Fundación ESTEVEZ BOERO

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El Bicentenario, una nueva oportunidad para repensar la nación

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Documento editado por la Fundación Estévez Boero, presentado al "Tercer Congreso Nacional Ordinario del Partido Socialista".

(Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 13 de Marzo de 2010)

 

 

 

 

200

el bicentenario,

una buena oportunidad

para repensar la nación

un proyecto político requiere de una explicación

razonable que vuelva comprensible la estrategia

para quienes participan de esa tarea colectiva

01. el bicentenario como fecha emblemática

para repensar la nación


En este año 2010 los argentinos celebramos los 200 años de la Revolución de Mayo. Para apreciar mejor la fuerza simbólica de la fecha, habría que recordar an­tecedentes cronológicamente cercanos, como el 1976 estadounidense o el 1989 francés; y el más lejano en el almanaque pero más íntimo y caro en su significación en la historia nacional, que es el 1910 criollo, cuando la Argentina se transformaba aceleradamente en una sociedad moderna y se homenajeaba a sí misma con­memorando los primeros 100 años de la Revolución.

 

El clima político del Centenario, en 1910, era bien dis­tinto del actual. No hay dudas que no era aquella una sociedad maravillosa: las duras imposiciones sociales de un capitalismo en formación, se reforzaban por el carácter excluyente del régimen político oligárquico. A lo largo de la primera década del siglo XX, la conflictividad social fue adquiriendo rasgos cada vez más seve­ros, con una política estatal fuertemente represiva, lo que explica que las fiestas de mayo se hicieran con la vigencia del estado de sitio. Sin embargo, los argenti­nos de entonces podían participar razonablemente de una creencia colectiva en un destino nacional de gran­deza, existiendo fundadas razones para que la mayoría pensara que el futuro sería mejor que el pasado, y que sus hijos gozarían de una situación económica, social y cultural mejor que la de ellos.

Esas dos caras de la Argentina del Centenario permi­ten observar claramente las diferencias con el presen­te: mientras que hoy es muy difícil sostener esa creen­cia colectiva en un futuro mejor, luego de décadas cargadas de dificultades económicas, sociales y políti­cas, es obvio que, luego de 26 años de institucionalidad democrática, las formas de ejercicio de la dominación política se han alejado de aquel rostro represivo.

Así, la Argentina de hoy es, para bien y para mal, muy diferente a la de 1910. Más allá de esas diferencias, la conmemoración de los 200 años de la Revolución de Mayo tendrá seguramente un punto en común con la de hace 100 años: la generación de un marco propicio para pensar la nación y nuestra sociedad. La sensibili­dad político-cultural que se generó en torno al Cente­nario, influyó de manera notable en el universo político de la época, y explica la voluntad y capacidad del go­bierno de Roque Sáenz Peña para promover la reforma de 1912 que impondría la democracia electoral como nueva fuente de legitimidad del poder político. El Bicentenario es una nueva oportunidad para reflexionar sobre nuestro país en el espejo de su historia y de las condiciones contemporáneas que lo definen como so­ciedad. Una oportunidad para activar ciertas preguntas capaces de interpelar a nuestra sociedad. Pregun­tas por la historia y por la actualidad: por la democracia que tenemos, por la sociedad que conformamos, por las representaciones simbólicas que definen el sentido de nuestra nación. Y también por la experiencia que estamos viviendo y los horizontes a construir, estable­ciendo un diálogo entre pasado, presente y futuro.

La sociedad y la democracia no pueden conformarse con la repetición automática de sus rutinas. Ambas de­ben ser pensadas, revisadas desde la reflexión funda­da, con el objetivo de avanzar en la construcción de una sociedad más justa. Esto puede hacerse a diario, pero hay momentos especiales, excepcionales, en los que se genera una sensibilidad singular entre los conciudada­nos que facilita la autorreflexión. Momentos en que los valores y normas hasta ayer aceptados, son puestos en cuestión, demandan una nueva argumentación que los justifique o bien necesitan reformularse lo suficiente como para reconstruir su legitimidad. El Bicentenario es sin duda uno de esos momentos especiales.

En este marco, pensamos que 2010 es un año opor­tuno para convocar a la ciudadanía con el fin de apor­tar a la construcción de un proyecto de nación, sin el cual es muy difícil tener un rumbo para el país. Sabe­mos que la Argentina atraviesa una situación compleja, y estamos convencidos que sólo podremos encontrar una salida al laberinto de la política actual, si primero construimos un proyecto de largo alcance en cuyo mar­co se defina quiénes son las personas más adecuadas para impulsarlo.

Hemos utilizado en otras oportunidades la metáfora del barco, como proyecto común para navegar, para ir adelante como país. Los Socialistas creemos firmemen­te en la necesidad de hacer una convocatoria amplia, a distintos sectores políticos y sociales, para construir ese proyecto de nación. Nuestra experiencia en el gobierno de la provincia de Santa Fe en los últimos años, nos rati­fica la creencia en una política de consensos y en la im­portancia de contar con una herramienta valiosa como el Frente Progresista Cívico y Social, responsable desde fines de 2007 del gobierno provincial santafesino.

Con esta expectativa, observamos que una de las principales diferencias entre el Centenario y el Bicente­nario es que en 1910 había un proyecto de nación. Un proyecto con el que tenemos diferencias insalvables si pensamos en las formas de ejercicio de la dominación política y social, el modelo de acumulación económica y la concentración de la riqueza, pero que, sin embargo, permitió definir políticas de desarrollo de largo aliento, como la construcción de la infraestructura social básica y un programa educativo que transformó a la Argentina, en pocas décadas, en uno de los países con mayor mo­vilidad social ascendente. Sabemos que las cosas que se hicieron en nombre de ese proyecto de país se podían haber realizado de otra manera, seguramente mejor y más justa-, pero hoy estamos en un estadio anterior, por­que ni siquiera contamos con un proyecto estratégico que nos permita fijar las prioridades nacionales.

Por otra parte, la comparación con el Centenario de 1910 puede darnos más indicios sobre el presente. Como ya señalamos, existe una relación estrecha entre el Centenario y la democratización política impulsada por la reforma de 1912. En la hora actual del Bicentenario es necesario pensar en otras reformas equivalen­tes. En un juego de comparaciones, distintos autores han sostenido que si en 1910 se trataba de democratizar la república (lo que se alcanzó con la reforma de Sáenz Peña en 1912), ahora, en 2010, se trataría de volver genuinamente republicana a la democracia que tenemos. Avanzando en esa dirección, desde el Socia­lismo podemos definir el sentido de 2010, como el de la hora de conquistar una verdadera institucionalidad re­publicana, sostener la democracia política y garantizar la democracia social que es el hogar de la ciudadanía.

Sólo así, con ciudadanos activos podremos construir una nación integrada social, económica y culturalmente. Si, como sostiene una de las definiciones más clá­sicas, la nación no es una esencia intemporal sino un acuerdo permanentemente renovado entre quienes quieren vivir juntos, si la nación es un plebiscito cotidia­no, la calidad de la ciudadanía resulta esencial para la construcción de una nación democrática.


 


02. LA ARGENTINA

EN EL ESPEJO DE SU HISTORIA

 

En ocasión de conmemorar el Bicentenario tenemos la necesidad de repasar la historia, para pensar la Ar­gentina, no en el vacío, sino desde nuestra experiencia. Con ese objetivo realizaremos un breve recorrido por la historia nacional, destacando aquello que puede ayu­darnos a comprender el presente y proyectar el futuro. En este recorrido reconoceremos cuatro períodos:

Un primer período que va desde la Revolución de Mayo de 1810 hasta la Federalización de la ciudad de Buenos Aires en 1880, está caracterizado por los varia­dos intentos de construir un orden político luego de la caída del poder colonial. La fecha de cierre en 1880 se explica porque es entonces cuando culmina el proceso formativo del Estado Nacional.

