Hace meses los argentinos vivimos tras un objetivo imposible: lograr un acuerdo beneficioso con el Fondo Monetario Internacional.

La experiencia de nuestra Patria y de América Latina demuestra que es incompatible la satisfacción de las necesidades básicas del pueblo con las políticas económicas que impone el FMI. Hoy han llegado a ser incompatibles estos planos con la vigencia de la democracia. Así lo demuestran las trágicas experiencias que viven los gobiernos de la República Dominicana y de Bolivia.

El Partido Socialista Popular ha expresado al Señor Presidente que, a la luz de las experiencias vividas en estos países hermanos, es necesario decirle NO al FMI, antes que se produzca el caos.

Nuestro pueblo, nuestros trabajadores, como todos los pueblos y los trabajadores del mundo, ya no están dispuestos a comer menos o a no comer para posibilitar ganancias al capital usurario. Para reducir o evitar la participación justa de los trabajadores en la renta nacional, hoy es necesario reprimirlos, y éste es el final de la democracia, Entonces, todos debemos comprender que las medidas del FMI son incompatibles con la democracia, y que la situación es mucho más delicada en una democracia joven como la nuestra.

Han pasado meses y la situación con relación a la usura internacional ha empeorado. A las declaraciones de buena voluntad formuladas por las autoridades nacionales, la usura internacional ha contestado con el abusivo incremento unilateral de los intereses. El último, a los pocos días, y como respuesta al acuerdo latinoamericano alcanzado en la reunión de Cartagena.

Recientemente los seis países más industrializados de Occidente y el Japón volvieron a reunirse en Londres. Allí los países dependientes de Europa volvieron a aceptar, en el campo de las finanzas, la política usuraria del gobierno de Reagan. Este gobierno, a través del aumento de intereses, hace pagar al mundo y dentro de él, fundamentalmente, a los pueblos de América Latina, el déficit del presupuesto de los Estados Unidos.

Hoy la opción es clara: o se adopta una economía tendiente a satisfacer las necesidades básicas del pueblo para afianzar la vida democrática, o se aceptan los nuevos intereses y las medidas del FMI poniendo en gravísimo peligro al naciente proceso democrático de nuestra Patria.

En los momentos difíciles hay que mirar a la cumbre; en la cumbre está la Nación. Con esa luz debemos definir los posibles aliados y los seguros enemigos.

Se puede disentir con el manejo, con el método de algunas conducciones sindicales, ello es legítimo; pero no se debe olvidar que la referencia última de los trabajadores está en sus familias, está en su tierra, está dentro de la Nación. Mientras que el capital —con excepción de las pequeñas y medianas empresas de la ciudad y del campo, que también sufrieron el azote del plan de Martínez de

Hoz—, tiene, en el mejor de los casos, tanto intereses afuera como adentro del país y, en definitiva, juega a asegurarse su existencia fuera de la realidad nacional.

Este capital, conjugándose con las pautas del plan de Martínez de Hoz, se ha transformado de productivo en especulativo y ya no cambiará: el usurero no vuelve jamás al torno ni al arado.

La naturaleza provocativa de la solicitada de la Sociedad Rural de Río Cuarto, que nos trae el recuerdo del pedido de golpe de Estado de la Sociedad Rural durante la presidencia de Arturo Illía, nos muestra que la indefinición, que la postergación de estos problemas, no ayuda al desarrollo de la democracia.

Es necesario poner fin a las maniobras de la antipatria financiera, nacionalizando el comercio exterior, el mercado de cambios, la banca y las operaciones de reaseguro. Es necesario poner fin a las maniobras del capital especulativo con la coparticipación de los trabajadores en la administración de las empresas líderes. Así se evitará el incremento del costo de vida, el desabastecimiento y el mercado negro, que ya se están practicando en el país.

Es necesario afianzar la democracia terminando con las provocaciones de la oligarquía terrateniente. Para ello hay que sancionar en forma urgente, el impuesto a la renta potencial de la tierra y constituir una comisión integrada con representantes del Parlamento, de la Federación Agraria Argentina y de los trabajadores del agro, que prepare el proyecto de reforma agraria que el progreso del país reclama.

Todo esto, que pensamos indispensable para el afianzamiento de la democracia sobre una base de justicia social y de independencia nacional, exige el inmediato sinceramiento y concreción de la unidad nacional. En este aspecto la firma del documento de los partidos políticos con el gobierno nacional es un hecho positivo. Pero es sólo un comienzo que debe desembocar en una realidad política en donde, con claridad y frente a la Nación, los partidos políticos, la CGT, las organizaciones empresariales, la Federación Agraria Argentina y las Fuerzas Armadas, respetando las jerarquías constitucionales, respalden y coparticipen en un plan de emergencia nacional destinado a salvaguardar la convivencia entre los argentinos y, en consecuencia, la vida de todos los argentinos.