización, la interdependencia y la integración como el escenario en el cual se decide el progreso o el atraso de las economías nacionales, lo cual significa que para la economía nacional deben considerarse la integración en mercados subregionales, regionales, acuerdos comerciales bilaterales y multilaterales, etc., como metas prioritarias de la política eco­nómica.

c) El mercado

Construir un mercado según modelo de la «restructuración progresiva», sólo puede resolverse si el Estado diseña y ejecuta políticas públicas en función de una estrategia adecuada, con dos metas prioritarias: desarrollo integrado y eliminación de la pobreza.

Es evidente que se deberán mejorar los instrumentos de control sobre las empresas privatizadas, especialmente de servicios, para garantizar coberturas de áreas, calidad de servicios y fijación de tarifas de acuerdo con las necesidades de una economía integrada. Pero, además el Estado deberá concretar nuevas formas de organiza­ción para proveer financiación y asesoramiento técnico para objetivos selectivos: a) desarrollo de las economías regionales; b) asociación en "joint-ventures" entre inversionistas y conglomerados de pequeñas y medianas empresas; c) reinserción en mercados externos dinámicos y los escenarios de integración; d) políticas activas para el empleo productivo; y e) formación profesional masiva para la reconversión produc­tiva y la competitividad de empresarios y trabajadores.

La cuestión crucial para lograr un desarrollo económico autosostenido e integrado, es que el Estado asuma su rol regulador del régimen de acumulación del capi­tal. Las regulaciones permiten reabsorber y redefinir los desequilibrios y tensiones que se originan permanentemente en el proceso económico. El primer piso de la regula­ción es la planificación económica, como se practica en los países del G-7.

d) Competitividad e inserción en la economía internacional

Para la Argentina es vital integrarse en los mercados internacionales para diversificar sus exportaciones. Se plantean dos tipos de integraciones: 1) entre «iguales» (por ej., el Mercosur); y 2) entre desiguales (por ej. con la UE o el TLC), y en este último caso ello implica exigir compromisos efectivos por parte de los países desarro­llados de no incurrir en el dumping y el proteccionismo. Por lo tanto, el Estado argen­tino debe organizar áreas públicas especializadas en «mercados» para apoyar al sec­tor privado exportador, y garantizar la participación de las organizaciones sindicales en la elaboración de las políticas y aplicar la «cláusula social» para que los empresa­rios locales y empresas multinacionales no incurran al expediente de competir sobre la base de bajos salarios.

Se requiere una regulación de los mercados, sobre la base de consolidar la apertura a través de ampliar simultáneamente la base productiva y el mercado interno: este objetivo exige medidas como reservas de mercado interno, subvenciones, crédi­tos blandos, asignaciones presupuestarias y apoyo tecnológico a las empresas priva­das. Los servicios públicos (seguridad social, salud, educación, etc.) son instituciones fundamentales para homogeneizar la sociedad e impedir la dualización y el aumento de la pobreza. Las políticas fiscales y salariales deben servir para aumentar el ahorro interno, la reconversión productiva y el aumento de la capacidad adquisitiva (salarios directos e indirectos) de la población asalariada. La integración económica debe ser promovida y las empresas exportadoras apoyadas financiera y técnicamente para lograr competitividad en mercados con diferentes estructuras productivas y exportacio­nes de bienes transables según sean modalidades de integración Sur-Sur.

e) Estabilidad y la inversión

La estabilidad presentada como el mayor logro del gobierno menemista, fue alcanzada con un plan económico que se caracteriza por haber producido el cambio social más regresivo de la historia argentina ya que sus objetivos principales son:

·         Mantener la convertibilidad, no como una solución al problema inflacionario
sino como un estado de emergencia permanente que justifica la profundización del 
ajuste.

·         Eliminar todo manejo autónomo de la moneda y por ende de realizar políticas activas.

o    Insertar al país en el mercado internacional de capitales.

o    Dar una solución favorable a los acreedores de nuestra deuda externa.

o    Desnacionalizar el capital privado.

