DECLARACIÓN DE PRINCIPIOS Y PROGRAMA PSP

Congreso del 23 de Abril de 1972

 

DECLARACION DE PRINCIPIOS

El Partido Socialista Popular, representado por sus delegados reunidos en Congreso afirma:

Que la clase trabajadora es oprimida y explotada por la clase capitalista gobernante.

Que ésta, dueña como es de los medios de producción y disponiendo de todas las fuerzas del Estado para defender sus privilegios, se apropia la mayor parte de lo que producen los trabajadores y les deja sólo lo que necesitan para poder seguir sirviendo en la producción.

Que por eso, mientras una minoría de parásitos vive en el lujo y la holgazanería, los que trabajan están siempre en la inseguridad y en la escasez y muy comúnmente en la miseria.

Que en la República Argentina, a pesar de la gran extensión de tierra inexplotada, la apropiación individual de todo el suelo del país ha establecido de lleno las condiciones de la sociedad capitalista y dependiente.

Que estas condiciones están agravadas por la ineptitud y rapacidad de la clase rica.

Que la clase rica, mientras conserve su libertad de acción, no hará sino explotar cada día más a los trabajadores, en lo que la ayudan la aplicación de las máquinas y la concentración de la riqueza.

Que, por consiguiente, o la clase obrera permanece inerte y es cada día más esclavizada, o se levanta para defender desde ya sus intereses inmediatos y preparar su emancipación del yugo capitalista.

Que no sólo la existencia material de la clase trabajadora exige que ella entre en acción, sino también los altos principios de derecho y justicia incompatibles con el actual orden de cosas.

Que la libertad económica, base de toda otra libertad, no será alcanzada mientras los trabajadores no sean dueños de los medios de producción.

Que la evolución económica determina la formación de organismos de producción y de cambio cada vez más grandes, en que grandes masas de trabajadores se habitúan a la división del trabajo y a la cooperación.

Que así, al mismo tiempo que se aleja para los trabajadores toda posibilidad de propiedad privada de sus medios de trabajo, se forman los elementos materiales y las ideas necesarias para sustituir el actual régimen capitalista con una sociedad en que la propiedad de los medios de producción sea colectiva o social, en que cada uno sea dueño del producto de su trabajo, y a la anarquía económica y al bajo egoísmo de la actualidad sucedan una organización científica de la producción y una elevada moral social.

Que esta revolución, resistida por la clase privilegiada, puede ser llevada a cabo por la fuerza del proletariado organizado.

Que mientras la burguesía respete los derechos politicos, el uso de estos derechos y la organización de resistencia de la clase trabajadora -serán los medios de agitación, propaganda y mejoramiento que servirán para preparar esa fuerza.

Que para tales fines, conviene propugnar expresamente el sostenimiento del regimen democrático representativo republicano y federal y los principios y fines de la Constitución Nacional.

Por tanto:

El Partido Socialista Popular llama al pueblo trabajador a alistarse en sus filas de partido de clase, y desarrollar sus fuerzas y preparar su emancipación sosteniendo su programa mínimo.

PROGRAMA DEL PARTIDO SOCIALISTA POPULAR

De acuerdo con la declaración de principios, el objetivo final e irrenunciable del Partido Socialista Popular es la instauración del Socialismo en la República. En el camino hacia el objetivo propuesto y en este momento de la realidad nacional, enunciamos el siguiente PROGRAMA, subordinado siempre a aquella finalidad.

I. En lo económico: construcción de una economía nacional independiente.

II.            En lo laboral: cumplimiento y superación de la legislación laboral.

III.          En lo social: educación, salud y justicia para todos.

IV.          En lo político: vigencia plena de la soberanía popular.

V. En lo internacional: soberanía y autodeterminación nacional.

 

I

1. CONSTRUCCIÓN DE UNA ECONOMÍA NACIONAL E INDEPENDÍENTE

Los capitales extranjeros han estructurado históricamente la economía del país de conformidad con sus intereses. La oligarquía terrateniente fue el brazo ejecutor y el socio de los monopolios extranjeros.

