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Situación de los trabajadores argentinos

El plan económico elaborado y ejecutado por el equipo de Martínez de Hoz, turo como objetivo entregar nuestra economía al servicio de los intereses de las grandes corporaciones transnacionales, como consecuencia atacó los intereses de todos los sectores del quehacer nacional y fundamentalmente de los trabajadores.

El salario real que estaba en un 42% del Producto Bruto Interno en 1974, cayó al 25% en 1976, y al 19% en 1981. Los trabajadores argentinos perdieron en 7 años más del doble de la deuda externa, el equivalente a una vivienda para una familia trabajadora, dos millones de desocupados, aparición de ollas populares, proliferación de villas miserias y conventillos.

Se intervinieron casi todos los principales sindicatos y se disolvió la C.G.T. fomentando la división, se separaron los sindicatos de sus Obras So­ciales, se quitó la representación gremial en los organismos previsionales, bancarios y de seguridad social. Se desató una feroz persecución sobre gran cantidad de dirigentes gremiales, desde miembros de comisiones internas y cuerpos de delegados hasta de Confederaciones, se congeló la actividad sindical, y se conculcó el derecho de huelga. Se modificó negativamente la Ley de Contrato de Trabajo, se anularon los convenios colectivos, se prohibieron las paritarias.

La clase trabajadora se ha visto grandemente reducida, como consecuen­cia de este plan económico, pudiéndose estimar que, mientras en 1976 había en nuestro país siete millones de trabajadores, en 1984 los mismos no supe­ran los cinco millones. Se ha producido un desplazamiento de trabajadores hacía el sector de servicios, que ha crecido pese a la crisis económica o me­jor dicho a causa de ella. Se ha duplicado el sector de cuentapropistas, que se calcula en la actualidad en el 20% de la mano de obra activa, significando este hecho la existencia de un amplio sector no sindicalizado, sin obras so­ciales y en la mayoría de los casos sumido en la más espantosa miseria, que se incrementa con la existencia de un índice de desocupación que estimativamente se calculaba para 1980 en un 9%.

Los salarios regulados por convenios hasta 1976 se anarquizan y se dis­persan siendo los mismos reemplazados por aumentos por decreto, también por negociaciones individuales, creándose en un alto porcentaje un salario con­dicionado a la presencia del trabajador -enfermo o no-, a su dedicación al trabajo, a su buena letra, a su “contracción al trabajo”, que determinaba que ningún trabajador gane lo mismo que otro. Desde hace casi diez años las condi­ciones de trabajo no han sido consideradas.

La rebaja drástica de la participación de los trabajadores en la renta nacional, la disminución del sector obrero, la presencia de desocupados , cuentapropistas y la anarquía salarial han sido en este campo los más importantes logros del proceso.

En el marco de esta pesada herencia, asume el gobierno constitucional surgido de la voluntad popular. A un año de la restauración de la soberanía popular, frente a la ausencia de un plan nacional, los trabajadores viven una realidad económica y social que en lo sustancial no ha sufrido modificaciones. Esto es así porque el resultado concreto de las negociaciones del gobierno con los representantes de la usura internacional, el FMI y la banca extranjera, nos muestra de qué manera sus recetas económicas se han impuesto.

El salario mínimo, determinado por decreto del Poder Ejecutivo no alcan­za a cubrir el 25% de la tabla de necesidades mínimas que, para el mes de enero de 1985 arrojó la cifra de 105.075 pesos. Siguen cerradas la mayoría de las delegaciones del Ministerio de Trabajo, siguen vigentes las modificacio­nes impuestas por el gobierno de facto a la Ley de Contrato de Trabajo, san­cionada en 1974, no se restablece la aplicación de los convenios colectivos de trabajo, vigentes en 1976, no se ha convocado a las convenciones parita­rias, más de 50 obras sociales siguen aún intervenidas.

Esto afecta a los trabajadores asalariados y sindicalizados. Pero hay una realidad mucho más dramática, creciente, que es la de los marginados, sin salarios, sin atención médica, sin vivienda, sin cobertura asistencial, sin educación, sin la más mínima posibilidad de un trabajo digno.

Con el advenimiento de la democracia los trabajadores fueron reconstru­yendo, en un marco de libertad y participación los cimientos de las organi­zaciones que había intentado destruir el gobierno de facto.