La estabilidad —entendida como capacidad del Estado de controlar los desequilibrios macroeconómicos—es una condición necesaria para el desarrollo económico. Pero la estabilidad no es condición suficiente, pues no será duradera si no es «seguida» de una elevación permanente del nivel de actividad económica. De lo que se trata es de implementar políticas que «utilicen» la reforma del Estado y la reforma tributaria, lo mismo que la reforma de las empresas, para inducir al aumento de la inversión productiva. Esas políticas deben considerar el aumento de los salarios reales como variable de demanda agregada que han sido congelados por la política eco­nómica actual.

f) La deuda externa

La cuestión no es «pagar» o «no pagar» sino sobre quien recaerá el costo del pago y como será la estrategia de restructuración del mismo. Por un lado se requiere rediscutir en el marco de los organismos financieros internacionales formas, plazos e intereses que permitan la cancelación de la deuda sin destruir nuestra economía y por otro definir políticas fiscales que no hagan recaer el peso de los pagos sobre los sectores de menores ingresos, asalariados, pequeños y medianos empresarios y profesionales como ocurre actualmente.

El mercado de trabajo actual

Se están produciendo mutaciones —producto de la reforma económica y laboral (1991-1994) — en el mercado de trabajo, en las cuales se mezclan peligrosamente fenómenos innovadores con fenómenos retrógrados. Por un lado, la economía de mercado está conduciendo a las negociaciones laborales cada vez más hacia el inte­rior de las empresas. Surgen así convenios de trabajo que dan cuenta de nuevas cláusulas pactadas sobre temas como cambios en los horarios de trabajo, trabajo en equipo y polivalencia, distribución anual de vacaciones, capacitación de personal, mecanismos de conciliación de conflictos, premios sujetos a normas de rendimiento y productividad, etc. Son todavía contratos con universo limitado de trabajadores, firma­dos entre empresarios y sindicatos. Pero indican la tendencia.

Pero, por otro lado, se está construyendo un mercado de trabajo crecientemente precario, esto es que el número de trabajadores dependientes y autó­nomos aumenta en detrimento de los asalariados estables protegidos por la ley 14.250 (LCT). Si el mercado de trabajo es de aproximadamente 8.000.000 de personas, sólo 2.500.000 son trabajadores estables. El resto, es decir, la mayoría se localizan en categorías como trabajadores a tiempo determinado, a prueba, en negro, etc. El aumento de estos trabajadores inestables ha generado una fuerte caída de la tasa de sindicalización (38%).

Lo cierto es que el problema central del mercado de trabajo en materia de empleos se localiza en el trabajo en negro, y en los empleos que, siendo registrados los empleadores retienen y no aportan los aportes a los sistemas de previsión social y obras sociales. En efecto, el Sistema Integrado de Jubilaciones y Pensiones (SIJP) registra a septiembre de 1997 8.415.078 afiliados, pero de éstos sólo 4.838.998 (el 57,5%) aportan. Es decir que 3.576.080 trabajadores en relación de dependencia o autónomos o aportan. De estos 3 millones son asalariados. Es necesario añadir a esa suma aproximadamente otro millón de trabajadores en negro que no han sido registrados. Es decir que aproximadamente 4 millones de trabajadores están en negro o son afectados por diferentes modalidades de fraude laboral. Estos trabajadores corres­ponden a segmentos del empresariado argentino, que para sobrevivir en la economía de «libre mercado» han resuelto resistir a través de la sobre explotación de los traba­jadores. Estos, a su vez, constituyen el 50% de la fuerza laboral en el país.

El otro segmento de trabajo registrado pero precario es el de las famosas modalidades promovidas o «atípicas» de empleo, creadas por la Ley Nacional de Empleo y la Ley de Fomento del Empleo para generar empleo: en efecto, desde 1995 el 80% de los empleos son creados bajo las modalidades de trabajo determinado, a prueba, nueva actividad, práctica laboral y trabajo de formación. El total de este tipo de empleos, creados desde la aplicación de la LNE, no excede los 300.000 puestos de trabajo (al no existir datos sobre otras modalidades de empleo precario que la ley 24.467 para PyMES permite crear sin registrar la cifra es seguramente algo mayor). Como es sabido estas modalidades de trabajo aportan sólo parcialmente a los sistemas de previsión y salud o directamente esta exento de hacerlo. Se puede calcular en aproximadamente 500.000 el número de puestos de trabajo precarios creados por la reforma laboral entre 1991 y 1997.

