Estrategias en América Latina y Europa · Fundación Friedich Ebert en Argentina.

ESTRATEGIAS DE DEMOCRATIZACIÓN DE LA ECONOMÍA

Guillermo Estévez Boero Argentina

Pensar la democracia desde nuestra realidad actual -caracterizada por la profunda crisis derivada del agotamiento de un modelo no participativo y por la transición- supone, para nosotros, enfrentar una evidencia: que la democratización de un Estado y de una sociedad en crisis como la nuestra no se logra sólo con la culminación de un proceso eleccionario y con el accionar de un sólo partido político.

La revalorización del principio de legitimidad democrática, admitido por todas las fuerzas políticas y sociales de Argentina, en este proceso de apertura democrática, no agota su contenido en la sola recuperación de la constitucionalidad anterior, sino que debe incorporar a sus demandas las necesarias modificaciones del marco institucional que la experiencia plantea como insoslayables.

La realidad pone en evidencia que la consolidación de la democracia exige un ritmo apropiado de democratización económica y social. Es decir, que la democratización de la política se revela como un momento parcial de un proceso más amplio y profundo de democratización fundamental en todas las órbitas sociales y en todos los niveles.

Como lo dice Norberto Bobbio: «el proceso de ampliación de la democracia en la sociedad contemporánea consiste en el paso de la democracia en la esfera política, a la democracia en la esfera social; desde el campo de la gran sociedad política hasta alcanzar el campo de la sociedad civil en sus distintas articulaciones, desde la escuela hasta la fábrica»1.

La crisis no asumida

La transición hacia la democracia se está dando en Argentina en medio de la crisis económica y social más profunda y compleja desde su organización nacional. Ella no representa solamente un momento de deterioro de la economía o del cierre de un ciclo económico; esta crisis es, sobre todo, un momento en el que afloran las profundas falencias derivadas del agotamiento del modelo económico puesto en marcha a fines del siglo pasado. Crisis económica que se proyecta como crisis social e institucional y que, con el tiempo, se ha transformado en una profunda y también compleja crisis moral.

La magnitud de la crisis global está determinada por la convergencia de todas ellas pero, en su agregación, ésta resulta una totalidad que es más que la suma de sus partes.

En lo político, la crisis se ve agudizada por el divorcio entre Estado y sociedad, por la falta de representatividad de las instituciones políticas, por la ineficacia de los órganos del Estado frente a la acción de las élites del poder financiero y por la falta de control que la ciudadanía tiene sobre las burocracias públicas. Ella se expresa como una crisis de legitimidad, es decir, que afecta el proceso a través del cual los ciudadanos llegan a estar convencidos de la necesidad de obedecer las leyes emanadas del Estado, a aceptarlas como justas y vinculantes y a sentirse parte de la comunidad política. La concordancia entre el consenso político y el consenso social, que incide positivamente en el nivel de legitimidad, comienza a debilitarse -según lo expresa Burdeau - a partir del momento en que la exigencia democrática pasa del plano político al plano social.

Desde que las desigualdades y las injusticias sobre las que reposa el orden establecido son resistidas por una parte de la colectividad como intolerables, el consenso social se reduce y se hace difícil asociarlo al consenso político.2

Este complejo fenómeno sociocultural -nos dice J.L. Romero- por el cual ciertos sectores cobran conciencia de que son ajenos a un orden institucional en el que no se sienten representados, se da, en ciertos procesos de modificación económico-social. Y es allí cuando aparece con toda evidencia el problema de la representatividad y, en mayor o menor medida, se produce una cancelación del consentimiento, sobre el que funcionaba la totalidad del sistema institucional3.

Vivimos una crisis de distribución, originada en el marco de una realidad económica condicionada constantemente por los acreedores de la deuda externa, por lo falta de crecimiento económico y la consecuente escasez de bienes y recursos, así como también por las modalidades no igualitarias del empleo de los poderes gubernativos para efectuar la transferencia y el reparto de riquezas entre los ciudadanos, y para distribuir bienes, servicios, valores y oportunidades. Durante años, los factores de ajuste de la economía fueron los salarios y las jubilaciones, reduciendo las participaciones de los sectores del trabajo en la renta nacional.

