La preocupación del SOCIALISMO por el nivel de la campaña electoral y por la inexistencia de un acuerdo político o de reglas claras para un período de transición sumamente prolongado que viviría el país desde las elecciones hasta el 10 de diciembre, se planteó al presidente alterno de la Unión Cívica Radical y al presidente del partido Justicialista, a mediados del mes de febrero.

Comunicamos nuestra profunda preocupación que, de no concretarse este acuerdo y la determinación de reglas claras, se iba a generar un desorden gravísimo en nuestra economía y en nuestra sociedad que empujaría a las instituciones hacia el abismo. Lamentablemente, así ha pasado.

Desde antes de las elecciones el país vive una escalada sin antecedentes en el valor del dólar y en las tasas de interés, que arrastra irracionalmente —ante la falta de medidas reguladoras— al resto de la economía. Ante ésta realidad, el Socialismo presentó a la Cámara de Diputados un proyecto de declaración con medidas urgentes de control que resultan indispensables (28 de abril de 1989).

Desde el año 1983 el Partido Socialista Popular viene planteando que la profunda crisis que vive el país —la más grave desde su organización nacional en 1853— y la difícil transición hacia la democracia, exigen la concertación de las fuerzas políticas de signo popular y de la mayoría de los sectores sociales del país para acordar un plan de mínima que posibilite, con el apoyo de todos, sacar al país adelante.

En este sentido, suscribió con la mayoría de los partidos políticos argentinos, con la C.G.T. y la Federación Agraria Argentina el documento denominado “Hacia un Pacto de Transformación Económica y Social” que planteaba la necesidad del consenso y de la existencia de un Consejo Económico y Social. Coherentemente con esta afirmación, el Socialismo presentó a la Cámara de Diputados el proyecto de ley de creación de un Consejo Económico, Social y Político (28-6-88) que sería el ámbito institucional del consenso necesario e imprescindible. El Socialismo Popular ha planteado desde hace años la necesaria participación de los trabajadores en la administración de las empresas líderes, a los efectos de garantizar el cumplimiento de las leyes por parte de quienes conforman los precios en el país.

La naturaleza y responsabilidad de estas empresas están incluidas en el Anexo I de la Resolución 50 de la Secretaría de Comercio de 1986. La Ley 20.680 posibilita el contralor y las sanciones para las empresas líderes que violen la legislación vigente en perjuicio del país y de los consumidores.

Si la especulación resulta condenable en todas las ramas, es especialmente repudiable en lo referente a la salud. Por ello, el Socialismo presentó un proyecto de ley de medicamentos (11 -9-88) ante la Cámara de Diputados y un proyecto de resolución pidiendo las causas de los aumentos anteriores (5-8-88). Hoy, los medicamentos jugaron un rol dramático en la brutal escalada de precios y especulación.

Estos productos, por ser de adquisición forzosa y uso impostergable para la salud o la vida de quien los necesita, son universalmente reivindicados como un bien social. Lejos de esta consideración, los laboratorios impusieron un crudo desabastecimiento por retención de los productos o por inaccesibles condiciones de pago a las farmacias, generando enorme angustia en la población al no poder conseguir ni pagando los medicamentos esenciales.

Al mismo tiempo, la presión de los laboratorios productores determinó en los últimos quince días dos reajustes que significaron un aumento acumulativo del 110,25% para los productos nacionales y del 245,6% para los importados, quedando los mismos fuera del alcance de la mayor parte de la población.

Ante la moda de la extranjerización que pretendía arriar nuestra bandera de Aerolíneas Argentinas y de ENTel, el Socialismo se opuso en concretos proyectos de resolución de fechas 23-2-88 y 24-3-88, respectivamente.

Frente al problema de las empresas públicas, cuya mayor eficiencia es un anhelo de todos, el Socialismo ha planteado la necesidad de descentralizarlas, sin desarticularlas, y transformarlas en cooperativas de servicios públicos usuarios y de sus propios trabajadores.

Lamentablemente para el país, toda esta vertebración de iniciativas y de propuestas del Socialismo no ha tenido eco en la conducción de los partidos mayoritarios, y hoy sufre la Nación un golpe de Estado económico sin antecedentes: el poder adquisitivo de los salarios y de las jubilaciones, la rentabilidad de las pequeñas y medianas empresas y de las cooperativas —sin defensa alguna— sufren el saqueo, que se incrementa día a día, por parte del capital especulador y usurario.

Hoy el país vive una situación especial, determinada por un largo tiempo entre las elecciones y la fecha para el cambio de gobierno. Políticamente, un gobierno terminó y otro no empezó. Las dos mayorías no se ponen de acuerdo para asumir la responsabilidad que históricamente les corresponde, porque los argentinos necesitan comer todos los días, tener trabajo, educar a sus hijos y comprar remedios cuando se enferman. Algunos sostienen irresponsablemente que la crisis debe llegar a fondo: les repetimos lo que dijimos cuando murió el Gral. Juan D. Perón: "Es preciso suprimir, por miope y antiargentino, todo cálculo político futuro basado en el fracaso del gobierno popular. Si esto ocurriera, sólo existirá futuro para el dolor de los argentinos y la apetencia de los mercenarios.

Seguramente los estrategas del caos tendrán de qué vivir en el futuro, pero miles de argentinos y sus familias se sumirán por largos años bajo el flagelo de la desocupación, del subempleo, del hambre, de la enfermedad.

Miles de pequeñas y medianas empresas y cooperativas, cuando la crisis se profundice, no existirán ni volverán a existir. ¿Puede convivir la democracia con la profundización de la crisis? Pensamos qué esto es muy difícil. Es necesario no quedarse mirando los cabildeos de palacio: el pueblo debe asumir un rol protagónico en defensa de su vida, en defensa de su familia, de sus padres y de sus hijos.

Para ello es necesario movilizar el sindicato, la asociación profesional, la entidad empresaria de la ciudad y del campo, la cooperadora, el centro de estudiantes, la vecinal, para reclamar de abajo hacia arriba el necesario acuerdo de las expresiones política, populares y para que se adopten con urgencia los controles necesarios para poner fin al saqueo: control sobre el manejo de la moneda extranjera que debe quedar en manos del Banco Central, control del comercio exterior (por donde se van y no vuelven los dólares), control de la banca, instalación de veedores fiscales en la administración de las empresas conformadores de precios, para que cumplan con la ley y no jueguen a la especulación.

Con esos controles se logrará evitar que se sigan yendo al extranjero los recursos que han de posibilitar una inmediata recomposición significativa, a través de un aumento de monto fijo de tos salarios, de las jubilaciones y de las asignaciones familiares.

Para lograr todo esto, los socialistas impulsamos petitorios para movilizar, para llevar a los concejales, a los intendentes, a los gobiernos y diputados provinciales, a los diputados nacionales, a fin de que cada uno cumpla con su deber y asuma un papel protagonico en la defensa de tos derechos de nuestro pueblo y de nuestra Nación.