Entonces, el problema del trabajo en negro y la precariedad requiere introducir una categoría jurídico-laboral de trabajo que opere en dos direcciones: estabilizar y blanquear por un lado y cooperar por otro para estimular a este tipo de empresas — que son principalmente PyMES— a modernizarse y ser competitivas. Es cierto que se requieren otras medidas, esencialmente tributarias, crediticias, de capacitación o management, etc., para mejorar el estándar productivo y la rentabilidad. Pero si la sociedad se resigna a aceptar que se siga contratando personal en negro o bajo las modalidades promovidas, se está dejando de presionar a esas empresas para que se transformen. De hecho se está aceptando una monstruosa construcción del mercado de trabajo, donde la mayoría son trabajadores precarios. Y se está aceptado también que las empresas modernas, sea por vía de contratos promovidos o atípicos, directos o externalizados, también cuenten con su cuota de trabajadores precarios (como ocu­rre en el comercio, la construcción, etc.). La batalla cultural y política por la creación de la figura de trabajo estable y por tiempo determinado tiene por sujeto al enorme y heterogéneo universo de los trabajadores precarios, cuya incorporación al trabajo es­table es una condición para que la economía de mercado garantice el crecimiento y la distribución equitativa del ingreso y la cohesión social.

La mayoría de los empleos es generada por la pequeña y mediana empresa (PyMES). Al mismo tiempo, los salarios medios en argentina son bajos y están bloqueados desde hace varios años. Se requiere por lo tanto dinamizar el sistema de PyMES, para movilizar los salarios en Argentina. Pero esto no será posible si no se revierte la creciente concentración del ingreso en el país.

Durante los primeros cuatro años de la convertibilidad empeoró sólo la participación en el ingreso del 30% más pobre, pero a partir de la crisis del efecto tequila (1994-1996) se incrementa la porción de ingresos de los más ricos, a costa de un empeoramiento de los restantes grupos. De este modo se quiebra el impacto positivo de la reforma económica sobre los ingresos de la clase media: en efecto, si se toma en conjunto el período 1990-1996, el 60% más pobre de la sociedad perdió participación en el ingreso, y en este segmento es donde se localizan el grueso de los trabajadores asalariados y autónomos en Argentina. La importancia de restablecer el pleno funcio­namiento de la negociación colectiva se agiganta, por constituir el principal instrumen­to para la redistribución equitativa de la riqueza y de creación de empleo estable, dentro de una perspectiva de largo plazo sobre el futuro del trabajo en Argentina.

Crisis en los comportamientos empresarios y sindicales

Los cambios en el mercado de trabajo y la legislación laboral que se han producido desde 1991 hasta la fecha se han realizado de acuerdo a las clásicas fórmulas neoliberales. De modo que la economía de libre mercado ha producido la con­centración económica, la desaparición de un importante segmento de empresas na­cionales y la persistente sustitución de las antiguas normas laborales que garantiza­ban la estabilidad en el empleo por nuevas normas que facilitan y promueven la ines­tabilidad laboral, los empleos precarios y la degradación de las condiciones y medio ambiente de trabajo, junto con fuertes componentes de desempleo abierto y subempleo.

Como resultado del proceso de "flexibilización laboral" se han acentuado tendencias negativas en el interior del mundo del trabajo, siendo entre otras las principa­les las siguientes: los empresarios pretenden competir o simplemente subsistir a tra­vés de reducirlos salarios directos e indirectos (estos últimos incluyen diversas cargas sociales) y acentuar la productividad del trabajo sobre la base del aumento de la jorna­da de trabajo y de la súper explotación de los trabajadores. Para estos fines sirve la precarización del empleo y el debilitamiento de los sindicatos, lo que coloca a los asalariados en indefensión frente a los empleadores. En el heterogéneo conglomera­do de los trabajadores aumenta la desesperanza, se debilita el interés por la capacita­ción y se acentúa la tendencia a considerar a la empresa como algo extraño y opuesto a sus intereses, lo cual está generando odios y resentimientos sociales, tensiones y conflictos en el interior de las empresas.