Esta crisis de distribución provoca en nuestro país otra crisis no menos significativa, que es la profunda crisis de integración social y regional que compromete seriamente la integración misma de la nación, afectada también por una adicional crisis de identidad cultural provocada por la transnacionalización de la sociedad consumista.

En lo social, ella se expresa en la multiplicación de actores, en la formación de identidades diversas y diferenciadas, así como en la atomización del espacio social por la falta de integración y comunicación entre los movimientos sociales.

Este pluralismo fragmentario de nuestra sociedad parcelada, va transformando una dinámica social y política, caracterizada -como consecuencia de la crisis de distribución a la que aludíamos- por las pujas sectoriales y regionales, que caracterizan nuestra realidad diaria constituyendo una amenaza cierta de desintegración nacional.

En lo económico, la crisis se expresa en agotamiento de un modelo de país, el de la generación de 1880 -cuyos valores sociales y morales el socialismo nunca compartió- que organizó la actividad productiva con el consiguiente crecimiento material del país.

Cuando este modelo basado en la producción y en el trabajo, culmina escandalosamente bajo la conducción de los equipos económicos de la dictadura encabezados por Martínez de Hoz, en un modelo especulativo y usurero, en donde la ganancia no la tiene el que trabaja o el que produce en el campo o en la ciudad, sino que la tiene el especulador y el sistema financiero; cuando un país registra una brusca caída en el número de trabajadores en relación de dependencia, y de fuentes de trabajo, evidentemente se está frente al agotamiento de un modelo económico.

No podemos negar, que hace más de una década se está operando una metamorfosis en el mundo del capital que se va de los circuitos productivos a los circuitos financieros. Según Ikonicoff, la inversión productiva que representaba más del 20% del producto bruto interno a principios del año setenta, cayó a menos del 10% en 1986. «Sin embargo -continúa el comportamiento de los actores en una cultura de renta no puede sino traer aparejado, a largo término, la destrucción de la estructura de la actividad productiva conducir de manera inexorable a la reducción del excedente económico. El desarrollo de la especulación financiera, en detrimento de toda otra actividad productiva, aparece como el fin lógico e inevitable de este proceso»4.

¿Es esto reversible? Por lo menos hasta ahora no hay números que demuestren indicios del comienzo de esta reversión. Mientras tanto, todos los días del año, durante todas las horas del día se produce la evasión del ahorro nacional, no solamente por las grandes vías de las multinacionales, no sólo están las «venas abiertas» como lo expresa Galeano, sino que hoy nosotros tenemos abiertos hasta los vasos más pequeños hacia afuera, hacia la compra de moneda extranjera, hacia los depósitos en bancos extranjeros. Lo nuevo, lo realmente grave, es que esto lo realiza tanto el ejecutivo de la Capital como el industrial y el pequeño agricultor del interior del país.

Esto nos está demostrando otro aspecto de la crisis que es la pérdida de la credibilidad en nuestro país; un país que carece de un futuro cierto, donde el que trabaja no sabe hasta cuándo va a tener trabajo, el que produce no sabe si va a ganar o a perder, donde el joven del interior piensa en irse a la ciudad porque su pueblo no le brinda posibilidades, y el joven que está estudiando piensa en irse al extranjero porque no sabe qué va a hacer cuando se reciba. Y así tenemos los argentinos más de medio millón de connacionales viviendo en el exterior, no por falta de comida ni por razones políticas sino por falta de un futuro cierto. Los pocos estudios realizados indican que la emigración aumenta aceleradamente y que los que se van representan al sector más calificado desde el punto de vista educacional, profesional y económico de la población.

Las respuestas ante la crisis

Como respuesta a esta crisis, que con características propias afecta a todos los países de América Latina, se han ensayado políticas de ajuste que apuntan centralmente a una apertura de la economía, a la capitalización de la deuda y a la extranjerización de las empresas públicas, políticas todas ellas asociadas en forma general a la modernización del Estado.