Un segundo período, que se extiende desde 1880, momento de consolidación del Estado, hasta 1930, cuando el golpe militar del 6 de septiembre quiebra la continuidad institucional. Medio siglo, caracterizado por la estabilidad institucional, el crecimiento econó­mico y la modernización social.

Un tercer período desde 1930, cuando la interven­ción militar en política y la crisis económica coinciden para marcar un fin de época, hasta 1983, cuando se inicia la transición a la democracia. Una etapa carac­terizada por la inestabilidad institucional, una fuerte participación militar en la política y las dificultades de la economía argentina para encontrar una inserción eficaz en el mercado mundial.

Y un último período, que se inicia en 1983 con la recuperación de la democracia, y se extiende hasta la actualidad. Poco más de un cuarto de si­glo en el que, aunque con dificultades, se ha recu­perado la estabilidad institucional, en un proceso de reorganización del sistema democrático donde pueden reconocerse diversos problemas y asigna­turas pendientes, tanto en el plano institucional como en el social.

 

2.1. 1810-1880

Este período, que se inicia precisamente con la Revolución de Mayo, puede caracterizarse como una larga etapa de construcción de un orden estatal que se extiende hasta 1880. Mayo de 1810 fue una revolu­ción en tanto terminó con el poder colonial en nues­tro territorio, dando lugar a un proceso conflictivo de búsqueda de un nuevo orden político de alcance na­cional. Un proceso trabajoso de setenta años, atrave­sado por las guerras de independencia y civiles, que tendrán duras consecuencias sociales a lo largo del territorio argentino.

En los años iniciales del período, nos interesa des­tacar el proyecto de organización institucional impul­sado por el bloque Artiguista de la Liga de los Pueblos Libres, que integraba a la Banda Oriental y las provin­cias litorales. Ese proyecto frustrado encierra las cla­ves que ayudan a explicar las divisiones que castiga­ban a la Argentina en formación, mientras proponía una de las mejores síntesis institucionales de respeto a los pueblos, tanto en el plano de las autonomías re­gionales, como en el de los derechos de los diferentes sectores sociales.


Paralelamente y por encima de la conflictividad política que dividía a la Argentina dando fundamento a la guerra civil, el proceso revolucionario se afirma­ba, paso a paso, en acciones que permitieron conso­lidar la emancipación de España. La decisiva lucha de Belgrano, en el terreno militar y con la creación de la bandera nacional, símbolo indispensable para forjar una identidad colectiva; y la larga empresa sanmartiniana, que permitió, luego del cruce de los Andes y la liberación de Chile, alcanzar la victoria militar sobre las fuerzas españolas, en 1824, en Ayacucho.

Al promediar el siglo, luego de uno de los más du­ros enfrentamientos militares que terminó con déca­das de hegemonía de Buenos Aires sobre el conjunto de las provincias argentinas, el Acuerdo de Goberna­dores de San Nicolás posibilitó la reunión del Congre­so Constituyente en Santa Fe, que luego sancionó la Constitución Nacional de 1853. Mojón institucional fundamental a partir del cual comenzó el proceso de ingeniería institucional necesario para la consolida­ción del orden estatal.

Apenas unos años después se iniciaba el proceso de inmigración que en pocas décadas cambiaría de manera notable la estructura demográfica de nuestro país, cuya población en esos años no alcanzaba los dos millones de habitantes. En los tramos iniciales, el Estado impulsó inmigraciones asociadas a procesos de colonización con acceso a la propiedad de la tierra, cuyo ejemplo paradigmático es el caso de Esperanza, en la provincia de Santa Fe. Estas experiencias de de­sarrollo agropecuario, promoviendo la formación de una clase de pequeños propietarios, resultará territorialmente limitada, al imponerse en la mayoría de la pampa húmeda una ocupación del territorio basada en el latifundio. En la región central de la Provincia de Santa Fe, la multiplicación sucesiva de colonias habrá de configurar un espacio singular, dejando una impronta destinada a perdurar en el tiempo, con un entramado desarrollo del mundo urbano y rural.

La puesta en vigencia de la Constitución de 1853 no fue suficiente para conquistar la paz entre las pro­vincias argentinas. Habrá que esperar hasta 1880, cuando el Estado Nacional, al imponerse sobre la provincia de Buenos Aires, alcance el monopolio de la fuerza pública que define a un orden estatal. Fue el último enfrentamiento militar de los que caracte­rizaron al período, en el que las fuerzas del gobierno nacional que presidía Avellaneda, debieron reprimir la rebelión de las milicias de la poderosa provincia de Buenos Aires comandada por su gobernador Carlos Tejedor. El breve pero costoso conflicto fue pródi­go en resultados: derrotada la provincia de Buenos Aires, la Nación le impuso la Federalización de la ciudad, creando por ley la ciudad de La Plata como capital de la provincia, mientras desarmaba y prohi­bía a partir de entonces la organización de milicias provinciales, cuyo poder militar era asumido excluyentemente por el Estado Nacional.

 

2.2. 1880-1930

El período que se inicia en 1880 es, en muchos sen­tidos, excepcional en la historia argentina. En él se consolida el capitalismo como forma dominante en nuestro país, que se integra al mercado mundial como productor de bienes primarios. Desarrollo económico iniciado en las décadas anteriores, que alcanzará su apogeo en este período. La situación internacional y las características de la Argentina a lo largo de esta etapa, permitieron una gran expansión económica que trans­formó radicalmente al país, con un proceso acelerado de concentración de la riqueza y modernización so­cioeconómica, que benefició principalmente a la región pampeana, dejando profundas huellas de desigualdad en la estructura regional.

La radicalidad de la transformación de la sociedad argentina en esos años puede percibirse en los más variados indicadores, desde los que dan cuenta del crecimiento de la población, hasta los que señalan el incremento de la comercialización de bienes, pasando por la cantidad de hectáreas sembradas, la extensión de las vías férreas, la alfabetización, la circulación de bienes culturales, etc. Todos los indicadores confir­man la excepcionalidad del período. Aquí basta con señalar que, en esas cinco décadas, la población ar­gentina se multiplicó por 6, pasando de 2 millones de habitantes iniciales a un estimado de 12 millones al finalizar el período.

El modelo de desarrollo económico agroexportador, si bien tuvo marchas y contramarchas -algunas tan severas como la crisis de 1890- se mantuvo por estos años sin modificaciones importantes. Será en las for­mas de ejercicio de la dominación política donde en­contraremos una línea de ruptura fundamental: la re­forma política de 1912, umbral de pasaje del régimen oligárquico al democrático.

Las transformaciones en el universo de la política re­flejan bien los cambios que se han producido en la so­ciedad. Principalmente por la incorporación masiva de inmigración extranjera, de proporciones excepcionales considerando la población de origen. También por el acelerado proceso de urbanización, facilitado por el crecimiento económico y que provocó una transforma­ción en la estructura social cuyos efectos políticos no tardarían en aparecer.

En efecto, la impugnación al régimen oligárquico de los revolucionarios de 1890, dio lugar al surgimiento de una nueva fuerza política, el Radicalismo, que adquirió rápidamente los rasgos de un partido moderno, asu­miendo la representación de los emergentes sectores medios. La reforma de Sáenz Peña permitió el acceso del Radicalismo al poder en 1916, dando paso a una pri­mera experiencia de democratización-política que se extendió hasta el golpe militar de 1930.