Por qué deben cambiar los empresarios

Para adecuar en forma positiva el sistema de relaciones laborales a los mercados, la competitividad y la transformaciones en las empresas, esto es, para resolver desafíos laborales que objetivamente se plantearán en un proceso de modernización integral de la economía argentina, se requiere producir en los próximos años una "revolución cultural, política y jurídico-laboral" en el mundo del trabajo, esto es entre empresarios, técnicos y trabajadores. Esta revolución cultural en el mundo del trabajo no será posible si no se producen cambios culturales reales en las organizaciones empresarias y los sindicatos.

La premisa para una modernización real del sistema de relaciones laborales consiste en reafirmar que !a democracia para funcionar plenamente requiere de organizaciones empresariales y sindicales fuertes y modernas, que representen a todas las categorías de empleadores y trabajadores a nivel nacional. Esta es la base primor­dial para la concreción de acuerdos marcos entre el Estado y los actores sociales que garanticen la realización de los objetivos y metas establecidas para un crecimiento sostenido de la economía y una equitativa distribución del ingreso. Las estrategias empresariales destinadas a realizar ganancias fáciles a través de disciplinar a los tra­bajadores con despidos arbitrarios y clima cuartelero en las empresas, lo mismo que el estímulo al individualismo y la competencia salvaje entre los trabajadores, son todos intentos destinados a romper los valores de solidaridad y cohesión social que han formado parte de la construcción de una cultura dinámica industrial en el país. Por lo tanto, esos intentos retrógrados propios del capitalismo salvaje y de ganancia fácil deben ser rechazados.

Por qué deben cambiar los sindicatos

Los sindicatos necesitan acelerar rápidamente incipientes transformaciones que ha iniciado, para adaptarse a las nuevas realidades, entre ellas: a) el hecho de que la negociación colectiva nacional sólo podrá revitalizarse si permite su articulación a nivel de las empresas, esto es, la negociación colectiva articulada; b) si se potencia la acción sindical para erradicar la discriminación de las mujeres en el trabajo (igualdad de remuneraciones y oportunidades, derechos laborales específicos para facilitar la cohesión familiar, etc.) y si se promueve la participación de la mujer sindicalista en todos los niveles de las direcciones de los sindicatos; c) si se garantiza el pluralismo y la democracia sindical; d) si se modernizan las estructuras sindicales y se capacitan los dirigentes para que los sindicatos puedan participar y aportar al proceso de trans­formación de las empresas; y e) si se avanza en la autonomía sindical frente al Estado y los partidos políticos, lo cual no implica ni la negación ni el abandono de las tradicio­nes sindicales nacionales. Sin estas cinco transformaciones, el movimiento sindical carecerá de capacidad para unirse y recuperar su centralizada en el escenario socio-político nacional.

Competitividad e humanización del trabajo

La estabilidad en el empleo, el cumplimiento de la jornada de 8 horas, la capacitación y formación, la extensión y renovación de la negociación colectiva, la participación de los sindicatos en la empresa y el aumento de la sindicalización son las principales políticas para producir cambios en el mundo del trabajo que garanticen la competitividad, la productividad y la introducción masiva de nuevas tecnologías en procesos y productos en las empresas. La Argentina necesita producir en el siglo XXI un nuevo cambio en el mundo del trabajo que dé continuidad y superación a los pisos históricos creados por a) la expansión económica y del empleo en 1880-1910, y b) la humanización del trabajo en 1946-1955. Los nuevos cambios laborales deberán tener como eje la creación de empleo estable y de calidad. Porque se inscriben en el proce­so mundial de transformaciones en el mundo del trabajo en los que se plantea la polivalencia funcional, la reducción de la jornada de trabajo, nuevas formas de estabilidad en el empleo, creación de nuevos empleos socialmente útiles, remuneración según conocimientos, participación y productividad, etc. Nuevas relaciones de trabajo que se extienden en los países industrializados están siendo incorporados progresiva­mente en el país en las empresas modernas —especialmente los referidos a la orga­nización del trabajo— a través de contratos colectivos, acordados por las empresas y los sindicatos de rama, con participación de comisiones internas y cuerpos de delega­dos en las empresas.