Estas políticas de ajuste impuestas al amparo de las condiciones a las que están sujetos los créditos concedidos por organismos financieros internacionales (FMI, Banco Mundial), modifican la orientación del accionar estatal. En la medida en que las decisiones del Estado están cada vez más vinculadas al monitoreo y control externo de los organismos internacionales de crédito, estas instituciones someten al Estado a decisiones, más allá de la voluntad de los electores, poniendo en evidencia la contradicción existente entre la transnacionalización de la economía y la construcción nacional del consenso.

Estas políticas de ajuste entran inexorablemente en contradicción con las demandas de los sectores mayoritarios de la nación que, al no ser satisfechas, realimentan las crisis de legitimidad, representación, distribución, integración e identidad, afectando seriamente las posibilidades de consolidación del sistema democrático.

No son ajenos a esta realidad, por cierto, los partidos políticos que, marginados del centro de las decisiones por la transnacionalización de la economía, se ven desvalorizados en la opinión pública como instituciones capaces de generar los cambios anhelados por la mayoría.

En la articulación del ajuste cobra importancia un nuevo actor: la tecnocracia. Dada la complejidad que adquiere la negociación en el sector externo, se constituye un moderno espacio de poder tecnocrático en el Ejecutivo que genera una fuerte concentración decisional sobre aspectos clave.

Cierra así la pretendida modernización afectando gravemente la credibilidad de la ciudadanía en el valor de las instituciones constitucionales de la democracia.

En síntesis -como lo expresa Fernando Calderón- «recientemente los resultados de algunas investigaciones prospectivas sobre modernización y democratización del Estado, concluyen que se pueden detectar tensiones entre modernización y democratización estatal, con tendencias a un mayor predominio de una modernización excluyente que implicaría una mayor concentración de las decisiones económicas en grupos e intereses oligopolizados y transnacionalizados, y el predominio de un capitalismo especulador que monopoliza la información técnica, modernización además que produciría, por ende, una mayor concentración de decisiones en el Poder Ejecutivo y dentro de éste en capas tecnoburocráticas altamente «racionalistas» y «realistas» y que finalmente se tendería a una mayor pérdida de la autonomía estatal en función de decisiones externas a la región. En definitiva, el Estado sería quizás más efectivo pero menos soberano»(5)

En el tiempo transcurrido de la etapa de transición que vive el país, la falta de alternativas para superar los problemas prueba el agotamiento programático de las expresiones políticas mayoritarias. La duración de la crisis debilita la confianza de los argentinos en la capacidad y en la fuerza de la nación. Es necesario revertir esta valoración.

El cambio supone la construcción de un nuevo consenso político y social que asegure una redistribución de los poderes en beneficio de la colectividad cuyos recursos de creatividad y capacidad de iniciativa ha de desarrollar. Todo cambio o iniciativa concebida al margen de la participación popular se sitúa fuera de la realidad y carece de toda posibilidad de realización y permanencia.

La crisis argentina no puede ser superada por un solo partido, ni sólo por los partidos: es imprescindible estructurar una amplia mayoría que permita la reformulación de la nación. La coincidencia es necesaria para otorgar viabilidad y estabilidad a un proyecto político, condición indispensable para lograr la credibilidad de la mayoría.

Crear el ámbito institucional para la concertación y el consenso

Acordar desde la crisis que padecemos y desde nuestra fragilidad institucional, las reformulaciones que requiere nuestra realidad y que se necesitan para obtener la consolidación del sistema democrático, es el camino.

La concertación se concreta en la práctica de la negociación, del compromiso, a través de la coparticipación de los actores sociales y políticos. Se trata, en definitiva, de un intercambio. donde se procesan las diferencias en cuanto a proyectos sociales, poder e intereses, sin abandonar la difícil vía de la paz que -según N. Bobbio- es la vía de la democracia.

La concertación social sirve y procura la gestación de consenso y, par ende, la legitimidad del Estado. Es que «el incremento de la participación de los actores sociales en la toma de decisión que los afecta es, por una parte, un camino para superar esa crisis de legitimidad y, por otra, para correspansabilizar a esos actores por el destina de la sociedad»6

Existe una complementariedad, hoy necesaria, entre la construcción del consenso político a través de la vigencia del sistema de partidos y la construcción del consenso social por vía de la concertación. Articular estos consensos es avanzar tras el logro de la anhelada coincidencia nacional.