 

2.3. 1930-1983


Paralelamente, ya en los últimos años del siglo XIX la transformación de la sociedad se expresaba en el crecimiento de los sectores obreros y la alta conflictividad social que habría de caracterizar a la primera década del siglo XX. Socialistas y Anar­quistas de entonces, compitieron con distintas he­rramientas teóricas y organizativas por representar más fielmente a los sectores obreros y populares. El Anarquismo, con predominio en el movimiento obre­ro en los primeros años del siglo, comenzará luego del Centenario una decadencia de la que no habrá de recuperarse. Mientras tanto, el Socialismo se va organizando como partido político desde 1896, alre­dedor de la figura de Juan B. Justo, quien fue incor­porando a nuestra cultura política el valor ético de la justicia social. Con el ingreso de Alfredo Palacios a la Cámara de Diputados de la Nación en 1904, el So­cialismo comienza un recorrido parlamentario, des­tinado a valorizar el rol de las políticas públicas y a fortalecer la posición del Congreso en el entramado institucional. Fruto de esa trayectoria parlamentaria será un conjunto importante de leyes en defensa de los trabajadores.

Dadas las características del capitalismo argenti­no, con fuerte base agraria, la conflictividad social tiene sus peculiaridades en el mundo rural. El pre­dominio de los arrendamientos en amplias regiones de la pampa húmeda, y las exigencias de las clases propietarias y de las empresas intermediarias, acti­varon la conflictividad social con los arrendatarios, sobre todo en los períodos en los que el deterioro de los precios internacionales volvía más onerosas las demandas del capital. Un acontecimiento impor­tante en este registro, es el Grito de Alcorta en 1912, en especial por los resultados que dejará la movili­zación rural a nivel de organización de los colonos y arrendatarios en la Federación Agraria Argentina.

Por último, es oportuno señalar otro elemento que distingue al período y cuya importancia en la configuración de la Argentina moderna resulta cru­cial: una política educativa universal como motor de la transformación y modernización de la sociedad. La decidida intervención estatal en este rubro, fue uno de los pilares estratégicos que se mantuvo por encima de las diferencias políticas de los distintos gobiernos, promoviendo una distribución gratuita de bienes culturales que impactó en la estructura social incentivando la movilidad ascendente. El Congreso Pedagógico de 1882, la Ley 1420 de 1884 y la Refor­ma Universitaria de 1918, son los principales hitos de una verdadera "revolución educativa y cultural" que transformó a la Argentina y a sus ciudadanos. Esa sociedad en la que la educación y la cultura tenían un lugar privilegiado, se extendería en las décadas siguientes, más allá de la frontera de 1930 y de los cambios en la economía y en la política.

1930 es una fecha decisiva en la historia de nuestro país. En septiembre de ese año, la irrupción militar en la política inauguraba una nueva época, de degrada­ción institucional, predominio de las fuerzas armadas en detrimento de la voluntad popular, incertidumbre e inestabilidad política, económica y social.

Ese primer golpe militar que destituyó a Hipólito Yrigoyen, reflejaba un quebranto político cuya impor­tancia se acrecentaba por coincidir con una crisis eco­nómica estructural. Las reorientaciones del mercado mundial luego de la Gran Depresión de 1929, impacta­ron de lleno en nuestro país, marcando una ruptura en el desarrollo del capitalismo local.

El deterioro de los términos de intercambio en el mercado mundial, obligó a una reorientación de la economía local. Ya en la década del treinta, co­menzó un proceso de sustitución de importaciones no deliberado, tomando forma una incipiente socie­dad industrial, con una producción orientada hacia el mercado interno que, paradójicamente, dependía de la competitividad de la producción primaria para la obtención de divisas en el mercado internacional. La profundización del proceso en los años de la se­gunda guerra mundial, tomaría nuevo impulso con el peronismo, que promovería la sustitución delibera­da de importaciones afianzando el desarrollo indus­trial, y luego con el desarrollismo, que incentivó el ingreso de capital extranjero, predominantemente norteamericano, para el desarrollo de la industria pesada, de bienes de capital y durables.

Paralelamente, las necesidades de la nueva econo­mía requerían de una cada vez mayor intervención del Estado, que fue ganando atributos para regular el mer­cado, primero, y para transformarse a mediados del siglo, de la mano del peronismo, en uno los principales Estados Sociales de Latinoamérica. Esta característica del Estado argentino no se agotó ni mucho menos con el peronismo histórico, extendiendo su vigencia por décadas y más allá de los distintos gobiernos, civiles y militares. A mediados de los años setenta, la crisis del petróleo, el rodrigazo y la última dictadura militar, marcaron los comienzos de una decadencia que ha­bría de rematar el menemismo en los años noventa, bajo el paradigma neoliberal, con la más brutal políti­ca de privatizaciones y descentralización de servicios estatales sin los recursos para sostenerlos.

Una de las consecuencias más destacables de las transformaciones de la economía y la sociedad en los años treinta y principios de los cuarenta, fue la emer­gencia del peronismo como sujeto político. Precisa­mente el desarrollo industrial provocó un profundo proceso de migraciones internas y una modificación en la composición del movimiento obrero argentino, que a medida que crecían las industrias ganaba importancia política y social. Esta es una de las condicio­nes básicas para el surgimiento del peronismo, que en la coyuntura del gobierno militar iniciado con el golpe de 1943, se transformó en el abanderado de los derechos sociales y de la integración de los sectores populares, promoviendo una intensa movilización so­cial cuya referencia emblemática es la jornada del 17 de octubre de 1945.

Considerando en el período en general desde el universo de la política, la crisis que había puesto en evidencia el golpe de Uriburu en 1930, no sería fácil de superar. Por el contrario, sus principales característi­cas tendrían un derrotero de más de cincuenta años: inestabilidad permanente, imposibilidad de construir un consenso básico que asegure el respeto de reglas de juego, y la emergencia del poder militar, sobrevivi­rán a los más variados ensayos de fórmulas políticas. De 1930 a 1983 se suceden los golpes militares que clausuran distintas experiencias de gobiernos civiles.

Las oscilaciones entre democracia y autoritaris­mo tendrán graves consecuencias en el desarrollo económico y social, imposibilitando el logro de los acuerdos necesarios para impulsar proyectos de en­vergadura. Recién en 1983, luego de la barbarie de la última dictadura, junto con la democracia se re­cuperaría una continuidad institucional que sólo en­cuentra antecedentes en el período anterior a 1930.

En definitiva, estamos ante una configuración pe­culiar de un sistema político que en diferentes combi­naciones habrá de integrar a las fuerzas armadas con sectores civiles, políticos, sindicales y religiosos. La presencia de las fuerzas armadas en la política asu­mirá diferentes roles, desde la tutoría ejercida sobre las organizaciones partidarias circunstancialmente a cargo del gobierno nacional, a la intervención directa. A partir del golpe de estado de 1966, bajo el paraguas de la Doctrina de la Seguridad Nacional, los militares incrementarán su involucramiento en el campo polí­tico hasta llegar al paroxismo del golpe de 1976 y la instalación del terrorismo de Estado.

Más allá de las particularidades de cada golpe de estado, éstos revelan en su desarrollo histórico una constante perversa: impedían la consolidación de la participación social y de la institucionalidad demo­crática, mientras provocaban drásticos cambios en la orientación de la economía que, en detrimento de los sectores populares, afianzaban los procesos de con­centración y penetración del capital internacional. Así, la construcción de una democracia institucional debía recomenzar de cero luego de cada golpe militar.