La dependencia externa y la actividad de la oligarquía configuran al país agroexportador. La industria, que surgirá más tarde sobre este transfondo económico, no modificará el carácter deformado y dependiente del mismo.

Este proceso, que nace en la colonia y continúa hasta nuestros días, con breves recesos, inicia su última etapa de agudización el 28 de junio de 1966. Después de tomado por asalto el poder, la dictadura mercenaria se da vertiginosamente a su tarea de entregar a los monopolios extranjeros las principales empresas de cada una de las ramas de la producción. Los frutos de esta política antinacional no demoran en exteriorizarse y, en 1969, de las 100 empresas que tienen más venta en nuestro país, 72 pertenecen a los monopolios extranjeros.

Como no puede ser de otra forma en un país dependiente, las crisis periódicas, que se manifiestan fundamentalmente en el sector externo, obligan a recurrir a los organismos internacionales que, a través de sus préstamos usurarios, encadenan progresivamente al país: la deuda externa argentina es hoy superior a cinco mil millones de dólares y, en la actualidad, el pago de los intereses y amortizaciones de dicha deuda compromete la mitad del monto de nuestras exportaciones anuales. Esta es la realidad que ha deparado al país la "ayuda" del capital extranjero, acerca del cual la propia CEPAL ha consignado: "El aporte de la inversión extranjera ha sido persistentemente negativo y, en la práctica, durante el período 1950/69, por cada dólar que ingresó salieron más de diez en forma de depreciación y utilidades".

Ni por excepción pueden coincidir los intereses del pueblo argentino con los intereses del capital extranjero y sus socios nativos. El sistema económico-social que distorsiona al país provocando el éxodo del campo y del interior todo, mantiene subexplotada una de las tierras más feraces del mundo. Sobre ese éxodo y esa subexplotación se erigen los privilegios y el poder político de la oligarquía. Un sistema que produce de acuerdo con la planificación formulada por las empresas monopolistas a nivel internacional para mantener sus máximas utilidades, luego giradas al extranjero o utilizadas para acrecentar su poderío interno, es un sistema que invierte e! sentido de la organización social: pone al hombre como medio y al lucro como fin y no al bienestar humano como objetivo.

Este sistema reserva al pueblo, único y auténtico productor, el papel de espectador y ejecutor pasivo de las decisiones que se toman sin su consenso y en contra de sus intereses. Cuando las grandes mayorías nacionales abandonan la pasividad cae sobre sus espaldas la represión organizada e institucionalizada por los servidores de la oligarquía y de! imperialismo. Para poner al hombre como objetivo último de la organización económica, el pueblo argentino necesita romper con la actual estructura dependiente dei imperialismo y edificar, en su reemplazo, una economía independiente y al servicio de las grandes mayorías nacionales que integran los trabajadores, los profesionales, los estudiantes, los científicos y los pequeños y medianos empresarios del campo y la ciudad.

Para asegurar a estos sectores populares posibilidades plenas de salud, de cultura y de desarrollo integral, es imprescindible terminar con la actual estructuración dependiente del imperialismo rescatando para el pueblo las palancas de decisión tanto en lo económico como en lo político.

 

2. PLANIFICAR POPULARMENTE LA ECONOMÍA

Las palancas de decisión en lo económico y político pasarán de manos de los monopolios extranjeros y la oligarquía terrateniente, a manos del pueblo y dejarán de constituir instrumentos de dominación y explotación de millones de hombres y mujeres argentinos.

Los medios de producción estarán sólo incondicionalmente al servicio del pueblo a través de una planificación popular de la economía, cuyas decisiones serán tomadas con la participación de todos los sectores populares.

El Estado, democrático y popular, será fiel ejecutor de las decisiones de las mayorías nacionales, asumirá un papel de primera importancia en la reconstrucción de la economía y ésta será puesta, por primera vez en nuestra historia, al servicio sistemático de la satisfacción de las necesidades sociales. Jugará su rol productivo a través de las actuales empresas del Estado, a las cuales se sumarán aquellas empresas que se rescate de mano de los monopolios.

El área social de la economía quedará integrada por la nacionalización dei comercio exterior, del sistema bancario y de seguro, del transporte, comunicaciones, fuentes energéticas, industria pesada y riquezas estratégicas.