La concertación opera como síntesis de la mediación institucional entre la sociedad y el Estado, fortaleciendo la representatividad de las instituciones. Ella conjuga la representación política, expresada por los partidos políticos, y la representación sectorial o de intereses, expresada par las grupos organizados.

Debemos comprender que la concertación no es solamente un mecanismo de regulación económico-social, de solución de conflictos y desajustes, sino que tiene una dimensión esencialmente política, cual es la de valorar y procurar un acuerdo básico de convivencia.

El consenso es algo más que un acuerdo teórico sobre ciertas cuestiones: el consenso equivale a la vida en común. En este sentido, nos dice K. Mannheim: «Preparar el terreno para un consenso significa, en fin de cuentas, la remoción de los obstáculos exteriores y ambientales. La lucha por la obtención de valores comunes marcha mano a mano, por tanto, con la lucha por la justicia social. 7

Abordar, desde la democracia, el problema de la justicia social -justicia distributiva- nos ubica en el terreno de la concertación social, o sea cuando el Estada comparte institucionalmente la responsabilidad del diseño y de la ejecución de políticas socioeconómicas con las actores sociales organizados.

En un país inmerso en una crisis económica profunda resulta, es cierto, más difícil institucionalizar el procesamiento de los conflictos debido a las graves desigualdades existentes. Repartir lo escaso para poder convivir resume el objetivo principal de la concertación social en una época de crisis; para ello, incumbe al Estado garantizar la igualdad de oportunidades.

Podemos decir que, en nuestro país, ésta ha sido una de las causas del fracaso de la concertación: la imposibilidad del Estado para asegurar la equidad en el reparto debido a la aplicación de políticas de ajuste impuestas por los organismos internacionales de crédito.

La experiencia de éste y otros escollos que enfrenta la concertación encarada exclusivamente por los actores sociales involucrados y el Estado, aconsejan la necesidad de arribar a una concertación más global que comprenda tanto a las fuerzas políticas como a las sociales.

Como lo dice Mario Dos Santos: «Sólo a partir de una politización de las relaciones entre los sectores sociales organizados y de una acción partidaria y parlamentaria consiguientemente activa en torno de la regulación socioeconómica puede llegarse a procesos efectivos de concertación social. En este sentido, no debería pensarse que la concertación permite una autonomización de la representación de intereses sectoriales y su creciente predominio sobre la representación política partidaria. Se trata más bien de lo contrario, de la ampliación del dominio de la política y no de su declinación.»

En relación a esto último, podemos decir que el inicio de la actual etapa democrática se caracterizó por la ausencia de una voluntad de concertación. Los partidos políticos mayoritarios se manifestaron reticentes a arribar, junto a todas las fuerzas sociales, a un acuerdo real y de base acerca de las orientaciones fundamentales para el gobierno de nuestra sociedad.

Porque, lo que ha dominado, es la tendencia de los partidos a defender su actividad y la representación político-partidaria emanada de las urnas, como el ámbito exclusivo de participación institucional, justificando su falta de decisión política para acordar en la vetusta fórmula liberal de «el que gana, gobierna y el que pierde controla».

Y si esto sucedió en lo que se refiere a la actitud asumida por los partidos políticos, el gobierno, por su parte, se debate entre la posición derivada de su íntima convicción acerca de lo correcto del monopolio político - partidario de las instancias de decisión y la necesidad de asumir la concertación, habida cuenta de la incontrastable realidad de la existencia de grupos económicos y sociales organizados, cuyo poder es tanto mayor cuanto mayor es su capacidad de introducir grados de incertidumbre en el curso y en los resultados de la política gubernamental.