La modernización y la competitividad tendrán bases sólidas en Argentina si se parte de las premisas de que a) sólo el trabajo estable, en blanco, productivo y socialmente útil garantiza la cohesión social y dota al proceso económico de la base social necesaria, y b) que la empresa moderna es concebida como la concurrencia de intereses a través de objetivos y metas compartidas por empresarios, personal de gestión y trabajadores.

• La economía productiva en la base: nuevos desafíos para los municipios.

La reforma económica menemista ha potenciado objetivamente, al colocar en el centro del sistema al mercado y los agentes sociales, el rol de los municipios. Como lo demuestran los datos económicos (crisis de las economías regionales y las PyMES) y sociales y laborales (desempleo masivo y exclusión social), el capitalismo argentino marcha en una clara dirección de concentración de la propiedad y los ingresos, al tiempo que se impide la descentralización regional y local del sistema económi­co. Pero, paradójicamente, la economía de mercado no puede ser sostenible ni autosustentable sin el desarrollo de las fuerzas productivas en la base del sistema, esto es, estimulando el tejido socio-económico entre empresarios, trabajadores y con­sumidores en escala local y municipal. Por lo tanto, en la lucha contra el neoliberalismo y su modelo de capitalismo segmentado, se potencia el rol del municipio y las políticas de desarrollo local. Así, se recupera la antigua tesis de Juan B. Justo de establecer un nexo directo entre áreas geográficas de alta densidad productiva, generación de em­pleos de calidad e instituciones políticas que canalicen los intereses sociales de las comunidades. Estos fines definen el rol actual de los municipios. El "desarrollo local" debe ser enfocado entonces como un aspecto central de un proceso de moderniza­ción integral. El desarrollo local es económico, social y laboral. Se plasma diseñando nuestras acciones de gestión en base a cinco parámetros innegociables:

·         Descentralización: distribución de cuotas de poder hacia nuevos actores,
ensanchamiento de la base democrática del gobierno y cercanía con los vecinos en el
accionar cotidiano.

·         Participación: creación de condiciones que favorezcan la intervención de los vecinos en la planificación, la ejecución y el control de las acciones de gobierno, y posibilidad de priorizar proyectos en conjunto.

o    Transparencia: información de las acciones de la gestión, viabilizar el fácil
acceso del público a planes y presupuestos.

o    Eficiencia: hacer cada vez más con lo mismo, presupuestar por programas,
premiar resultados, medir y evaluar producciones e interrelacionar la gestión.

o    Capacitación: desarrollo y perfeccionamiento de agentes y funcionarios municipales para que combinen cada vez mejor la aplicación de los cuatro ejes anteriores.

Es evidente que para responder a los nuevos desafíos que deben asumir los gobiernos municipales hay que exigir autonomía, es decir un marco legal más favorable, negociar la delegación de mayores competencias, demandas más recursos al Estado nacional y provincia!. Pero todo ello no resultará simple para los gobiernos locales si no logran sumar tras de sí a una sociedad convencida y comprometida con un proyecto estratégico de ciudad.

La problemática de las ciudades crece en magnitud y complejidad en la medida que se profundizan los procesos de globalización económica y de comunicaciones y el retiro del Estado nacional de sus tareas de contención de las problemáticas socia­les. Antes ese cuadro, el escenario local cobra un protagonismo insoslayable y se expone a unas demandas más amplias y calificadas.

Ninguna ciudad en el mundo ha logrado sortear este panorama sin una fuerte respuesta cultural encaminada a profundizar la democracia local, la participación ciudadana y la cooperación entre los distintos actores de la sociedad civil detrás de un proyecto de conjunto. En ello, y no en otra cosa, radica la posibilidad de superar una realidad para la cual nuestras ciudades no estaban preparadas, pero que la lucha por una economía productiva y la democracia económica y social, objetivamente, crea las condiciones para establecer una fluida relación entre la política local y el desarrollo local.