El pueblo, representado por un Estado popular y democrático. ejercerá autónomamente el poder de decisión sobre política económica. El Fondo Monetario internacional y demás organismos financieros internacionales dejarán de dictar lo que se debe hacer en nuestro país. Esta autonomía significa romper todos los vínculos que hayan sido establecidos con dichos organismos.

3. PROMOVER LA INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA Y EL DESARROLLO TECNOLÓGICO

Otro factor de dependencia es la subordinación tecnológica, que se traduce en millones de dólares salidos del país en concepto de regalías y patentes y en nuestra deformación tecnológica.

Las actuales luchas interimperiaüstas se producen en menor medida sobre las fuentes de materias primas y, en cambio, alrededor del nacimiento de nuevas técnicas y de proyectos científicos (industrias de vanguardia: cibernética, aeronáutica, instrumentos, de precisión, etc.). La constante salida de profesionales hacia el exterior —frustración de nuestras inversiones en educación y del beneficio perseguido— es altamente significativa al respecto.

En última instancia, el crecimiento económico ha dependido siempre del progreso científico y tégnico. Sin tecnología propia y sin formación de técnicos e investigadores no será posible emprender una renovación profunda de las técnicas de producción adaptadas a nuestras necesidades específicas, con áreas prioritarias a desarrollar y de conformidad con los recursos con que cuenta el país, a fin de crear nuevos medios cada vez más eficaces e incrementar la productividad del trabajo.

4. ASENTAR LA INDEPENDENCIA ECONÓMICA SOBRE LA BASE DEL AHORRO NACIONAL

El desarrollismo y las demás ideologías de la dependencia extranjera sostienen que el progreso tecnológico y de las industrias básicas será sólo posible si se cuenta con la ayuda del capital extranjero, dado que no generamos el ahorro suficiente para efectuar el cúmulo de inversiones necesarias que requieren las antedichas. Según ellos debe abrirse, como se ha hecho, las puertas de la economía nacional, sometiendo la política económica a los mandatos del F.M.I. y brindando todo tipo de facilidades crediticias, impositivas y cambiarías para la radicación de capitales extranjeros, así como también poniendo a su servicio las inversiones efectuadas por el Estado para suministrarles energía, caminos, vías férreas, etc., en condiciones preferenciales y ventajosas.

Ese planteo es falso. El país no sólo cuenta con ahorros o excedentes económicos reales, que son sustraídos de una u otra forma a la economía nacional, sino que además cuenta con excedentes económicos potenciales que, por medio de una planificación económica correcta, se transformarán en excedentes efectivos, suprimiendo consumos parasitarios, empleando la fuerza laboral disponible y los medios de producción parcialmente utilizados y corrigiendo la orientación de la inversión. Todo lo cual generará una mayor producción con los medios existentes y aumentará el ahorro nacional, sin apelar a la rebaja de los salarios. Más aún, el aumento de la productividad del trabajo posibilitará el incremento de los salarios reales y la disminución de la jornada laboral.

Los objetivos antes mencionados se lograrán con la realización del siguiente conjunto de medidas:

Nacionalización de los sectores claves de la economía

Recuperar, en los sectores claves de la economía, aquellas empresas que, por encontrarse en manos de monopolios extranjeros y locales, regulan la producción industrial de su sector, controlan la explotación o comercialización de las riquezas básicas y, en su conjunto, condicionan el desarrollo económico y social.

Nacionalización de la siderúrgica básica

Expropiar los monopolios extranjeros que se encuentran en la producción de arrabio, acero y laminados. Restituir a SOMISA el carácter exclusivo de empresa del Estado, suprimiendo su forma actual de empresa mixta. Explotación de los yacimientos de mineral de hierro existentes con reservas calculadas por empresas nacionales y otorgamiento de prioridad a ia explotación de Sierras Grandes. Integración de todos las etapas de la industria siderúrgica.

Nacionalización de la química pesada

Esta rama, que se encuentra prácticamente en manos de ernpresas ¡mperialistas, es proveedora de materias primas para  centenares de empresas de diverso tipo de producción. De ahí su carácter clave y su imposibilidad de que se mantenga en poder de ios monopolios extranjeros.