Entonces el gobierno tiende a manejarse con ellos -como grupos de presión- practicando una concertación informal, no institucionalizada, parcial en cuanto a sus contenidos y limitada en cuanto a los actores involucrados. Una concertación aleatoria, impuesta -más que decidida- al ritmo de las pujas sectoriales, muchas veces contrapuestas e incompatibles entre sí, lo que acentúa la incertidumbre y resta confiabilidad al sistema, con los consiguientes riesgos de ingobernabilidad, y de profundización de la crisis y la desintegración.

Porque, evidentemente, qué es lo que se concerta y quiénes son los actores intervinientes en la concertación reviste una incidencia directa en el grado de estabilidad ganado por el sistema. Una concertación de precios y salarios, celebrada entre los empresarios, los trabajadores y el Estado, es más fácil de ser puesta en práctica que otra de alcance más vasto, pero es indudable también que su aporte a la estabilidad del sistema democrático es menor.

Este renacimiento del contractualismo en el dominio del poder público tuvo ya su expresión en la concertación global e institucionalizada llevada a cabo en los países europeos después de la Segunda Guerra Mundial, para lograr el manejo de la crisis por la que atravesaban.

Desde entonces, la práctica y la cultura de la concertación quedaron instaladas en esas sociedades por medio de mecanismos institucionalizados que se expresan hoy en los consejos económicos y sociales, de la más variada composición.

Es imprescindible, entonces, incorporar a la cultura política de los argentinos -de sus partidos políticos y de sus organizaciones sociales- la idea básica de la institucionalización de la concertación y el consenso. Debe ubicarse como una prioridad ineludible la necesidad de crear mecanismos institucionales que articulen la participación de todos los componentes de la realidad. «Porque colocar en un nivel derivado y secundario las formas jurídicas e institucionales de una sociedad, no sólo es un error teórico, sino también el claro indicador de una situación social de neta separación entre Estado y sociedad, entre sociedad política y sociedad civil, entre economía y política». Y sigue diciendo con acierto José Aricó: «Es difícil imaginar la consolidación de un Estado de derecho en Argentina, sin introducir cambios en la estructura del Estado y de la sociedad que den respuestas a las formas complejas de nuestra sociedad actual y a las demandas de intervención colectiva que desbordan las limitaciones y flaquezas de las instituciones del constitucionalismo liberal clásico»

Proyecto de creación del Consejo Económico, Social y Político

El proyecto de creación de un Consejo Económico, Social y Político se inscribe en el marco de uno de los problemas teóricos actuales, cual es la necesidad de articular Estado y sociedad, debate que lleva ya más de un siglo.

Es el tema de las transformaciones de la democracia y de su adaptación a las necesidades del Estado actual que viene a reactualizar el viejo debate acerca de la dualidad poder-libertad, ubicando la cuestión en orden a la distribución del poder de conformidad con la estructura pluralista de la sociedad.

Todos coinciden, en definitiva, en que la democracia del Estado actual debe ser una democracia pluralista. Ambas, la teoría democrática y la teoría pluralista, son dos propuestas distintas contra el abuso de poder, pero compatibles y complementarias.

La teoría democrática combate el poder autocrático, el que viene de arriba, oponiéndole el poder que viene de abajo. Por su lado, la teoría pluralista combate el poder monocrático, es decir el poder concentrado, y le opone el poder distribuido.

La democracia pluralista viene, así, a conciliar satisfactoriamente la doble lucha contra el poder autocrático y concentrado, mediante la participación social y la desconcentración o distribución del poder lO.

Todos coinciden también en que el pluralismo social debe ser receptado por la estructura estatal. Pero en lo que estos exponentes del pensamiento pluralista democrático difieren es en sus propuestas concretas de reforma político-institucional para dar cabida a la representación funcional o de los intereses. Abogan unos por la creación, junto a la cámara de representación política, de una cámara de representación corporativa, ubicando así a los grupos sociales o intermedios en la estructura estatal con facultades de decisión. Abogan otros por el mantenimiento de la representación política exclusiva en los órganos gubernamentales decisorios, pero ubicando, al lado de ellos, consejos económico-sociales de carácter consultivo en los que estén representados los cuerpos intermedios. Esta última postura expresa la opción institucional que se formula con el proyecto de ley presentado por nosotros.