Esta deficiencia estructural del sistema político se reforzaba por las dificultades de la economía argenti­na para encontrar una inserción eficaz en el mercado mundial. Problema recurrente a lo largo de los ciclos de ilusión y desencanto de la Argentina del período, que limitó un desarrollo económico sustentable, y exa­cerbó la conflictividad social en la puja distributiva, incentivada por un proceso inflacionario que ganaba autonomía. Como consecuencia, la Argentina perdió, en los últimos años del período, esa privilegiada condi­ción que le permitía destacarse en América Latina no sólo por el crecimiento económico, sino también por el alto nivel de inclusión social y de desarrollo cultural.

En este marco de extensa participación militar en la historia argentina, la dictadura iniciada el 24 de mar­zo de 1976 sobresale por la violenta agresión ejercida sobre la comunidad. Partiendo de un diagnóstico que consideraba a la sociedad presa de una enfermedad irrecuperable, el gobierno militar encabezado por Videla aplicó una intervención sostenida en el ejercicio del terrorismo estatal, con el objetivo de paralizar a la sociedad y cualquier respuesta posible de la misma ante sus políticas, lo que le permitió avanzar en una drástica transformación del sistema económico con el propósito último de modificar radicalmente la confor­mación de la sociedad argentina.

El resultado de tan brutal intervención militar es conocido: desaparecidos, exiliados externos e internos, y una sociedad desarticulada no sólo por el temor ante la arbitrariedad del poder dictatorial, sino también por la crisis económica que jaquea­ba las certidumbres de la Argentina industrial. Las huellas de la dictadura y el terrorismo de estado son perceptibles aún hoy, luego de años de demo­cracia, en especial por los efectos de la pedagogía del miedo y del terror que privatizaron la rica vida pública de los argentinos y cambiaron los espacios de socialización y sociabilidad. Las consecuencias de esta política se aprecian a diario en la Argentina actual contribuyendo a la desmotivación de las jó­venes generaciones.

Lo que implosionaba en 1982, bajo la sombra patéti­ca de Galtieri, era la más brutal dictadura de la historia de la Argentina moderna; y a la par caía un sistema po­lítico que durante poco más de cincuenta años había funcionado con la centralidad de los hombres de ar­mas y la subordinación del poder civil. Esta coinciden­cia terminal contribuía a hacer más pesada la tarea de reconstrucción de la sociedad y volvía más compleja la agenda de la transición a la democracia.

 

2.4.1983-2010

El derrumbe del poder militar como consecuencia de la derrota de Malvinas en 1982, abrió las puertas a una transición a la democracia que se revelaría como un verdadero quiebre en el proceso histórico argentino de acuerdo a las prácticas predominantes desde 1930. En efecto, en esos años en los que Raúl Alfonsín ocupó el centro de la escena, se iniciaba una etapa inédita en la historia nacional de continuidad institucional con democracia electoral y alternancia política.


Desde los primeros años de la transición, pueden percibirse ya los principales temas que funcionarán como grandes ordenadores de la política del último cuarto de siglo. (1) La política de derechos humanos y el poder militar residual, que encuentra sus luces en el juicio a las juntas militares, y sus sombras en las leyes de obediencia debida y punto final, y poco después en los indultos. (2) La política económica nacional frente al fenómeno de la globalización y de la deuda externa, cuyos datos más duros remiten a las crisis de 1989/1991 y 2001/2002. Y (3) la crisis del Estado y las alternativas de reforma, que luego de los intentos frustrados de los años ochenta llevaron, en los noventa, a un verdadero desmantelamiento del aparato estatal, a partir de una política de privatizaciones que fue una de las marcas principales del fenómeno menemista.

Fue en la política de derechos humanos de los pri­meros años, donde la democracia encontró la fuerza simbólica para orientarse como proyecto colectivo. La convocatoria a la CONADEP, presidida por Ernesto Sábalo, y el enjuiciamiento a las juntas militares por la Cámara Federal, marcaron un antes y un después para la sociedad argentina, clausurando el pasado militar como una alternativa a la que se podía regresar.

La ilusión de esos primeros años dio rápido paso a un desencanto y malestar con la política y las organi­zaciones partidarias, cuya principal causa remite a las limitaciones de la democracia frente al deterioro de las condiciones sociales de nuestro país. Dicho de otra manera, la democracia política no ha sabido modificar una tendencia al deterioro de las condiciones sociales cuyos indicadores actuales devalúan de manera nota­ble el proceso de democratización. Hasta la recupera­ción de la democracia en 1983, el empeoramiento de las condiciones sociales se asociaba a los procesos dictatoriales; la incapacidad de nuestro sistema demo­crático para revertir esta situación en el último cuarto de siglo, afecta directamente su legitimidad social.

No es un tema sencillo, en tanto estamos ante un problema que trasciende las fronteras nacionales: las limitaciones de la democracia política y de los Estados nacionales frente a los imperativos económicos de la globalización. Precisamente uno de los cambios más importantes de la evolución reciente del capitalismo, es la profunda mutación que se ha producido en la re­lación de la política con la economía, de los Estados na­cionales con los mercados.

Así, la recuperación democrática en Argentina se ha producido bajo el imperio de esta nueva realidad sig­nada por la retracción del Estado ante el mercado. Es imposible ignorar esta situación, pero la resignación de la política ante la gestión es también resultado de una cuestión ideológica, de una derrota cultural ante el neoliberalismo, que prohijó una verdadera furia antiestatista, cuyos resultados con respecto a las capacida­des del Estado para cumplir sus funciones básicas aún estamos padeciendo los argentinos.

En ese registro, que fue el del justicialismo en su lar­ga estación menemista, el Estado era un mal necesario que debía adecuarse al modelo económico bajo el im­perio del mercado y la globalización. El brutal desman­telamiento del Estado que se dio en esos años, sólo fue posible por la eficaz campaña de deslegitimación de lo público realizada en los años anteriores, que se había encarnado en la opinión pública con la ayuda de la ineficiencia y corrupción estatal. Bajo el paradigma del Consenso de Washington de 1989, las tecnocracias de las instituciones financieras internacionales junto a los apóstoles locales del Estado mínimo y el endiosamien­to del mercado, impusieron la reformulación del Estado a partir de un conjunto de reformas estructurales.

En un marco de época, la política argentina de los años noventa se caracterizó por la sobreactuación des­medida. Basta comparar el comportamiento de los go­biernos de los países vecinos (Chile con el cobre, Bolivia con el estaño, Brasil con la empresa petrolera estatal, Uruguay con el plebiscito que rechazó la privatización del agua) para comprender que fue sólo en nuestro país donde, de la mano de la corrupción, la furia privatista no tuvo límites (las privatizaciones de YPF y de Ferrocarriles fueron casos emblemáticos).

Las consecuencias de este proceso de desguace del Estado fueron dramáticas, tanto en lo social como en lo político y en lo económico. La radical transforma­ción de la sociedad argentina de los últimos años, ha provocado un inédito deterioro social que configura una nueva Argentina socialmente hablando. Esta nue­va realidad determina negativamente las condiciones sociales de la democracia y las posibilidades de cons­truir ciudadanía, no sólo civil y política sino también social y cultural.

A lo largo del siglo XX, más precisamente hasta me­diados de la década del setenta, la Argentina se había posicionado en América Latina como una sociedad donde la desigualdad propia del sistema capitalista estaba amortiguada por una fuerte movilidad ascen­dente, que terminaba por conformar un entramado social más democrático que el de los países vecinos. La situación actual es bien diferente. Basta revisar los índices de desempleo, pobreza e indigencia para comprender rápidamente de qué estamos hablando. Además, hemos aprendido en estos últimos años que el deterioro de las condiciones sociales tiene una no­table capacidad de reproducción; que no estamos ante un fenómeno pasajero que podría revertirse gracias al mero crecimiento económico, sino que se transforma rápidamente en un indicador estructural que nos reve­la una nueva realidad.