En esta ubicación y consecuentes con nuestro planteo programático de la imprescindible participación de los trabajadores para la consolidación y profundización de la democracia alcanzada, trabajamos activamente por la normalización de las organizaciones sindicales, para la constitución de la C.G.T. única y de sus delegaciones regionales. En este sentido nuestro planteo se orientó a la inmediata convocatoria a elecciones libres, sin proscripciones, y sin condicionamientos de ninguna índole. Teniendo en cuenta la plena vigen­cia de los estatutos orgánicamente elaborados por los trabajadores, como herramienta legal para las convocatorias y la elección de cuerpo de delegados.

El motivo que nos impulsara a plantear la necesidad de la convocatoria de la normalización de las organizaciones sindicales, como uno de los primeros pasos que debía dar el gobierno electo por el pueblo, es el de comprender que la democracia no se puede consolidar sin la participación protagónica de los tra­bajadores, porque su presencia y su acción indican el camino de la justicia social y el contenido nacional de su propuesta.

Por todo ello y a pesar de no haberse escuchado aquella inquietud, perdiéndose un tiempo valioso tras proyectos elaborados al margen de los trabajadores adquiere una importancia trascendente la normalización de las organizaciones gremiales porque favorece la reestructuración orgánica de la Nación en una de sus partes más vitales.

Las ansias de participación y democratización de sus organizaciones y la expectativa de solucionar sus problemas más acuciantes, determinaron la realización de un proceso electoral que se caracterizó por el alto número de votantes, por la gran cantidad de listas que en general y salvo algunas excepciones se presentaron, por la amplitud y pluralidad de las mismas.

Hoy debemos enfatizar, que ante los graves problemas que aquejan a los trabajadores, es necesario consolidar la estructura orgánica del movimiento obrero argentino concretando urgentemente la normalización de la C.G.T. nacional y de sus delegaciones regionales, respondiendo así a los anhelos e intereses genuinos de los trabajadores, superándose las diferencias que puedan originar divisiones y en un marco de diálogo fecundo arribar a la constitución de una C.G.T. única.

La difícil situación por la que atraviesa nuestra patria, lleva al gobierno constitucional a convocar a la concertación, hecho positivo pero insuficiente por su contenido y por su instrumentación. La misma debe tratar todos los problemas de la Nación. No se puede desvincular en la discusión y solución del problema de los salarios, el pago de la deuda externa, la política finan­ciera o del comercio exterior, justamente el no abordaje de estos problemas con una política de independencia nacional es lo que posibilita el deterioro permanente del salario de los trabajadores y las condiciones de vida dignas que se manifiestan en trabas crecientes al acceso a la salud, a la vivienda, a la educación , etc.

El movimiento obrero debe tener una participación activa en este momento político y constituirse en el abanderado de la unidad nacional, elaborando un plan que contemple los intereses de las grandes mayorías y con un contenido de independencia nacional, que le permita constituirse en el eje y en el motor de esa unidad. Y esto es así porque los trabajadores son la base fun­damental del funcionamiento de la sociedad, porque son quienes generan la riqueza, y en consecuencia porque sus intereses no pueden ser otros que los de la Nación misma.

Con esta convicción, debemos enmarcar los reclamos de los compañeros dentro de la realidad integral de nuestra Patria, por encima de las barreras sectoriales, asumiendo una alternativa válida para el conjunto de la Nación en la comprensión de que en un país dependiente no hay solución para los trabajadores, los jóvenes, la pequeña y mediana empresa de la ciudad y del campo, los profesionales, los intelectuales, los artistas, y los integrantes de las Fuerzas Armadas.

Hay que formular un plan nacional, que concrete las aspiraciones del conjunto de la nacionalidad, que ponga la economía al servicio del hombre, je­rarquizando al trabajo y a la producción sobre la especulación y la usura.

Hay que construir una nueva sociedad, donde el índice de avance social no esté dado por la cantidad de TV color, ni por la cantidad de automóviles por cabeza. El mejoramiento de la calidad de vida del pueblo, será el índice del progreso. El Partido Socialista Popular no jerarquizará una Argentina con la autopista más larga del mundo. El Partido Socialista Popular jerar­quizará una Argentina con el índice de mortalidad infantil más bajo del mundo, con el mayor porcentaje de jóvenes estudiantes, con plena ocupación.

La participación y la unidad de los trabajadores es el requisito indispensable para alcanzar esas nuevas formas sociales.

Argentina para tener futuro, los trabajadores para tener pan, trabajo y libertad, los productores para saber qué hacer, la juventud para tener un futuro cierto necesitan una alternativa que ha de nacer del diálogo de todos los argentinos en democracia, a la cual los Socialistas Populares nos comprometemos en forma incondicional a defender.