Nacionalización de la industria automotriz terminal

Esta medida indicará la reorientación de la producción y la concentración de recursos para obtener unidades automotrices tipo a un menor costo unitario, así como también vehículos de transporte colectivo y los necesarios para cada actividad productiva.

Nacionalización de los recursos y de la infraestructura energética

Transferencia a Agua y Energía de todas las usinas termoeléctricas de magnitud —SEGBA, CIADE, etc.— de la explotación del complejo hidroeléctrico Chocón-Cerros Colorados y de la usina termonuclear de Atucha. Participación de todas las provincias en la dirección de Agua y Energía Eléctrica, a cuyo cargo correrá la planificación de la producción y distribución de la energía eléctrica en todo el país. Desarrollo de la electrificación rural y de las zonas marginales del territorio nacional. Anulación de todos los contratos de entrega suscriptos por la dictadura y preexistentes.

Monopolio estatal del petróleo, gas y carbón

Monopolio estatal de la exploración, explotación, industrialización y comercialización del petróleo, del gas y del carbón a través de YPF, Gas del Estado y YCF. Reestructuración de estas empresas tendiente a lograr su máxima eficiencia e incorporación a las mismas de representantes de las provincias. Anulación de todos los contratos de concesión suscriptos por la dictadura y preexistentes.

Preservación de la riqueza de la plataforma marítima y promoción de ia industria pesquera

Concreción definitiva del estudio que determine las posibilidades económicas de la explotación de la riqueza ¡ctícola de nuestro extenso litoral marítimo, de los mares australes y de nuestros ríos. Creación de una flota estatal de barcos pesqueros de altura. Incremento sistemático de la siembra en nuestras extensiones lacustres. Promoción de cooperativas integrales de pescadores y comercialización de la pesca a través de las mismas. Desarrollo de la industria alimenticia de los productos de la pesca. Instalación de cámaras frigoríficas en el interior.

Defensa del subsuelo minero

El subsuelo minero constituye patrimonio inalienable de la Nación. La realidad demanda la concreción del estudio geológico de su territorio, el incremento y promoción por parte de las empresas nacionales en la explotación de los yacimientos de carbón, hierro, cobre, plomo, zinc, plata, estaño, bauxita, tungsteno, berilio y uranio. Cancelación de todo derecho de explotación que haya sido otorgado a compañías extranjeras sobre yacimientos mineros de carácter estratégico e intervención del Estado en su explotación. Apoyo a la mediana y pequeña empresa minera.

Defensa de las riquezas forestales

Recuperar las riquezas forestales a los fines de la explotación racional de nuestros bosques, de la reforestación y de la formación de los mismos. Instalación de una planta celulósica que cubra las necesidades de papel.

Nacionalización de los medios de transporte y comunicación

Desarrollo eficiente de los ferrocarriles argentinos y de las flotas marítimas, fluvial y aérea. Realizar la mayor parte del transporte de carga interna por vías férreas y fluviales. Trasladar el mayor porcentaje de exportaciones posible en nuestras bodegas marítimas, incluyendo en los convenios internacionales la cláusula de transporte para asegurar tal objetivo. Desarrollo de ELMA. Exclusividad en el cabotaje nacional, aéreo y marítimo para empresas argentinas públicas y privadas. Supresión de subsidios a toda empresa privada de transporte. Fijación de tarifas de pasaje y de carga tendientes a favorecer el desarrollo de todo el interior. Desarrollo de la industria nacional naval (astilleros) y ferroviaria.

Nacionalización del sistema financiero y de seguros

Control de cambios a fin de evitar la fuga de capitales y al empleo de divisas en la adquisición de bienes suntuarios y prescindibles para el país. Moratoria de la deuda externa.

Nacionalización del sistema bancario. Nacionalización de las actividades del seguro y reaseguro.

