Ni una economía totalmente abierta, ni una cerrada resultan adecuadas para la organización económica, política y social de los estados. La primera por demasiado amplia, y la segunda por demasiado limitada, para resolver los problemas del desarrollo tecnológico-científico de la economía de escala, del bienestar social y del poder de negociación en el mundo transnacionalizado, asimétrico y altamente competitivo del presente. Las naciones intermedias y pequeñas tienen muy pocas alternativas para viabilizarse aisladamente.
Creemos que la idea de establecer un nuevo orden internacional y social en forma unilateral, mediante decisiones exclusivamente nacionales y/o personales, se ha constituido en una alternativa de muy bajo poder de credibilidad. Los países periféricos que no se integran, están condenados a un creciente ostracismo, disminuyendo aún más su poder de negociación e inserción en el concierto internacional.
El desarrollo del Norte se ha separado del progreso del Sur. El Norte desarrollado ya ostenta ventajas absolutas y difíciles de remontar, en plazo previsible, frente al sur subdesarrollado. De una relación de 4 a 1 en el nivel de ingreso entre los países más avanzados y los más retrasados registrada antes de la revolución industrial se pasó a una relación de 30 a 1 en 1970, de 50 a 1 en 1980 y de 125 a 1 en 1990. Y esto es aún peor si nos detenemos a observar la distribución del ingreso que es infinitamente más regresivo en los países más pobres.
Hoy, se contraponen frontalmente la soberanía formal de los países de la periferia, con la soberanía real de los centros. Y esto es así porque la soberanía real no puede medirse en abstracto ni tampoco por la igualdad jurídica sobreentendida sino en concreto, por la capacidad efectiva de autodeterminación en un mundo crecientemente interdependiente.
Hoy más que nunca el camino de la integración regional, del accionar conjunto aparece como la alternativa válida para la supervivencia y el crecimiento, para una mejor inserción de la región en el sistema internacional y para un fortalecimiento de la soberanía real de los países periféricos.
La integración supone una decisión política. En todo proceso de integración, aunque se instrumente económicamente, subyacen contenidos y objetivos indudablemente políticos. La decisión de integrarse, con quién integrarse, cómo integrarse y para qué integrarse es esencialmente política. La integración Europea fue pergeniada por hombres políticos (Adenauer, De Gasperi, Schuman) estructurada sobre bases políticas y tendiente a un fin político, el de constituirse en un bloque competitivo a escala mundial.
Lamentablemente, en nuestra región, aún no se ha formado la necesaria conciencia que con la integración podemos reposicionarnos en el mundo, redimensionarnos y potenciarnos internacional-mente. Que podemos hacer posible lo que a escala nacional ya no lo es y a escala mundial tampoco, y que podemos mejorar el nivel de competitividad, de empleo y la calidad de vida de nuestra gente, creando las condiciones básicas que apunten a esos fines políticos y no a otros.
En nuestra práctica integracionista de más de 30 años, ha prevalecido una visión básicamente comercial. Así han cabalgado sin rumbo, más allá de avances y retrocesos coyunturales, todos los ensayos institucionalizados de integración, desde la ALALC, el MCCA, y el Pacto Andino en los 60, hasta la ALADI, la conformación del grupo de los 8 y los acuerdos de integración con Brasil en los 80, a pesar que estas dos últimas experiencias, con sus diferentes génesis y matices, contenían un claro proyecto de un perfil autonómico para la región.
El ascenso al poder de gobiernos conservadores en los años 90, coincide con la estructuración del MERCO SUR, dada a través del Tratado de Asunción de marzo del 91. Sin dudas, ello modificó el interés mundial que hasta entonces representaba América del Sur. Así, los EEUU proponen el ALCA, el diálogo 4 + 1, y Europa impulsa negociaciones por una zona de libre comercio. Estos celos que despierta el Mercosur entre los países centrales, son consecuencia de un mejor posicionamiento de la región en el mundo, a partir de la integración. Creemos que una futura zona de libre comercio hemisférica, o cualquier otra forma de asociación con EEUU debe, en su caso, ser formulada y negociada desde el Mercosur como bloque, sobre una mayor base de poder, donde generar un mayor rédito. No queremos una integración entre desiguales, una integración hegemónica y estática, que reproduzca y consolide la actual estructura de poder internacional.
Estamos por una integración solidaria, dinámica, que apunte a una trasformación con equidad.
Porque los socialistas estamos frontalmente en contra de la visión fundamentalista de la globalización, según la cual un país es o no viable en la medida que adhiera incondicionalmente al mercado internacional, para lo cual la desregulación económico-finaciera y el achicamiento del Estado son medidas necesarias para que los actores transnacionales sean atraídos, y así promover el crecimiento y la competitividad internacional. En este marco no hay otra alternativa que la adecuación pasiva al orden existente, y se sugiere que el dilema del desarrollo fuera de esta lógica ha desaparecido. Esta perspectiva fundamentalista de la globalización es el retorno al absolutismo, no ya de la monarquía sino de los mercados, los nuevos sagrados sociales. Frente a ésa concepción surgió el liberalismo, frente a esta nueva versión es el socialismo el que debe echar las nuevas bases para su superación. No se trata de negar las características contemporáneas de la globalización, -pretenderlo sería como querer tapar el sol con un harnero- sino de ver quién la gobierna y cómo la gobierna.