En definitiva, desde 1983 la Argentina ha logrado construir un régimen político democrático, pero tiene una importante asignatura pendiente si de lo que se trata es de construir una democracia plena, que incluye como un ingrediente fundamental el régimen político pero que no se agota en él.

Tras esa severa incapacidad de la democracia ar­gentina, la crisis de 2001 y la resolución de la misma permiten apreciar logros no menores, sobre todo si los ponemos en perspectiva histórica. Esta crisis, de indiscutible profundidad y que llevó a la renuncia del presidente de la Nación a mediados de su mandato, se resolvió por vía parlamentaria, manteniendo, en últi­ma instancia, la institucionalidad. A la vez, en el pro­ceso ocupó un rol muy importante una herramienta como el Diálogo Argentino, que de la mano del Progra­ma de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), la Iglesia Católica y otras organizaciones, ofreció una alternativa para la reconstrucción de los puentes insti­tucionales deteriorados por la crisis de legitimidad del gobierno, las organizaciones partidarias, los políticos y la política en general.

En los últimos años, a pesar de contar con una si­tuación económica internacional sumamente favora­ble, el deterioro de las condiciones sociales de nuestro país no se ha revertido. A su vez, la recuperación de la autoridad presidencial a partir del gobierno de Néstor Kirchner, sobre todo en relación a la situación alcanza­da en 2001, no significó una mejora institucional que permitiera resolver positivamente la crisis de los par­tidos y de la representación política. Bajo el imperio de la excepcionalidad, el funcionamiento del sistema político acentuó el deterioro de la calidad de las insti­tuciones democráticas.

Es cierto que en los primeros tramos de esa gestión, decisiones de importancia, como la reforma de la Cor­te Suprema de Justicia y la revisión de la política de Derechos Humanos, marcaron una reorientación de la política estatal a tono con demandas profundamente instaladas en la sociedad. Sin embargo, estas políticas -por otra parte parcialmente contradichas por decisio­nes posteriores del gobierno-, resultaron insuficientes para corregir el curso más profundo de la orientación del sistema político.

El rasgo más persistente y acentuado de este sis­tema político es su carácter delegativo. Crisis recu­rrentes, concentración del poder y ciudadanos des­movilizados vacían de contenido el ideal democrático, debilitando la confianza de la sociedad en la política. Sobre la base del presidencialismo constitucional ar­gentino se ha generado, y continúa profundizándose, el hiperpresidencialismo, fórmula de concentración de los recursos de poder en una sola persona cuyas deci­siones, al no estar sujetas a los controles efectivos de los otros poderes del Estado, generan una creciente tendencia al hegemonismo.

En esta democracia delegativa se altera el equilibrio de poderes a favor del ejecutivo y decaen las atribu­ciones propias del parlamento. Una situación similar afecta al poder judicial, que sufre las consecuencias de un prolongado deterioro, sumado a la escasa autonomía del Consejo de la Magistratura. En este clima polí­tico, el diálogo y la concertación han perdido su valor simbólico y práctico.

Asimismo, poco lugar queda para el ejercicio real del federalismo. La concentración política y económica y las distorsiones del régimen tributario han dado como resultado un federalismo fiscal invertido que agobia a las provincias. En este esquema, un parlamento subor­dinado al poder ejecutivo y el deterioro del federalis­mo frente al poder central son posiblemente dos caras de la misma moneda. Es difícil pensar que la concen­tración de recursos por parte del Estado nacional en detrimento de las provincias, hubiera sido posible sin la resignación del rol constitucional del parlamento y en especial del Senado nacional. El largo conflicto por las retenciones agropecuarias, que conmovió al país durante el año 2008, y el debate parlamentario alre­dedor de la Resolución 125, introdujeron un cambio en el comportamiento del Congreso que revalorizó su rol. La nueva composición de las Cámaras, de acuerdo a los resultados de las elecciones del 28 de junio de 2009, parece confirmar esta tendencia.

La debilidad de las instituciones argentinas ha sido históricamente producto de la disputa en torno a sus valores subyacentes; disputa que la recuperación de­mocrática acalló en la superficie pero que siguió ma­nifestándose en la reiterada incapacidad para acordar reglas de convivencia y luego someterse a ellas. Por­que ajustarse a reglas acordadas colectivamente no implica desconocer que las reglas deben acompañar el paso de las transformaciones sociales; entre el dina­mismo de las instituciones y el capricho decisionista, media un abismo.

La oscuridad en el manejo de los recursos públicos, la confusión entre lo público y lo privado por parte de los funcionarios, y la falta de esclarecimiento de im­portantes denuncias de corrupción, contribuyen al descrédito de la política, ahondando la brecha que la separa de la sociedad.

 

2.5. PASADO Y PRESENTE

Al comenzar este recorrido sumario por la historia nacional, decíamos que era una tarea necesaria para pensar la Argentina. Como todo proceso histórico, el nuestro es conflictivo y hasta contradictorio. La pers­pectiva histórica nos permite apreciar que, luego de un cuarto de siglo, la democracia política es un bien social logrado que prácticamente nadie cuestiona, aunque hay mucho que hacer para perfeccionarla, en especial dotándola de calidad institucional y de capa­cidades estatales para orientar un desarrollo social más equitativo.

La pobreza, la desigualdad, la fragmentación, la falta de cohesión social, cuando no la desesperanza, que no se miden sólo con indicadores de ingreso, son realidades que dan cuenta de la profundidad de la crisis de nuestra sociedad contemporánea. No es ésta una situación que la Argentina cargue a lo largo de su historia. Por el contrario, la historia nos devuelve una Argentina diferente, donde la pobreza, si bien presen­te, nunca fue una situación estructural. En términos históricos entonces, estamos ante una nueva cues­tión social, sin que las modificaciones en la estructura económica argentina puedan justificarlo. Una Argen­tina que en lo esencial no ha perdido la riqueza que la caracterizó a lo largo de su historia, con índices de pobreza, indigencia y desigualdad como los de los úl­timos años, es un problema ético. Un problema ético, que la política debe enfrentar como tal para recuperar su legitimidad social más profunda.


 


O3.  REPENSAR LA NACIÓN

DESDE LA EXPERIENCIA DE SANTA FE


 


Frente a la situación de la Argentina actual, los so­cialistas estamos convencidos de la necesidad de construir un proyecto colectivo que permita volver a pensarnos como Nación. Es ese proyecto, basado en la pertenencia a un "nosotros", el que debe guiar la ac­ción del Estado. Por eso no es neutral la definición de los grandes temas que entran en la agenda pública y en los que son necesarias políticas de Estado; políticas que trasciendan el horizonte de un gobierno y se asien­ten en valores y creencias compartidas.

Transformar las políticas públicas en políticas de Estado no es una cuestión técnica, sino profundamen­te política, ya que sólo la política otorga sustento y sentido al orden institucional. Toda política necesita asentarse en una base normativa que le otorga institucionalidad; pero una política de estado requiere además, para ser sustentable en el tiempo, la apro­piación social, es decir que la sociedad la haga suya y la defienda. Y es allí donde adquiere la mayor relevan­cia nuestro compromiso militante.

Hoy es hora de pensar cuáles son esas políticas de estado imprescindibles para avanzar hacia una Nación solidaria. Ya lo hemos planteado claramente en el programa de gobierno del Frente Progresista para la Provincia de Santa Fe 2007-2011: el modelo al que aspiramos se basa en el concepto de bienes­tar, a través de un proyecto de organización social que estructura y da sentido al porvenir sobre la base de valores compartidos.