Nacionalización del comercio exterior

Monopolio estatal del comercio exterior. La actual libertad de comercio es la máscara detrás de la cual se encuentra el monopolio que ejercen los trust internacionales (Deltec, Bunge y Born, Dreyfus, etc.). Frente al enorme poder que concentran en sus manos esos monopolios comercializadores imperialistas, el productor argentino sólo pueda triunfar oponiéndoles el poder representado por una acción estatal que concentre en sus manos todas las actividades vinculadas al comercio exterior. El dilema no está planteado entre "libertad de comercio" o "monopolio estatal", sino entre monopolio al servicio de los intereses extranjeros o monopolio al servicio del pueblo argentino. Para concretar este propósito es necesario:

a) Un organismo estatal que enfrente como único comprador y vendedor a los trust internacionales.

b) Una política comercial basada en el comercio con todos los países del mundo, sin exclusiones políticas ni ideológicas. Política de convenios bilaterales y rechazo de las normas derivadas de integraciones regionales del tipo ALALC, Pacto Andino, que sean lesivas al país.

c) Un Banco de Exportación e Importación.

d) Flota marítima y fluvial en manos del Estado. En especial, organización de la flota de barcos frigoríficos.

e) Organismo estatal de comercialización de las cosechas.

f) Organismo estatal de comercialización de las carnes.

g) Nacionalización de los elevadores de granos.

h) Nacionalización de los puertos.

Todas estas actividades serán realizadas por organismos donde sólo tendrán participación efectiva los sectores que sean productores directos.

 

Reforma Agraria

Realización de la reforma agraria consistente en la expropiación del latifundio y en la creación de cooperativas de producción. Asegurar mayor producción, mejor calidad, bajos costos, bajos precios y mejoramiento de las condiciones de vida de las poblaciones rurales.

La modificación sustancial del actual régimen de tenencia de la tierra traerá la tecnificación y mecanización como consecuencia. POR MODIFICACIÓN DEL REGIMEN DE TENENCIA DE LA TIERRA DEBE ENTENDERSE LA DESAPARICIÓN DE LA CLASE DE LOS TERRATENIENTES Y DE LOS GRANDES INVERNADORES, ASI COMO DEL RÉGIMEN DE ARRIENDO ACTUAL. Brindar al trabajador rural las mismas condiciones de bienestar y posibilidades culturales que las existentes en las ciudades.

Determinación da precios únicos para cereales y carnes. Fijación de precios máximos para semillas, herbicidas, plaguicidas, productos veterinarios y máquinas agrícolas. Expropiación de los frigoríficos extranjeros y su transformación en cooperativas de producción. Comercialización de nuestras exportaciones agropecuarias a través de organismos estatales y cooperativos. Municipalización de los frigoríficos cuya producción se destine al consumo local.

Desarrollo y manejo adecuado de la sección de créditos agropecuarios del Banco de la Nación, orientados hacia la estabilidad del mediano y pequeño productor. A las cooperativas de producción y a la diversificación de la producción agropecuaria. Desarrollo del INTA y realización por su intermedio del plan de producción agropecuaria, otorgándole participación en las etapas de comercialización y asesoramiento obligatorio de las cooperativas de producción y en la explotación de los predios afectados a la reforma agraria.

Instalación o traslado de las actividades agro-industriales, cuyos procesos; utilicen materias primas zonales.

Nacionalización de la industria de maquinaria agrícola que se halle en manos de monopolios extranjeros.

Reestructuración del área privada de la economía determinando sus roles y funciones

Reordenamiento paulatino de su producción de acuerdo con las necesidades del país.

Dentro de la planificación popular de la economía, se asegurará la ocupación plena de sus recursos con el objetivo de satisfacer las necesidades sociales de capitalización y consumo.

Prohibición de la importación competitiva con la industria nacional.

Asistencia financiera —préstamos a interés reducido y eliminación de la usura— técnica y de servicios, que le permita cumplir con sus funciones.

Régimen impositivo equitativo y simplificado.

Eliminación de la intermediación parasitaria.

Desarrollo del interior

Incremento preferencial del desarrollo de las regiones del interior: en Salud Pública, en Educación, en Vivienda, en Energía, en Obras Sanitarias, en esparcimiento y creación de fuentes de trabajo, consistente primordialmente en la manufactura de las materias primas de diversas zonas.