•Aspectos a considerar para alcanzar una economía productiva e íntegrada

Como plantea la Carta, el éxito de la competitividad de la economía argentina no reside únicamente en la especialización en ciertos productos (nichos de exportación) sino en la articulación de esos nichos con todas las actividades asociadas a la producción de esos productos. Para lograr competitividad, por lo tanto, lo primero es conformar agrupamientos productivos integrados» y el desarrollo de la infraestructura de comercialización y servicios al productor. Por lo tanto, el nuevo modelo no resulta de la suma de políticas sectoriales, sino que es un sistema de interrelaciones de agrupamientos productivos integrados competitivos. Los agrupamientos competitivos se forman mediante relaciones verticales (comprador-vendedor), y horizontales (transferencia tecnológica y de gestión).

Lo dicho anteriormente permite llegar al concepto de economía mixta integrada en el aspecto productivo. Efectivamente, la llamada "reforma económica" requiere de cambios estructurales para que sea posible organizar agrupamientos productivos asociados a la producción de materias primas. Es fundamental entender que las debi­lidades y distorsiones de los procesos de industrialización en el país se han debido a que han sido procesos separados y no integrados con la producción primaria. Los agrupamientos productivos, en cambio, han sido los núcleos de la industrialización en los países desarrollados. En el caso de nuestro país el excedente económico debe ser dirigido hacia la conformación de agrupamientos productivos asociados a los sectores agrario, minero, energético, pesca, etc., estableciendo políticas específicas para que esta estrategia desarrolle economías regionales.

Los agrupamientos productivos incluyen actividades industriales como la producción de bienes de capital, agroindustrias o empresas minero-industriales, etc., que incrementen el valor agregado de los bienes producidos y exportados; actividades de investigación y desarrollo en biotecnología, servicios especializados de consultoría y apoyo al productor, etc. Así, se puede pensar en un complejo «lácteo», un complejo «minero», etc. Estos complejos deben ser el objeto de las políticas industriales descri­tas en este texto.

La formación de esos «complejos» también requiere de cambios en el régimen de propiedad que sólo pueden ser logrados a través de medidas políticas. Por ejemplo, es imposible formar complejos agroindustriales que promuevan la formación de extensas redes de establecimiento agropecuarios medianos y pequeños, si la es­tructura de propiedad de la tierra está altamente concentrada y dominan oligopolios comercializadores. Las políticas de reformas agrarias y oíros cambios en los regíme­nes de tenencia de la tierra deben ser planteadas no en función exclusiva de la distri­bución de tierras, sino con la perspectiva modernizante de crear las condiciones para la formación de extensas redes de complejos agroindustriales.

La generación de subsistemas productivos regionales es uno de los componentes esenciales, porque uno de los desequilibrios más importantes en el país, y que bloquea la acumulación de capital, es producido por el hecho que los sectores produc­tivos de bienes transables y de punta se localizan principalmente en la zona pampeana. De ello se deduce la necesidad de diseñar y ejecutar políticas de promoción regional y local.

Las políticas de promoción regional deben evitar la promoción indiscriminada de industrias en el interior del país que luego se vuelven ineficientes porque fragmentan los procesos productivos y terminan generando empresas de ensamblaje. Las políticas regionales —en cambio— deben producir la formación de subsistemas pro­ductivos regionales competitivos especializados, y que deben realizarse siempre y cuando se considere que pueden obtener niveles de competitividad a mediano plazo.

Las economías regionales también se potencian si se integran productivamente o prestan servicios especiales en zonas de integración subregional o en puntos de intersección de intereses mundiales (por ej. la Patagonia para el transporte transpolar). En resumen, está plantada la tarea de producir reformas estructurales en un contexto de estabilidad y apertura de la economía argentina.

El mundo a partir de la caída del muro en 1989 contrariamente a los que muchos pregonaron con el fin de la historio o como el fin de las ideologías se abre un gran campo para las ideas, un gran campo para la acción por que vivimos un mundo donde mas de dos terceras partes de la población viven en condiciones de marginalidad, viven en condiciones de pobreza, en condiciones de analfabetismo y vivimos también, en sociedades duales donde cada vez hay mas gente que menos tiene y donde los pilares básicos para cualquier desarrollo humano elemental como la salud, la vivienda o la educación, ya no esta al alcance de la mayoría.