El Consejo tiene carácter consultivo y asesor de los poderes políticos del Estado nacional, esto es, del Poder Ejecutivo y del Poder Legislativo quienes, de conformidad con nuestro sistema constitucional, tiene reservado en todos los casos el poder de decisión.

Desde ya que la formulación o no de dichas consultas es facultativa de los poderes políticos. Por eso, precisamente, se ha creído necesario y conveniente a los fines del efectivo cumplimiento en la práctica del cometido del Consejo, que algunas cuestiones -tales como el proyecto de ley de presupuesto de gastos y recursos de la nación y las relativas a los planes o programaciones económicas o sociales- no pueden ser decididas por los órganos gubernamentales competentes sin escuchar previamente la opinión del Consejo.

El segundo supuesto de actuación del Consejo consiste en su función asesora de los poderes políticos. En este sentido, se le reconoce al cuerpo el más amplio poder de iniciativa: puede emitir opinión respecto de cualquier asunto de índole económica o social, elevar proyectos de ley, propiciar reformas y proponer medidas en el ámbito de su competencia.

La integración del Consejo constituye una de las cuestiones más controvertidas, delicadas e importantes, pues se trata de que el cuerpo constituya, dentro de lo posible, la más fiel expresión de la realidad social y política nacional.

El proyecto ha procurado ponderar adecuadamente los elementos cuantitativos y cualitativos que califican la existencia y la influencia de los distintos sectores y grupos poniendo el acento en una visión integradora y de articulación de todos los grupos, política y socialmente significativos, de nuestra realidad.

Tres son los modelos de estructura representativa adoptados en las diversas experiencias realizadas en la materia, los que se acostumbra a denominar por el antecedente extranjero relevante que los ha inaugurado. Así tenemos el modelo paritario belga, el tripartito holandés, y el pluripartito o multipartito francés.

De la experiencia realizada en nuestro país y en otros países, concluimos en la necesidad de seguir el modelo pluripartito para el Consejo Económico, Social y Político.

El modelo multipartito o pluripartito, al integrar la participación de una pluralidad de sectores de la sociedad, neutraliza o elimina los factores de distorsión que introduce en el sistema la rigidez funcional determinada por la sola presencia de dos o tres actores, por importantes que estos sean.

Este modelo convierte al Consejo en una radiografía más fiel de la realidad argentina; privilegia la participación de sectores habitualmente poco representados o escuchados; impide el predominio -de tinte corporativo- de los sectores del capital y del trabajo, equilibrando su peso relativo con la participación de otros grupos organizados y conformando así un órgano democrático flexible, una verdadera asamblea socioeconómica y política llamada a convertirse -si la madurez política de los actores involucrados está a la altura de las circunstancias y necesidades históricas- en un foro de diálogo institucional y permanente entre las principales opiniones e intereses de los grupos intermedios significativos, de los partidos políticos y del Estado, que abrirá la posibilidad cierta de construcción del consenso político y social, imprescindible para planificar democráticamente el futuro de la nación.

El Consejo que proponemos cuenta con un total de 118 miembros y son cinco los grandes sectores de la sociedad representados. Ellos son: el sector trabajador, el sector empresario, el sector público, el sector representativo de los intereses diversos y el sector correspondiente a los partidos políticos. Cabe aquí explicitar un aspecto, cual es la participación en el Consejo de representantes de los partidos políticos, lo que sólo cuenta con unos pocos pero significativos antecedentes. No podemos propiciar la creación de un organismo que, integrando a los que hoy no están integrados a la estructura institucional -los grupos sociales intermedios- deje afuera a los intermediarios oficiales de la voluntad política de los ciudadanos, que son los partidos políticos. Un Consejo que no integre a los representantes de los partidos políticos que actúan en nuestra realidad institucional reforzará la desintegración existente: por un lado, en los poderes públicos, los partidos políticos y, por otro lado, en el Consejo, la organizaciones sociales, situación ésta que no colaborará a institucionalizar, como se pretende, el diálogo entre las fuerzas sociales y políticas, que es condición necesaria para el consenso.