Suministro de los insumos y transportes provistos por las empresas del Estado y servicios públicos para la industria de Interior a precios inferiores que los fijados para las empresas metropolitanas.

Integración de las distintas zonas económicas en el desarrollo de la red vial y ferroviaria: prioridad a las rutas que unen las regiones del interior del país entre sí.

Política de aprovechamiento de los recursos hídricos, fundamentalmente en sus aspectos energéticos y de riego.

Política económica

La politica presupuestaria estará basada, en lo que hace a los impuestos, en la capacidad contributiva y será una herramienta efectiva en la redistribución de los ingresos, tanto personales como regionales.

En lo que hace a los gastos, se atenderá a la satisfacción de las necesidades sociales de vivienda, educación y salud pública y a la producción de las industrias básicas.

La política monetaria estará dirigida a acompañar los cambios de estructura que hemos señalado oportunamente y en los que radica la posibilidad de estabilidad de precios que beneficia los intereses populares. La lucha contra la inflación será ganada con mayor cantidad de bienes producidos y la justa distribución entre sus reales productores.

La política ocupacional garantizará la plena ocupación de todos los argentinos en edad de trabajar, con un digno nivel de remuneración.

La política de ingresos reales modificará la actual distribución del ingreso nacional en forma tal que asegurará jornales y sueldos dignos a los obreros, empleados, como así también a los profesionales, docentes y demás integrantes de la clase media laboriosa.

Control de precios y costos con participación de organizaciones sindicales y vecinales y de las cooperativas de consumo.

 

II

CUMPLIMIEMTO Y SUPERACIÓN DE LA LEGISLACIÓN LABORAL

1.            Garantía para el trabajador de una remuneración mínima suficiente para solventar sus necesidades y las de su familia dentro de la jornada de trabajo;

2.            Limitación de las horas extras a los casos estrictamente indispensables;

3.            Actualización periódica del salario por una comisión integrada por representantes de la central obrera y de acuerdo con las variaciones reales del costo del nivel de vida;

4.            Eliminación del trabajo a destajo;

5.            Salarios iguales para ambos sexos, en tareas equivalentes;

6.            Supresión del cómputo de los días inhábiles para las vacaciones;

7.            Ampliación del fuero sindical, otorgando inmunidades a los delegados generales de taller, fábrica o establecimientos comerciales y a los miembros de comisiones directivas de todo grado, los que no podrán ser detenidos, procesados o juzgados sin previo desafuero, salvo el caso de "in fraganti" delito de carácter común;

9.            Abolición de todas las disposiciones que limitan el derecho de huelga;

10.          Derogación de las leyes y decretos sancionados por la dictadura que cercenan, limitan o desconocen derechos adquiridos por la clase trabajadora;

11.          Libre discusión y actualización de los convenios colectivos de trabajo, en las comisiones paritarias;

12.          Establecimiento de privilegio en los créditos emergentes del contrato de trabajo sobre todos los bienes del empleador, con precedencia respecto a cualquier crédito, salvo los alimentarios y consideración en los concursos de la falta de pago de salarios como configurante de la conducta culpable o fraudulenta del fallido.

 

III

1. EDUCACIÓN, SALUD Y JUSTICIA PARA TODOS

El progreso de un país está vinculado básica y esencialmente a la calidad y cantidad de los integrantes de su pueblo. El hombre constituye el factor esencial de todo proceso económico, social y político. El hombre determina esos procesos y los pone a su servicio. El hombre tiene la posibilidad de modificar el medio que lo rodea y aún su propia realidad. La capacidad potencial creadora y realizadora de los pueblos liberados es ilimitada.

Por todo lo expuesto, consideramos a la salud pública y a la educación, por incidir directamente en el condicionamiento y en la superación material y cultural del pueblo, los cimientos básicos de todo proceso serio y sano del desarrollo nacional autónomo.

La causa de la liberación nacional encierra, entre sus grandes batallas, las de la salud pública y de la educación.

2. SALUD PUBLICA

Entendemos por salud pública la preservación, incremento y promoción de la salud de todos los integrantes del pueblo.