No entendemos el bienestar sólo como la satisfac­ción de una necesidad inmediata, sino como la capa­cidad de satisfacer necesidades que se proyecta en el futuro. Estaremos protegidos si vamos hacia una Sociedad de Bienestar que jerarquice al ser humano, que priorice el valor de lo público, de la participación ciudadana y el rol de las iniciativas sociales, tratando de contrarrestar tanto el paternalismo, que acompañó al desarrollo de los Estados de Bienestar en nuestra re­gión, como el reino del mercado de los años noventa. A diferencia de la sociedad en la que vivimos, donde la exclusión social aparece como un rasgo estructural, una sociedad de bienestar encuentra su principal fun­damento de legitimidad en su capacidad inclusiva.

Como podemos apreciarlo en los últimos años de sostenido crecimiento económico de nuestro país, el carácter inclusivo de la sociedad, la posibilidad de construir una sociedad de bienestar, no es algo que tenga que ver con la naturaleza, ni es inherente al de­sarrollo del mercado. No es tampoco producto de un "efecto derrame", como pregona el neoliberalismo. Aun en momentos de alto crecimiento económico, las políticas neoliberales de los 90 profundizaron escan­dalosamente la desigualdad y la pobreza.

Sea cual fuera la situación económica, la redistribu­ción y el bienestar no se alcanzan de manera automá­tica. Corresponde al Estado generar políticas activas que eviten que los riesgos recaigan siempre sobre los más vulnerables. El bienestar de una sociedad es, sin dudas, el resultado de una acción política.

La crisis de la Argentina de hoy es política más que económica: es una crisis de confianza de los goberna­dos hacia sus gobernantes y de debilitamiento de la institucionalidad. Ante esta crisis político-institucional que vivimos, necesitamos respuestas alternativas en lo político, en lo social y en lo económico que perfilen cla­ramente cuál es el proyecto colectivo que imaginamos. Es necesaria una nueva manera de entender lo público. Un Estado que construya gobernabilidad democrática, produciendo un círculo virtuoso con el mercado y la sociedad civil, es indispensable para alcanzar cohesión social y territorial.

La experiencia colectiva que estamos desarrollan­do en Santa Fe nos permite aportar ideas para pensar la nación. Los Socialistas, junto a otras fuerzas progresistas, venimos protagonizando un proceso histórico desde hace veinte años cuando asumimos la Intendencia de Rosario. En 2007 con el Frente Pro­gresista logramos acceder al gobierno de la Provincia de Santa Fe, al tiempo que sostenemos y ampliamos nuestras prácticas de gestión local. Desde la respon­sabilidad del gobierno local, hemos aprendido que la proximidad, el respeto a los derechos de las personas, y nuestra participación en diversas instancias institu­cionales, son de un gran valor en la construcción de­mocrática que protagonizamos.

Cuando pensamos el país, lo hacemos desde el reconocimiento de la diversidad de las provincias ar­gentinas y sus realidades, y de las especificidades que acentúan las diferencias de escala entre lo nacional, lo provincial y lo local; por lo que sabemos que la ex­periencia santafesina, si bien importante, no puede trasladarse automáticamente como una receta. Más allá de esta prevención, creemos que del diálogo y la concertación con las fuerzas progresistas podemos avanzar hacia un cambio cultural que jerarquice las coincidencias sobre las diferencias, y permita cons­truir una unidad nacional sin sacrificar la autonomía de los Estados subnacionales.

En ese marco hay muchos temas que se pueden tra­tar buscando alcanzar un consenso amplio y generoso. Esa será la tarea de sumar, ideas y voluntades, en los próximos meses. Para trabajar en la construcción de ese programa amplio que pueda orientar el rumbo de nuestro país en los próximos años, proponemos para el debate 10 puntos que consideramos pilares fundamen­tales para la construcción de un país normal, que logre desterrar la tendencia a la excepcionalidad y recupere el valor del acuerdo y respeto a las normas de convi­vencia que regulan la vida en sociedad.

Acompañamos estos 10 puntos con breves comenta­rios sobre la experiencia que llevamos adelante en la provincia de Santa Fe. Como ya señalamos, no estamos pensando en ejemplos que pueden trasladarse auto­máticamente al plano nacional. Más bien se trata de dar cuenta de las peculiaridades de elaboración de un pensamiento político entre la reflexión y la experiencia de gestión.

 

1. DIÁLOGO Y CONCERTACIÓN

Para dialogar se requiere voluntad, una gran capa­cidad de escucha y respeto por el otro. Sabemos que hoy se proclama el diálogo pero se observan pocas ac­titudes favorables al mismo; es por esa razón que estos conceptos han perdido su significado más profundo. Reconociendo como antecedente el camino trazado por el Diálogo Argentino para responder a una crisis tan compleja como la de 2001, debemos reconstruir esa herramienta en consonancia con los contenidos ac­tuales de la crisis social e institucional. El mayor acier­to de aquélla experiencia de diálogo institucional fue cambiar el lugar y la forma de la discusión política que se había barbarizado y dotarla de racionalidad. Mejo­rar la calidad de la discusión pública y reconocer al otro como un igual, facilitará la convergencia de voluntades en una orientación común.

La experiencia de Santa Fe muestra las ventajas que aporta la posibilidad de contar con esas instancias ins­titucionales reales, autónomas y en funcionamiento. Existen hoy en nuestra provincia ámbitos participativos para la concertación y el análisis de políticas públicas: el Consejo Consultivo para el Crecimiento, el Consejo Económico- Productivo, la Multisectorial para la De­fensa de la Producción y el Empleo, los recientemente creados Consejos Regionales de Planificación Estra­tégica. Asimismo se han establecido Comisiones Interinstitucionales con el objetivo de fomentar el diálogo social y el compromiso en materia de empleo y condi­ciones de trabajo: la Comisión Tripartita para el Trabajo Decente, la Comisión Cuatripartita para la Igualdad de Trato y Oportunidades en el Mundo Laboral, la Comisión Cuatripartita para la Erradicación del Trabajo Infantil. Se crearon los Comités Mixtos de Salud y Seguridad en el Trabajo en empresas privadas y dependencias públi­cas, conformados por empleados y empleadores con el fin de supervisar en forma autónoma el cumplimiento de las normas de prevención de los riesgos laborales.

 

2. COHESIÓN SOCIAL Y SOLIDARIDAD

La cohesión social y la solidaridad están entre nues­tras preocupaciones principales y nos permiten re­flexionar sobre los vínculos que nos unen como Nación. Es imperioso consolidar en la Argentina lazos socia­les que refuercen la confianza y la reciprocidad. Para eso, basta recuperar el hilo de nuestra historia, donde encontramos sobrados ejemplos de cómo mujeres y hombres destacados por sus luchas, argentinos junto a inmigrantes que llegaban a nuestras tierras, desarro­llaron el asociativismo y lo plasmaron en instituciones, que han sido pilares de muchos pueblos de nuestro país. La cohesión social se fortalece con la solidaridad. Desde el Estado se puede acentuar el individualismo y la fragmentación o bien fortalecer vínculos y redes a través de diversos mecanismos de inclusión, tales como un nivel adecuado de gasto público social y su distribu­ción equitativa según las necesidades del territorio.