Es que, además, entre la economía y la política se han ido borrando las fronteras. Se está conteste en que toda medida de concertación económica o social, así como todo plan de ese carácter, necesita de un pacto o acuerdo de naturaleza política que lo sustente.

En cuanto al peso relativo dentro del Consejo de cada uno de los cinco grandes sectores que lo integran, ha sido ponderado en función de factores cuantitativos y cualitativos que miden su importancia e influencia relativa en el proceso económico, social, político y cultural de nuestro país, factores que se tuvieron en cuenta también para la integración interna de cada sector.

Dado el carácter pluripartito del cuerpo y la necesaria inclusión en él de grupos sociales menos significativos en términos de economía, pero relevantes desde el punto de vista social o cultural, se ha otorgado a los dos sectores básicos de la economía y del proceso productivo -trabajadores y empresarios- un número de representantes equivalente al 51% del total de miembros, por partes iguales, de modo que ninguno de ellos, en forma aislada, alcance la mayoría absoluta, pero teniéndola ambos en forma conjunta. Por su parte, los sectores públicos e intereses diversos -con 20 y 25 representantes, respectivamente- reúnen el 17 % y el 21% de la representación, y el sector partidos políticos alcanza el 11 % de la misma.

En definitiva, los intereses socioeconómicos tienen en el Consejo una mayoría del 51 % y los intereses sociopolíticos y culturales el 49%, logrando así proporcionar una radiografía dinámica de la realidad argentina actual.

1. Sector trabajador. Se fija en 30 el número de representantes del sector trabajador. Se ha considerado conveniente -habida cuenta de la unidad organizativa de los trabajadores argentinos y de la estructura sindical única consolidada, a través de la Confederación General del Trabajo (CGT), conferir en forma global la representación de este sector.

2. Sector empresario. Los 30 representantes de este sector corresponden a los subsectores agropecuarios (8), industrial (11), de servicios (9) (y éste a su vez integrado por comercio, finanzas y seguros, transporte y otros servicios), minería (1) y pesca (1)

Esta distribución ha sido efectuada teniendo en cuenta el aporte de cada uno de ellos a la formación del producto bruto interno del país, corrigiendo dichas cifras en favor de actividades que entendemos necesario promocionar -como es el caso de la pesca- y potenciando el peso relativo total de los subsectores productivos en relación con los vinculados a los servicios. Asimismo, se tuvo en cuenta el porcentaje de la población económicamente activa ocupada por cada subsector.

Se deja aquí también la designación de los representantes en manos de las organizaciones empresarias. Pero dada la dispersión institucional del sector empresario, tanto a nivel general como a nivel sectorial, se precisa que los consejeros serán elegidos por las organizaciones más representan-tiva de cada sector, dejando a cargo del Poder Ejecutivo nacional la determinación de la o las organizaciones más representativas.

3. Sector público. Los 20 representantes del sector público han sido integrados de la siguiente forma: la mitad de la representación del sector ha sido asignada, por partes iguales, al Estado nacional y a los Estados provinciales, y la otra mitad corresponde a las empresas públicas y a las universidades nacionales.

Los cinco representantes que le corresponden al Estado nacional representan a las áreas ministeriales más estrechamente vinculada con la problemática social y económica: Economía, Salud, Educación, Trabajo y Obras y Servicios Públicos.

La inclusión de representantes provinciales por regiones procura introducir en el Consejo el ingrediente federal y zonal, consustancial a nuestra organización política y que favorece la integración regional que propiciamos. El proyecto define cinco regiones del país, de acuerdo con la homogeneidad socioeconómica y cultural de cada una. Ellas son: la región Patagónica, Cuyo, Pampeana, Litoral y Nordeste, Noroeste y Centro.

La otra mitad del sector público se completa con siete representantes de las empresas del Estado o con participación estatal mayoritaria, cualquiera sea su forma societaria, asignando a los sectores energía, combustible, petroquímica, industrias militares y bancos oficiales, un representante a cada uno y dos al sector transporte.

Por último, el sector público comprende tres representantes de las universidades nacionales, elegidos por el Consejo Nacional Ínter universitario de Rectores de Universidades Nacionales.