Partiendo de los servicios sanitarios existentes, planteamos garantizar asistencia médica integral gratuita a todos los habitantes de la Nación, coordinando al efecto los servicios oficiales, sindicales y mutuales.

Desarrollo de un programa nacional permanente de educación sanitaria en centros de trabajo, de estudio, clubes, cooperativas y vecinales.

Fijación de precio fijo y uniforme a los medicamentos. Depuración y reestructuración científica de la farmacopea nacional argentina. Control público de la Industria farmacéutica a los efectos de garantizar seguridad y accesibilidad del medicamento. Los laboratorios extranjeros serán nacionalizados e integrados en una empresa estatal.

 

3 EDUCACIÓN

El Estado deberá garantizar la educación gratuita, común y laica. El ciclo obligatorio estará integrado por la enseñanza primaria y media.

La Universidad será estatal, su Ingreso libre y su enseñanza gratuita. Se jerarquizará el desarrollo de las carreras de mayor vinculación con el desenvolvimiento del país y el bienestar del pueblo.

La Universidad será autónoma y su gobierno estará integrado por profesores, estudiantes, egresados y no docentes.

Todos los niveles educativos se estructurarán en forma tal de posibilitar su aprovechamiento por parte de quienes deben trabajar y estudiar.

Todos los medios de comunicación de masas deberán brindar espacios determinados a programas educativos preparados por los organismos específicos.

Desarrollo nacional constante de la campaña de alfabetización.

Remuneración adecuada a los cuerpos docentes de todos los ciclos.

Realización periódica de cursos do superación docente y de post-graduados universitarios.

Promoción de la enseñanza del adulto y readaptación técnica del trabajador.

Organización de la práctica del deporte en los lugares de concentración y en centros de esparcimiento creados a ese fin.

 

4. VIVIENDA

Materialización del derecho a la vivienda digna. Para ello, encarar la construcción de viviendas que estén al alcance de las familias trabajadoras. Suspensión de los desalojos urbanos y rurales.

 

5. CULTURA

Fomento de las actividades artísticas y culturales. Divulgación a nivel popular de las expresiones auténticas del quehacer cultural: literatura, plástica, teatro y música. Ampliar el apoyo estatal al Fondo Nacional de las Artes y al Instituto Nacional de la Cinematografía, a los qué deberá darse base popular. Creación de becas para el incentivo de la vocación creativa individual y colectiva. Propiciar el intercambio cultural con todos los países del mundo, sin discriminación ideológica.

 

6. DE LA JUVENTUD

Otorgar a la juventud una plena participación en la planificación y ejecución del quehacer nacional a todo nivel.

 

7. DE LA FAMILIA

Protección de la familia numerosa y cuidado de la relación rnaterno-infantil. Restablecimiento de la disposición legal que posibilita el divorcio vincular.

 

8. DEL MENOR

Atención integral del menor, dotando a los establecimientos habilitados a tal fin de los adelantos técnico-científicos de la época.

Constituc¡ón de hogares escuelas para la recepción de los menores desamparados.

 

9. COMUNIDADES INDÍGENAS

Reconocimiento de las comunidades indígenas realizando en forma conjunta una política integratoria.

 

10. SEGURIDAD SOCIAL

Reestructuración del actual sistema previsional tendiendo, a asegurar una jubilación inmediata, cierta y de un nivel acorde con el costo de la vida. Garantizar la amplia participación de los trabajadores activos y pasivos en la conducción y funcionamiento de los organismos provisionales y el estricto cumplimiento de los aportes por parte del Estado y de los particulares. Igualdad de niveles en límites de los beneficios.

 

11 TURISMO

Estructuración del turismo social interno. Utilización de los parques y reservas nacionales con idéntico criterio. Realización de la infraestructura necesaria para el incremento sostenido del turismo nacional. Anulación de las transferencias de explotación de hoteles, realizada por la dictadura.

 

12 MEDIOS DE COMUNICACIÓN DE MASAS

Reglamentación de los medios de comunicación masiva al servicio de la educación, la formación integral, el esparcimiento sano y la libertad Informativa. Reducción y ordenamiento en los mismos de los espacios publicitarios.