Diversas acciones reflejan un trabajo coordinado en Santa Fe en pos de estos valores. Por una parte, las obras públicas de infraestructura social, que generan cohesión territorial y a la vez equilibran el acceso a los bienes públicos: la consolidación del sistema de rutas provinciales; la construcción de hospitales regiona­les de alta y mediana complejidad, con 80 centros de atención primaria de la salud programados de los cua­les 56 se encuentran en ejecución; un plan de nuevas escuelas junto a la recuperación de más de 1500 edi­ficios escolares existentes. Este sistema sirve además para impulsar nuevos puestos de trabajo y fortalecer las PYMES constructoras, gracias al uso intensivo de mano de obra local. Trabajamos en una permanente revalorización del espacio público como espacio de la democracia, para la cultura, el arte, la imaginación y la convivencia, con el desarrollo de distintos encuen­tros y fiestas populares, como La Plaza de la Casa, La Compañía de la Media Luna, Perfume de Mujer o Dar vueltas. La solidaridad desempeña un rol fundamental a través del Programa de Voluntariado Sumando vo­luntades, que invita a todas las personas mayores de 14 años a sumarse a la tarea de mejorar la realidad social, a través de acciones territoriales. Desde allí se forman voluntarios capacitados para sobrellevar situaciones de emergencia, promover el bienestar de la población presente y de las generaciones futuras, y recuperar los espacios públicos en forma eficaz la perspectiva joven en la gestión pú­blica. El Gabinete Joven es una propuesta innovadora de construcción de políticas públicas con una doble dependencia funcional: las y los jóvenes están insertos con responsabilidades específicas en los diferentes mi­nisterios, y a la vez consolidan el propio Gabinete Joven en el Ministerio de Innovación y Cultura. Desde allí, y en el marco más amplio del Plan Estratégico Provincial, se avanza en el desarrollo del Plan Provincial de Juventu­des, la Red de Municipios y Comunas Joven y los Foros Regionales de Juventud, espacios donde la participa­ción es protagonista.

 

3. PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y JUVENTUD

La experiencia nos demuestra que sin participación no hay cambio: ninguna transformación histórica se ha logrado sin participación ciudadana. La democra­cia social que le hace falta hoy a nuestra República, se construye y se sostiene sólo con el involucramiento y el compromiso de la ciudadanía. Y especialmente en la época actual adquiere una importancia fundamental el espacio local, ámbito privilegiado para la participación ciudadana. Sostenemos que es desde los espacios lo­cales, con relaciones cercanas, donde la participación construye ciudadanía. Por eso promovemos la descen­tralización estatal: no en el sentido neoliberal de des­cargar responsabilidades sin los recursos necesarios, sino como una forma de otorgar poder de decisión a los estamentos más próximos. Si buscamos salir de esta democracia restringida, para llegar a una democracia de alta intensidad, debemos construirla desde abajo hacia arriba. En esa preocupación, entendemos que es estratégico incentivar la participación de las y los jó­venes para proyectar una nación inclusiva y solidaria. La Nación Argentina debe aprovechar el potencial de los jóvenes fomentando activamente su participación en las instituciones de la vida social, política, cultural y económica, reconociéndoles la capacidad de tomar decisiones en los asuntos que conciernen a la cons­trucción de un proyecto de sociedad. Los jóvenes no pueden estar condenados a esperar, su tiempo es hoy. De su fuerza, su imaginación y su creatividad sin duda surgirán estrategias innovadoras que nos permitirán transformar positivamente la realidad argentina.

En Santa Fe entendemos la importancia clave de la participación, por eso impulsamos el proceso de regionalización, que otorga visibilidad a territorios antes olvidados y brinda ámbitos para el protagonismo de las personas que habitan esos territorios. Los Centros Cívicos, en cada uno de los nodos regionales, serán la expresión de la descentralización, la participación so­cial y la concertación que se desarrolla con la red de ac­tores locales de la provincia. Por su parte, los jóvenes tienen un lugar de privilegio en la construcción de polí­ticas participativas, por eso el Gobierno santafesino ha creado un espacio institucional con el fin de incorporar

 

4. TRANSPARENCIA, ETICA PÚBLICA Y CAMBIO MORAL

Nuestro proyecto colectivo se funda en principios éticos: la ética es parte inseparable de la propuesta so­cialista. Trabajar para conseguir resultados concretos no debe estar reñido con la afirmación de principios y valores. La ética pública requiere que el Estado tenga como prioridad trabajar en defensa de los derechos fundamentales de ciudadanos y ciudadanas, estable­ciendo los mecanismos y las acciones legales y admi­nistrativas necesarias para garantizar la transparencia, generando un sistema de justicia independiente, san­cionando claramente las prácticas de corrupción e im­punidad, promoviendo el control social y garantizando el acceso de los ciudadanos a la información pública. El cambio moral que sostenemos implica que los funcio­narlos públicos se consideren verdaderos servidores, que deben velar por la defensa del interés público so­bre los intereses individuales. No sólo deben cumplir la ley, deben rendir cuentas a la sociedad de sus actos, y ser imparciales en la gestión de los asuntos públicos.

La sociedad santafesina observa por estos días he­chos paradigmáticos como la sanción al ex juez Víctor Brusa por violaciones a los derechos humanos, la rec­tificación del fallo en el caso Fraticelli, la condena en el caso Storni o la anulación de la jubilación de privilegio mal otorgada al ex juez de la Corte Rodolfo Vigo. Cau­sas que no habían sido resueltas, poniendo al desnudo situaciones de connivencia entre la mala política y los distintos niveles del Estado. Es innegable que la Justicia y la calidad institucional en materia de control de los actos de la administración pública avanzan en Santa Fe, donde se ha reformulado el Consejo de la Magistratura; el Gobernador se autoexcluyó en el nombramiento de jueces y se establecieron concursos con jurados elegi­dos por sorteo para garantizar mayor profesionalización y transparencia en la selección de magistrados. En el mismo sentido, se creó la Dirección Provincial de An­ticorrupción y Transparencia del Sector Público y se fir­mó el Decreto para el Acceso a la información pública, con alcance para todo el Poder Ejecutivo Provincial y los organismos descentralizados dependientes del mis­mo. Asimismo, se garantizó la selección por concurso de los miembros del Tribunal de Cuentas de la Provincia y se estableció un régimen de selección para el ingreso a la Administración Pública: hoy ninguna persona en la Provincia de Santa Fe ingresa a la administración públi­ca si no lo hace por concurso.

5. CIUDADANÍA E INCLUSIÓN SOCIAL

La garantía de una democracia social es la efectiva inclusión social y política de la ciudadanía. Los aspectos sociales del desarrollo continúan siendo relegados en la Argentina. Construir ciudadanía poniendo el acento en la inclusión social implica enfrentar las causas de la pobreza, y no sólo trabajar para combatir sus efectos. Debemos reconstruir un Estado que recupere su capa­cidad de regulación social y que pueda efectivamente garantizar los derechos básicos: el agua potable, la educación, la salud, el trabajo, un hábitat digno. Un Estado que apunte a tres aspectos fundamentales: la generación de políticas sociales y económicas articu­ladas que achiquen la brecha de desigualdad que ha sido creciente en nuestro país; la mejora en cantidad y calidad de los sistemas de educación y salud pública; y la garantía del trabajo decente.

