EL SECTOR AGROPECUARIO PROVINCIAL

El quehacer agropecuario es una activi­dad que representa casi el 21% del Produc­to Bruto Geográfico de la provincia. Nuestros agricultores aportan el 15% del Producto Bruto Nacional del sector. Pero hoy, los pro­ductores del campo, lejos de compensar los esfuerzos y las inversiones realizadas, enfrentan una situación de incertidumbre como consecuencia de la crisis global por la que atraviesa nuestro país, donde no se encuentran perspectivas ciertas para ningún sector dedicado al trabajo y la producción. Se destrozan las economías regionales, se vacía de gente el interior, desaparecen lí­neas ferroviarias enteras porque desaparecen incluso los pueblos, este modelo agotado no da respuestas a los integrantes de la Nación.

En nuestra provincia la población rural descendió en 20 años del 23,8% al 16,8%, siendo ese éxodo alarmante en los depar­tamentos del norte, donde el crecimiento poblacional ha sido nulo o directamente ne­gativo. Las causas de esta modificación de la geografía humana de nuestra provincia, están directamente ligadas a la carencia de fuentes de trabajo y a la supervivencia del latifundio que imposibilita el afincamien­to humano en la tierra.

Es imperioso delinear una economía, planificada por todos nosotros, que resuel­va nuestros problemas, que jerarquice el valor del trabajo y de la producción.

PROPUESTA

a.       Reforma en la tenencia de la tierra que elimine el latifundio y supere el mini­fundio, teniendo en cuenta las unidades económicas anteriormente legisladas y auspiciando la agrupación voluntaria en coo­perativas de productores.

b.      Promoción de una creciente ocupa­ción del norte de la provincia y la exporta­ción de sus fuentes productivas.

c.       Diversificación de la producción utili­zando el máximo de materiales y recursos locales y regionales, propiciando la mayor cantidad de trabajo con inversiones lo más bajas posibles. Fomento de la industrializa­ción de la materia prima agropecuaria en sus lugares de origen.

d.      Mejora de las condiciones de vida de la población rural, especialmente en los grupos más rezagados, jerarquizando los aspectos materiales, culturales y sociales.

e.      Fomento del cooperativismo rural en sus diversas manifestaciones, alentando la práctica de la solidaridad.

f.        Apoyo a la electrificación rural, per­mitiendo a través de créditos a los produc­tores, que sea accesible a todos, otorgando bonificaciones a aquellos que estén radica­dos en el campo.

g.       Mejoramiento de los caminos rurales mediante la participación de las comunas y de las organizaciones de los productores.

h.      Estímulo de la construcción de silos y elevadores.

i.         Protección de los recursos renovables y no renovables y el medio ambiente. Proyección de una política de recuperación de tierras erosionadas.

j.        Convocatoria a los productores inte­resados en la planificación y ejecución de las obras que solucionen los problemas de la agricultura, las inundaciones y la recupera­ción de tierras anegadizas, para evaluar los proyectos y lograr recursos que los viabilicen.

k.       En cuanto a la ganadería, en las zonas promocionadas otorgamiento de créditos a tasas preferenciales con períodos de gracia, orientados a pequeños y medianos produc­tores para retención y compra de vientres. Impulso de un plan de sanidad animal que permita llevar a cabo el saneamiento real en todos los terrenos. Promoción de la produc­ción y consumo de carnes complementarias a la bovina: cerdo, pollo y pescado.

l.         En cuanto a la lechería, promoción en las zonas de producción en coordinación con los entes oficiales para la creación de complejos agro-industriales. Tenemos el ejemplo de Sancor, creada hace 40 años por tamberos de Santa Fe y Córdoba. De ella dependen alrededor de 150.000 personas, agrupa 362 cooperativas integradas por tamberos propietarios y medieros, produ­ce alrededor de 4 millones de litros de leche por día que industrializa en 141 plantas elaboradoras de más de 100 productos.

m.    Con relación al sector frutihortícola, otorgamiento de líneas de créditos especia­les que atiendan las necesidades del sector. De acuerdo con la ley 19.227 impulsar des­de la provincia la instrumentación de una red de mercados de alcance nacional, dando participación protagónica a los productores en su creación y administración. Además, se deberá garantizar el efectivo control de la calidad de los productos que se expenden en los mercados mayoristas, para evitar la pre­sencia de plaguicidas y pigmentos, como así también controlar la madurez mínima, tipificación de producto, peso, etcétera.

POLÍTICA CREDITICIA Y DE FOMENTO

a.       Fijación por el Banco Central de las tasas de interés activas para los créditos des­tinados al agro.

b.      Establecer montos, plazos y tasas de interés diferenciados para estimular determinadas producciones y regiones de lento crecimiento.

c.       Propender a que el Banco de la Na­ción practique fomento agropecuario, fin para el que fue creado.

d.      Propender a que el Banco Provincial cumpla el rol para el que fue creado: de pro­moción y apoyo del desarrollo e integración económica de las diferentes zonas del terri­torio provincial.

e.      Tender paulatinamente a jerarquizar en la operatoria bancaria el fomento de los créditos a mejoras e inversiones, teniendo en cuenta las sumas invertidas en todo concepto. Esto tiende a dar posibilidades de renovar el parque de herramientas, maqui­narias agrícolas y tractores, seriamente de­teriorado y obsoleto.

POLÍTICA TECNOLÓGICA

Tender al desarrollo tecnológico adapta­do a los recursos, posibilidades y conoci­miento con que cuentan el país y nuestra provincia, a fin de reducir la dependencia del capital transnacional. Desarrollo de tecnologías adecuadas, adaptadas a las pequeñas y medianas empresas, que no requieran contar con altas concentraciones de capital y que se orienten al objetivo de lograr la plena ocupación. Fomento del INTA, asegurando la participación de los productores y los trabajadores en la direc­ción de la institución.

POLÍTICA IMPOSITIVA

a.                  Implementar un sistema tributario basado en la equidad y la justicia y donde impere casi con exclusividad la progresividad del sistema. Dentro de estas caracte­rísticas, un impuesto a la renta normal potencial de la tierra será fundamental, como impuesto que premie a la producti­vidad e impida la subutilización de la tierra.

b.                  Combatir la evasión impositiva me­diante el dictado de leyes de clara y precisa interpretación, posible administración y contralor fiscal, y justa distribución de la carga que impongan.

c.                   En el orden provincial se propondrá el reempadronamiento catastral a los efectos de implementar un impuesto inmobiliario personal y progresivo.