El pueblo, con su voto en las elecciones del 11 de marzo y 23 de setiembre de 1973 votó por abrumadora mayoría en contra de la dictadura mercenaria que se había implantado en el país el 28 de junio de 1966 y que había tenido por objetivo principal entregar las riquezas de nuestra patria y el trabajo de nuestro pueblo a los monopolios extranjeros y fundamentalmente al imperialismo norteamericano. Convocados por el Teniente General Juan Domingo Perón, los partidos políticos argentinos fijaron coincidencias para deshacer, y para anular todas las medidas de entrega y de represión que había dictado y aprobado el elenco de la dictadura mercenaria.

Con la movilización popular, y el avance arrollador del pueblo triunfante contra la antipatria y contra el antipueblo, los integrantes del gobierno popular que se instauran el 25 de mayo comienza a destrozar, y a demoler la vergonzante obra de la dictadura y a dar los primeros pasos hacia la Liberación Nacional.

En este camino liberador se encuentra el reajuste de los salarios y la fijación de los precios máximos, la anulación de las leyes que determinaban los desalojos urbanos y rurales, los planes de vivienda, la aplicación de un plan económico que tiende al desarrollo de la pequeña y mediana empresa de la ciudad y del campo, que limita los robos de los monopolios extranjeros y que reglamenta el accionar de la oligarquía terrateniente, que desarrolla en salvaguarda de la soberanía nacional el comercio exterior hacia todos los países del mundo. Asimismo se impulsa una política internacional que enrola a la Argentina al lado de más del 70 % de los habitantes de la tierra, al sumarse a las filas del tercer mundo al lado de las naciones de América Latina, Asia y Africa, una política internacional que se expresa a través de altos jefes de nuestro ejército que denuncian en Caracas los pactos militares existentes como lesivos a nuestra soberanía política. En este camino liberador se impulsa una política institucional que señala claros objetivos a los organismos de seguridad, que deroga la legislación represiva de la dictadura y que libera los patriotas detenidos por enfrentar a los mercenarios. Todas estas medidas que sólo constituyen un débil comienzo de la marcha hacia la Liberación Nacional, producen cambios inmediatos en la realidad nacional.

Los monopolios extranjeros y la oligarquía comienzan a respetar en forma correcta los derechos del trabajador y a temblar ante la estabilidad y el avance de un gobierno que vive en correspondencia permanente con la inquietud de los grandes sectores populares.

La ley de Contrato de Trabajo sintetiza un avance extraordinario en la legislación laboral, el poder adquisitivo de los trabajadores se incrementa notoriamente, la estabilidad y el desarrollo de la pequeña y mediana empresa de la ciudad y del campo dotan de una nueva fisonomía al quehacer económico del país en donde se respira euforia, auténtico desarrollo y confianza en el proceso. Pero esta realidad, afecta a los intereses de quienes mantienen para su beneficio a nuestra patria, en condición de país dependiente y en vías de desarrollo. Se intentó recorrer el mismo camino de 20 años atrás sin escuchar la voz de quienes hombro a hombro con el pueblo señalaban las condiciones indispensables para afianzar un proceso de liberación nacional: la nacionalización de los monopolios extranjeros y la expropiación de la oligarquía terrateniente.

Estas fuerzas todopoderosas, estas fuerzas cuyos recursos financieros superan la del propio estado argentino, estas fuerzas cuyos recursos y manejos en los medios de comunicación de masas, en las agencias, noticiosas, en las radios, en la TV y en los diarios configuran y deforman la opinión pública de casi medio mundo, comenzaron el gran operativo en contra de las conquistas populares, el gran operativo en contra de la estabilidad del gobierno surgido por el voto popular. Pequeños y miopes intereses de grupos y de personas que aun siguen alterando el funcionamiento del gobierno electo por el pueblo, facilitaron irresponsablemente la acción de los enemigos de la patria. El desarrollo concertado de la violencia, al margen de los intereses de las grandes mayorías nacionales facilitó y facilita el quehacer de los enemigos de la patria.

La no nacionalización de los monopolios extranjeros y de los mecanismos de distribución de la producción dejó a los enemigos de la patria la posibilidad de producir el desabastecimiento, el acaparamiento, el mercado negro, tel sobreprecio y desarrollar a través de estas medidas económicas toda una acción psicológica tendiente a destruir el basamento popular del gobierno de la República.

La muerte del conductor del proceso nacional, Tnte. Gral. Juan Domingo Perón cae como rayo sobre la realidad nacional, en la cual se constata un dolor popular jamás visto, jamás registrado en nuestra historia y un endurecimiento del accionar de los monopolios y de la oligarquía que ven la posibilidad inmediata de su revancha y de volver a ejercer plenamente todos sus privilegios.

En el país se producen cambios y en la orientación de determinadas áreas del gobierno también. Las nuevas políticas en las áreas de economía y de educación contienen profundos errores cuyos resultados y consecuencias sufre el país y el propio gobierno. En economía se comienza a trazar las líneas de una política de entendimiento y conciliación con los monopolios extranjeros y con la oligarquía, sin comprender la naturaleza del problema argentino, sin comprender la realidad de nuestra economía, sin comprender las necesidades materiales de las mayorías nacionales, que determinan la imposibilidad de una conciliación de intereses entre el pueblo y el antipueblo y la imposibilidad de la coexistencia del bienestar popular, del desarrollo de la nación y de la liberación de nuestra economía con los monopolios extranjeros y la oligarquía. En materia educacional se pretende llevar a la práctica medidas traídas del extranjero ajenas a nuestra tradición y destinadas a lesionar los justos derechos del pueblo y la juventud argentina. De esta manera se tiende a transformar cada universidad en un campo de resistencia a medidas de indudable contenido antipopular y antinacional, que emanan de un ministerio que en vez de aprender del pueblo, pretende imponer al pueblo sistemas e ideas caducas en la historia universal. Los acontecimientos de Villa Constitución constituyen el epílogo lamentable de una política que pretende desconocer el ejercicio de la democracia sindical por los trabajadores y que al provocar la detención de centenares de ellos realiza el mejor de los servicios a los enemigos del país, que ven en cada una de estas acciones un positivo aporte al desarrollo de un ambiente de inestabilidad.

Ante esta situación el Partido Socialista Popular ratifica una vez más su apoyo y defensa activa del proceso institucional del país, y convoca a las mayorías nacionales y al gobierno nacional a movilizarse en forma conjunta para rectificar los errores fundamentales en las importantes áreas de economía, y de educación.

El Partido Socialista Popular reclama asimismo la puesta en marcha inmediata de las paritarias con activa participación de los trabajadores y con plena información para los mismos del estado de las tramitaciones, la libertad de los detenidos y puestos a disposición del poder ejecutivo, la concreción de medidas que nacionalicen los monopolios extranjeros y que expropien a la oligarquía terrateniente y el rechazo categórico y la denuncia de quienes como Frondizi, Frigerio, Manrique y Alsogaray vienen desarrollando una política golpista tendiente a defender los intereses de la antipatria y a terminar nuevamente con los derechos de nuestro pueblo.

Ningún tipo de gobierno, ningún hombre civil o militar, puede reemplazar positivamente al gobierno electo por el pueblo.

Nadie debe olvidar la sentencia del Tnte. Gral. Juan Domingo Perón: sólo el pueblo salvará al pueblo.

Editorial "La Vanguardia", Abril de 1975