El Mercosur es lo que tenemos, y debe ser el cimiento sobre el cual debemos construir la integración que queremos. El camino recorrido hasta hoy es la expresión de las dificultades superadas, pero también de las falencias y deformaciones que se tienen que corregir.
En primer lugar al Mercosur hay que dotarlo de mecanismos permanentes de concertación, jerarquizando criterios comunes especialmente en el área de política exterior. No podemos proyectar hacia la sociedad la impresión de que el Mercosur se encuentra al borde del abismo político, como sucedió con la designación de nuestro país como aliado extra-OTAN, o con la postura del Brasil respecto del Consejo de Seguridad de la ONU. Los problemas deben transformarse en puntos para el avance y no para el retroceso que supone la sorpresa y el accionar unilateral. Estos son recursos para la confrontación, de suma cero a un proceso integrador trascendente.
Hay que democratizar el Mercosur. Avanzar hacia organismos supranacionales que superen, tanto en la conducción como en la resolución de conflictos, el actual y ajustado marco intergubernamental, donde a la postre son los ministerios de Economía los que toman las decisiones. La trascendencia de las instituciones comunitarias no puede depender de acuerdos coyunturales. Ha faltado la voluntad política de someterse normativamente a pautas objetivas supranacionales y estables, que estén por encima de las presiones de los grupos hegemónicos.
Los parlamentos no tienen ninguna influencia en las decisiones, salvo expresiones consultivas, inscriptas en el fuerte presidencialismo característico de nuestros países. A pesar de ello, fue su accionar conjunto tanto en Chile como en Argentina, el que sentó las bases para superar el último diferendo limítrofe en las zonas de los Hielos Continentales.
El protagonismo excluyente de los actores ejecutivos en la orientación del proceso, exhibe un déficit democrático que corroe progresivamente su necesaria legitimación. Ella debe sustentarse en la participación de representantes políticos, sociales, sectoriales y de la sociedad civil, como los partidos políticos, las universidades, las ONGs, las Pymes, los sindicatos, etc.
Elitizar el proceso es profundizar su limitación.
Los países del Mercosur, no tienen establecido entre sus objetivos acordar puntos comunes orientados a mejorar el nivel de vida de los sectores más vulnerables. Se plantean graves problemas de desocupación y desprotección social, como resultado del fundamentalismo de mercado de los gobiernos conservadores, que lejos de reducir asimetrías, condujeron a una mayor concentración de la riqueza, convirtiendo a las mayorías no en sujetos, sino en objetos de la integración.
En este marco resulta difícil imaginar que se concrete una agenda social, como también que se jerarquice el estímulo hacia una cultura de la integración, a través de la educación, de la movilización y participación de la sociedad civil en el proceso, que debe convertirse en categoría política tanto a nivel nacional como regional. Lo óptimo sería que estas políticas sean diseñadas por un parlamento del Mercosur.
Sabemos que es un largo camino, pero entendemos que la democratización del espacio regional, tanto como del internacional, son los filtros de los efectos nocivos de la globalización. Esto implica también una reformulación del sistema de las Naciones Unidas, fortaleciendo su rol pero perfeccionando sus mecanismos, entre ellos, la democratización del Consejo de Seguridad y la inclusión en el seno de un Consejo de Seguridad Económico y Social de los Organismos de Bretton Woods. Estos también deben ser democratizados en su composición y funcionamiento.
Paradójicamente, ante las crisis financieras, el G7 ayuda corporativamente a quienes las provocan -las concentraciones de capital especulativo- y castiga con planes de ajustes a sus víctimas a través del FMI. Lo propio ocurre con la crisis del endeudamiento externo. Ya a fines del 96 América Latina debía 607.230 U$A millones. Para la Argentina y Brasil la deuda representa cerca del 408% y del 360% de sus exportaciones respectivamente. No hay posibilidades significativas de adoptar políticas activas con estas obligaciones, las cuales fueron programadas y reprogramadas, irresponsablemente, por el fundamentalismo conservador. Se trata de una realidad matemática, no ideológica. U optamos por dejar que se transformen en desiertos nuestros países, y seguir pagando lo que ellos han acordado, u optamos por la reformulación de estos pagos para generar otras posibilidades. El tratamiento de este tema, como lo ha señalado el Vaticano, compete tanto a acreedores como deudores, es una temática mundial, tanto como la regulación multilateral de los flujos del capital especulativo.
Para todo esto es necesario el accionar concertado, la suma de poder regional que nos reinstale como región en el mundo con capacidad negociadora. Hay que desmitificar el viejo concepto de soberanía nacional, porque hoy es en el marco regional donde ella se potencia. El euro hace hoy mucho más soberanos a los europeos (que concertan e instalan en común su moneda en el mundo), que su anterior variable dada por el Banco Central Alemán.
El gobierno propone la dolarización de la moneda frente a las crisis financieras y la xenofobia frente a la inseguridad. ¿Acaso son nuestros hermanos latinoamericanos responsables también del contrabando de armas, o el caso IBM? Nosotros, en cambio, estamos por la concertación de las políticas macroeconómicas y monetarias, así como por una integración solidaria. No partimos de las patologías, sino de las soluciones que han sido exitosas en el mundo, y que este tiempo histórico nos llama a construir, de cara al siglo XXI y hacia el mundo multipolar que anhelamos.