La crisis de los sistemas económicos, no fue causa del gasto social, ni tampoco de la existencia de un estado de bienestar, son los modelos de producción y consu­mo que aplican políticas neoliberales, los que entraron en crisis. Solamente el cambio de ello posibilitará la coexistencia de un mercado, con la satisfacción de las necesida­des básicas de la gente, como también con la protección del medio ambiente que constituye una solidaridad entre generaciones.

La igualdad es un valor esencialmente democrático, refiere a la igualdad de derechos, igualdad de oportunidades, igualdad entre mujeres y hombres, igualdad de posibilidades de acceso a bienes y servicios básicos para el desarrollo de la vida del individuo.

En nuestro país desde 1990 el Partido Justicialista hegemonizado por el "menemismo" constituyó por su base sindical y su pragmatismo político, en la fuerza capaz de enfrentar el desafío de pasar del intervencionismo estatal a una economía de libre mercado. Para hacer viable la transformación se necesitaba realizare! país en el nuevo orden internacional liderado por una sola superpotencia. Así es que se retira el país del movimiento de No Alineados y se inicia una política de "relaciones carnales" con los EE.UU.

Los acuerdos alcanzados en el "Pacto de Olivos" para reformar la Constitución, no solo posibilitaron la reelección de Menem sino que también posibilitaron que un conjunto de fuerzas progresistas pudieran asomar como alternativa política al bipartidismo instalado en nuestro país en 1945.

El FREPASO cambia el escenario político nacional, representando la voluntad política del pueblo en contra de los privilegios e injusticias, por la construcción de una sociedad mas justa, igualitaria y solidaria.

El resultado de las elecciones presidenciales del 14 de mayo de 1995 con la reelección de Menem reforzó la idea de sectores cada vez más numerosos de nuestra sociedad, de dirigentes políticos e intelectuales, de la imperiosa necesidad de unir a las fuerzas de la oposición progresistas para derrotar electoralmente la hegemonía que mantenía el menemismo gobernante desde 1989.

Aunque experiencias de esta naturaleza se estaban desarrollando con éxito en otros países apenas existían antecedentes en la Argentina que facilitaran el recorrido de ese camino lleno de dificultades que la construcción de coaliciones políticas. En el nuevo escenario de Argentina la fuerza que podían integrar esta Alianza -FREPASO y UCR- comenzaron a concretarlo.

Ya en diciembre de 1996, el documento del Primer Plenario Nacional del FREPASO expresaba: "Desde esta perspectiva estratégica, concentrada en la necesidad de repensar la Nación y superar con eficacia y consenso sus problemas estruc­turales, es que venimos planteando que en ese nuevo bloque de fuerzas, capaz de gobernar en el 1999, comience a gestarse ya, desde una visión abierta, dinámica e inclusiva, no como una mera sumatoria electoral o un acuerdo de cúpulas partidarias.

El 26 de octubre, un sector muy amplio de la sociedad reclamo, de manera clara y rotunda la necesidad de un cambio. Fue más que mero voto de castigo al gobierno, deposito una cuota de esperanza en la Alianza. Y por cierto, no para que solucione mágicamente sus problemas sino para que constituya un punto de inflexión frente a la degradación existente e inicie la construcción de un nuevo tiempo, el de un país con igualdad de oportunidades, justicia independiente y transparencia de lo público.

Así las cosas, para los socialistas, una fuerza política moderna y progresista, preocupada por el desempleo, por la exclusión social, por la anarquía del sistema educativo, por el deterioro de la salud pública y por la creciente inseguridad ciudadana, solo podrá llegar a buen puerto si actúa con responsabilidad e inteligencia, pero también con osadía.

Y la mayor osadía que podemos protagonizar es la de trabajar desde el FREPASO para consolidar la Alianza y, desde allí, construir una oposición severa, clara, prepositiva, dispuesta a luchar por el gobierno y para transformar el país. En esa perspectiva, estamos trabajando todos los socialistas.

 


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