4. Sector intereses diversos. Dada la heterogeneidad del sector y su menor grado relativo de organicidad, es el que presenta mayores dificultades para la definición de su composición interna y respecto del cual, en consecuencia, pueden presentarse la mayor cantidad de variantes.

De los 25 representantes asignados al sector, tres han sido los subsectores a los que, por su mayor peso y nivel de organicidad, se les ha otorgado una representación mayor.

Ellos son el subsector cooperativo (5), el de las asociaciones gremiales de profesionales (3) y el correspondiente a la juventud (3) Luego siguen -con dos representantes cada uno- el sector pasivo, usuarios y consumidores, organizaciones femeninas y asociaciones o entidades ecologistas o ambientalistas.

La cuarta parte restante de los intereses diversos -con un consejero cada uno- corresponde a las asociaciones culturales y artísticas, asociaciones deportivas, entidades de comunicación social, organizaciones de derechos humanos, comunidades indígenas y universidades privadas, academias y centros de estudios.

Dado que se trata generalmente de sectores con débiles estructuras organizativas, la designación de sus representantes será efectuada por el Poder Ejecutivo nacional a propuesta de las organizaciones o entidades más representativas de cada sector.

5. Sector partidos políticos. El proyecto prevé la paridad de representación de los partidos cualquiera sea su representación parlamentaria o su caudal electoral. Se establece que corresponde un consejero a cada partido político nacional o alianza electoral nacional con representación parlamentaria a nivel nacional y un consejero a cada partido político de distrito o alianza electoral de distrito que gobierne su provincia.

En la actualidad, y de acuerdo con esta prescripción, el sector estaría compuesto por 13 miembros.

Con respecto a sus miembros, el proyecto define expresamente una cuestión de suma importancia para la representatividad y la eficacia del Consejo: el carácter de delegados que revisten los consejeros y la naturaleza revocable de sus mandatos. Esto asegura que la opinión del consejero sea la del grupo que representa, lo que garantiza a su vez, la autenticidad de la representación investida aumentando, en consecuencia, la incidencia real y efectiva del Consejo en las decisiones públicas.

Por último, el proyecto establece que los consejeros -con excepción de los que integran la mesa directiva del cuerpo- no percibirán remuneración alguna, siendo los gastos que les demande el ejercicio de sus funciones a cargo de las organizaciones, entidades o instituciones que representan.

Como culminación de su brillante análisis del desarrollo de la democracia argentina y de los peligros que la acechan, tan vigentes hoy, el profesor José Luis Romero expresaba que «sólo una vigorosa política de cambio, en la que haya sitio para todos los grupos e individuos que componen nuestra sociedad, podrá devolverle a todos la confianza en el país. Faltan caminos para que se expresen y realicen los grupos y los individuos. Faltan proyectos y sobran temores», nos advertía. «Falta imaginación y sobran cautelosas premoniciones acerca de los riesgos que correría la sociedad -en rigor, la vieja sociedad- si se ofrecieran cauces abiertos a la capacidad creadora y realizadora de todos. Pero esta política positiva de cambio tiene que ser formulada y puesta en marcha pronta, antes que nos disgreguemos. Tiene que producir cuanto antes hechos fundamentales y decisivos, que abran nuevas perspectivas y esperanzas»

Como homenaje al ilustre profesor que nos ayudó a conocer las razones de nuestra problemática, fue presentado ante la Honorable Cámara de Diputados de la Nación este proyecto de ley de creación del Consejo Económico, Social y Político.

 

Referencias:

1 Norberto Bobbio: Estado, gobierno, sociedad, Editorial Plaza y Janés, Barcelona, 1987, p. 175.
2 Georges Burdeau: Traité de Science politique, Tomo X, Librairie Generale de Droit te de Jurisprudence, París, 1977, p. 18.
3 J. L. Romero: Latinoamérica: situaciones e ideologías, Editorial Del Candil, Buenos Aires, 1967, p. 81.
4 Moisés Ikonicoff: «Un país transformado en inmensa zona franca financiera», en «Sociedades enfermas de su cultura», edición latinoamericana de Le Monde Diplomatique 1988, p. 73.