Cada avance de los trabajadores hacia una nueva sociedad, requiere un mayor grado de avance de su conciencia y de su organización, el socialismo que nació como alternativa para los trabajadores a fines del siglo pasado, es hoy la única alternativa posible para toda la Nación, donde lograremos la satisfacción de las necesidades básicas con nuestro esfuerzo y con lo que tenemos.

En este camino proponemos una amplia movilización popular para lograr :

1.       Defensa de la democracia y ejercicio pleno de la soberanía popular.

2.       Nacionalización de la banca, el comercio exterior, del mercado de cambio, y de las operaciones de seguro y reaseguro, como primer paso para la con­creción de un proyecto nacional.

3.       Conformación de un Gabinete de Unidad Nacional y la concreción de un Consejo Económico y Social, multipartidario y multisectorial.

4.       Participación institucional de los trabajadores en la administración de las empresas líderes, para terminar con las prácticas especulativas.

5.       Participación de los trabajadores en todos los órganos del área social de la economía, como así también en las instituciones oficiales, nacionales, provinciales, municipales y organismos descentralizados.

6.       Sanción de un código de trabajo, que consagre los principios fundamentales del derecho social moderno; hasta tanto se sancione el mismo, se debe res­tablecer la legislación laboral derogada. En especial la Ley de Contrato de Trabajo Nº 20744 e inmediata puesta en vigencia de la Ley de Convencio­nes Colectivas de Trabajo. El código del trabajo amparará a todos los trabajadores que se desempeñen en relación de dependencia, sin exclusiones. Incluirá a los empleados pú­blicos, trabajadores de la construcción, rurales y del servicio doméstico, que hoy se encuentran al margen de la Ley de Contrato de Trabajo.

7.       Establecimiento del salario mínimo, vital y móvil que garantice para el trabajador y su familia, el acceso a una vivienda adecuada, salud, alimentación, vestimenta, educación, cultura, descanso y esparcimiento, tal como lo establece la canasta familiar, cuyo monto deberá tenerse en cuenta para la actualización mensual de los mismos.

8.       Creación de un Consejo Nacional del Salario, integrado paritariamente por trabajadores, empleadores y el estado.

El derecho del trabajo es la consecuencia de la lucha y organización del movimiento obrero y deja de tener vigencia cuando los trabajadores carecen de poder para controlar su aplicación. Es por ello que en el plano organizativo impulsaremos:

1.       Central única de trabajadores -CGT- y defensa del sindicato único por rama de trabajo.

2.       Amplia democracia interna, funcionamiento de los cuerpos de delegados, comisiones internas y consejos directivos.

3.       Protección a los representantes gremiales.

4.       Garantía del derecho de huelga.

5.       Devolución de las obras sociales a sus legítimos dueños: los trabajadores.

Los trabajadores del Socialismo Popular, para llevar adelante estos puntos impulsaremos la creación de agrupaciones programáticas, sobre la base de cua­tro puntos fundamentales:

1.       Programa: para lo cual propondremos el debate de los puntos anteriormente
expuestos.

2.       Participación: promoviendo la más amplia participación de los trabajadores en su seno.

3.       Democracia: en la toma de decisiones y la fijación de tareas.

4.       Defensa irrestricta de los intereses de los trabajadores y de una Nación independiente y solidaria.

Estas son las bases, éstas son las ideas con las que humildemente nos comprometemos a trabajar con firmeza, sin desmayos.

Sumar trabajadores al socialismo, no es una consigna, es el objetivo de nuestro trabajo diario.

Las nuevas formas de vida que alcanzará la mayor parte de la humanidad, el camino que recorrerán los pueblos de América Latina y del Tercer Mundo será a través del socialismo.

Compañeros, trabajemos cada hora, cada día, cada semana en la defensa de los intereses de los trabajadores, en la defensa de sus organizaciones, en consolidación del movimiento obrero, para que lleve adelante un proyecto nacional, que materialice las necesidades y aspiraciones del pueblo argentino, que nos ubique permanentemente en la integración latinoamericana, independiente de las potencias del este y del oeste que pugnan por la hegemonía mundial.

Incrementemos nuestro compromiso con el objetivo de construir para las generaciones futuras una nueva Nación independiente y solidaria.

Hoy más que ayer el socialismo es una posibilidad que debemos transformar en realidad, por ello hoy más que ayer es necesario seguir luchando por Argentinizar nuestra Argentina.

Buenos Aires, 2 de febrero de 1985.