 

IV

VIGENCIA PLENA DE LA SOBERANÍA POPULAR

Para que los puntos de este programa se concreten, es indispensable:

1 . El ejercicio pleno de las libertades políticas, derechos y garantías constitucionales para todos.

2. Que la conducción política esté en manos de quienes legítimamente representen al pueblo lo que requiere que a través de la movilización y organización se rescate el poder político de manos del capital extranjero, la oligarquía terrateniente y la burguesía aliada a esos sectores.

Por ello, propugnamos:

a)            Vigencia plena de los derechos y garantías constitucionales: de palabra, de prensa, de reunión, de asociación, de creencias; derecho a la existencia y creación de organizaciones y partidos políticos; derecho a aprender y a enseñar; igualdad de derechos entre hombres y mujeres. Derogación de la legislación represiva, en especial en lo que respecta a la pena de muerte y al delito de opinión. Aplicación de las leyes que sancionan los apremios ilegales de toda índole. Disolución de los organismos organizados para la represión política y sindica!. Sostenimiento del regimen democrático, representativo, republicano y federal, y de los principios y fines de la Constitución Nacional.

b)           Elecciones libres y sin proscripciones: libertad de elegir y ser elegido, sin ningún tipo de excepciones. El Partido Socialista Popular luchará por una acción política que supere las falsas divisiones del pueblo argentino, constantemente instrumentadas por sus enemigos fundamentales: el Imperialismo y la oligarquía. Deba establecerse la obligatoriedad de que los integrantes de todo cuerpo colegiado de origen popular, a nivel municipal, provincial y nacional, efectúen periódicos informes a sus electores acerca de su actividad pública. Debe garantizarse a los electores la posibilidad de renovación del mandato.

c)            Participación efectiva del pueblo argentino en la conducción económica, política, social y cultural, a través de organismos donde se expresen democráticamente los sectores populares.

En particular, es esencial que los trabajadores puedan ejercer en plenitud el derecho a organizarse sindicalmente, el derecho a participar en la empresa, en la gestión y en el control de la producción, en la distribución y en la planificación de la economía y, principalmente, el derecho , a actuar políticamente.

d)           Luchar por el afianzamiento y reconocimiento de una central obrera única y clasista. Democratización de los sindicatos. Realización inmediata de elecciones en todos los sindicatos intervenidos o disueltos y en aquéllos cuyos comicios fueron alterados o desnaturalizados por la acción de agentes colaboracionistas y participacionistas de la dictadura.

e)           Vigencia de la real independencia institucional del Poder Judicial, tanto en su carácter organizativo como administrativo y económico.

f)            Autonomía provincial: Para que exista un real desarrollo del interior se garantizará la autonomía provincial, vigorizándola con la activa participación de las provincias en la planificación y realización de las obras nacionales de trascendencia. Se reestructurará asimismo el régimen municipal a fin de posibilitar la participación activa y constante, a todo nivel, de la población de los municipios.

g)            Deberá revisarse toda la legislación sancionada por la dictadura.

h) Efectivización de la responsabilidad personal y patrimonial por las acciones emprendidas en perjuicio del pueblo argentino, por parte de funcionarios arribados al gobierno desde el 28 de junio de 1966.

 

V

SOBERANÍA Y AUTODETERMINACIÓN NACIONAL

Política internacional independiente, solidaria con todos los pueblos latinoamericanos y de apoyo a los que luchan por su liberación.

Acción tendiente a la creación de un organismo internacional latinoamericano capaz de actuar sin tutelas imperialistas.

Política internacional basada en las tradiciones de la República, que reconoce como eje la igualdad jurídica de las naciones, el derecho a la autodeterminación de los pueblos y la no intervención.

Sobre estas bases, estrechar relaciones con todos los países del mundo en defensa de la paz mundial, de la disminución de los gastos en armamentos y del desarme. Vinculación con todos los países del mundo en vías de desarrollo y, en especial, con las repúblicas hermanas de América Latina.

Rescate definitivo para nuestro país de las Islas Malvinas.

 

Buenos Aires, abril de 1972.