Santa Fe es una provincia con un importante de­sarrollo económico y profundas desigualdades en su tejido social. Una de las grandes deudas internas de nuestra provincia es el deficitario acceso al agua, pro­ducto de la falta de políticas activas durante décadas. El gobierno del Frente Progresista ha diseñado un sis­tema provincial de 12 acueductos, para garantizar en diez años el derecho al agua potable en todo el terri­torio santafesino. En materia de políticas sociales, se trabaja con una perspectiva integral que abandona las prácticas clientelistas y prebendarías para garantizar derechos sociales. La creación del Gabinete Social, con el objetivo de coordinar las acciones de los ministerios en el territorio, permite definir intervenciones integra­les y adecuadas a la realidad social de cada localidad. Para otorgar transparencia a los beneficios sociales se estableció el sistema de Tarjeta Única de Ciudadanía, reemplazando tickets y cajas alimentarias y reducien­do los márgenes de intermediación y clientelismo. Se trabaja firmemente en salud y en educación. La provin­cia está implementando el Sistema Único de Salud, que garantiza el acceso universal a los servicios a partir de tres niveles de atención integrados. Respecto de la educación, se trata de poner nuevamente a las niñas y niños en el centro del proyecto de la escuela; para ello se trabaja en una jerarquización de la función do­cente (se han titularizado alrededor de 10 mil docentes y continúan los cursos de formación permanente) y se ha puesto en marcha el nuevo secundario, lo que dio lugar en la provincia a la creación de 186 nuevos esta­blecimientos, 100 de ellos en zonas rurales. Para hacer realidad el derecho a una vivienda digna, se han adjudi­cado en los dos primeros años de gobierno 3.300 uni­dades habitacionales (la mayoría realizadas en el marco del Plan Federal I) y 4.000 más se encuentran en ejecución. Con gran compromiso Santa Fe construyó la Agenda Provincial de Trabajo Decente, en el marco de un Memorándum de Entendimiento con la Organiza­ción Internacional del Trabajo con el fin de alcanzar el trabajo registrado y formal para todos los trabajadores y trabajadoras santafesinas, lograr condiciones sanas y seguras de trabajo, promover la igualdad de oportuni­dades y trato en el ámbito laboral, erradicar el trabajo infantil y las peores formas de trabajo adolescente, y garantizar la universalidad, integralidad y mejora de la cobertura de la seguridad social para los trabajadores del ámbito público.

 

6. RESPETO A LA CONSTITUCIÓN Y A LAS LEYES

Nuestro sistema representativo, republicano y fede­ral, consagrado en la Constitución Nacional, se basa en el imperio de la legalidad como resguardo frente a las arbitrariedades del poder, en el equilibrio de los pode­res del Estado Nacional y en una relación armónica en­tre nación, provincia y municipios. La Argentina sufre un proceso de anomia, no por falta de normas, sino por una cultura de la inobservancia. La falta de apego a la ley es consustancial con la debilidad institucional que padece nuestro país y es sin dudas un factor que atenta contra la cohesión social.

La reforma de la Constitución Nacional de 1994 in­trodujo el reconocimiento de nuevos derechos e ins­tituciones, que las Constituciones Provinciales deben adoptar. En Santa Fe, la Constitución Provincial ha que­dado al margen del proceso de reforma de la mayoría de las Constituciones provinciales de la Argentina. Su actualización se hace hoy indispensable para encarar una transformación sustantiva y para lograr una demo­cracia de mayor calidad en la provincia. Hoy la Consti­tución provincial debe ser reformada para adaptarla a los tiempos actuales e interpretar los futuros. Aunque la reforma cuenta con pleno apoyo por parte de la ciu­dadanía santafesina, aún no ha sido posible concretarla por no contar con los consensos legislativos necesa­rios. Aspiramos a que la reforma surja de un debate social amplio que involucre a todos los sectores y refle­je sus demandas. Mientras trabajamos en construir un consenso estable por una reforma constitucional, he­mos presentado un proyecto de autonomía municipal para consagrar por ley este principio reconocido por la reforma de la Constitución Nacional de 1994. Por otra parte, algunas leyes emblemáticas se habían ignorado sistemáticamente en la provincia, por ejemplo la ley de Coparticipación: desde el año 2008 los municipios y las comunas de nuestra provincia perciben íntegramen­te el porcentaje fijado, es decir, el 13,4372%, que los gobiernos provinciales anteriores habían incumplido. Además, haciendo realidad el mandato constitucional respecto de nuestros pueblos originarios, y en cum­plimiento de una ley provincial, hemos concretado las primeras restituciones históricas de tierras (327 hectá­reas en la localidad de Recreo a la comunidad mocoví Com Caia; y más de 500 hectáreas a comunidades de pueblos originarios de la zona de Calchaquí).

 

7. ECONOMÍA DEL DESARROLLO

Una economía del desarrollo requiere de un Estado activo para orientar el crecimiento y la distribución del ingreso. Es preciso, por consiguiente, encontrar com­binaciones de instrumentos y políticas que actúen en ambas direcciones, crecimiento económico e igualdad distributiva. La redistribución es un objetivo legítimo de las políticas públicas para equilibrar la tendencia del mercado a concentrar recursos, y es tan importante como el crecimiento para la reducción de la pobreza. En este sentido, las políticas de crecimiento económico y desarrollo social deben llevarse a cabo simultánea­mente, y no de forma consecutiva. El crecimiento eco­nómico permite una inversión sostenida en desarrollo social; y el desarrollo social aumenta la capacidad de los ciudadanos de contribuir al crecimiento. La parti­cipación de los sectores público y privado, así como su complementariedad, son cruciales en este proceso. El primero tiene su mayor responsabilidad en el desa­rrollo social y en la orientación de las decisiones del segundo, que concentra su mayor responsabilidad en el crecimiento económico y el empleo. Una correcta identificación de la estrategia de desarrollo económico debe consideran la relación entre el Estado, el mercado y la sociedad civil; la inserción en el mercado interna­cional, y en el sistema financiero nacional e internacio­nal; la estructura de la producción por origen sectorial y su destino a los mercados internos o externos; la in­versión pública y privada y su financiamiento; y la dis­tribución del ingreso, tanto funcional como personal, y su dimensión social.

La provincia de Santa Fe es un espacio subnacional, exportador de materias primas y manufacturas de ori­gen agropecuario y, en menor medida, industrial. Esto significa una estrecha vinculación con las políticas eco­nómicas nacionales y las alternativas de los mercados internacionales. Las economías a nivel subnacional (provincias y municipios) y el manejo de sus políticas económicas se ven condicionados por las actuales ca­racterísticas de un mundo globalizado. El crecimiento del comercio, la gran demanda de alimentos y materias primas en general, el aumento de los flujos de capitales con especial participación de las inversiones extranje­ras directas, y los demás rasgos de la universalización que tiene este momento de la expansión del capitalis­mo tienen una influencia mayúscula en la economía nacional y en los espacios subnacionales. Las políticas macroeconómicas se definen casi absolutamente a ni­vel nacional, ejerciendo una influencia determinante sobre el comportamiento de las economías subnacio­nales. Sin embargo, desde las provincias pueden ser proyectados hacia un verdadero espacio federal, ele­mentos locales de políticas públicas (cadenas de valor) e instituciones (consejos productivos, planificación es­tratégica participativa, etc.). Con estos objetivos desde el gobierno de Santa Fe, integrando a los diferentes actores económicos y superando los enfoques secto­riales, hemos avanzado en la constitución de cadenas de valor: apícola, algodonera, fruti hortícola, de maqui­naria agrícola, del calzado, del software, de servicios informáticos, del río y sus recursos, de la carne bovi­na, del sector lácteo, de autopartes, de carne porcina y del turismo. Teniendo como meta la distribución y la inclusión social, propusimos a la Legislatura una refor­ma tributaria progresiva -que no obtuvo aprobación-, y que planteaba un tratamiento diferenciado para los pequeños y medianos contribuyentes; equidad tributa­ria y equilibrio intersectorial, con una participación de los sectores económicos conforme a su capacidad con­tributiva real. El Consejo Económico-Productivo y las Comisiones vinculadas al trabajo digno anteriormente mencionadas son innovaciones institucionales que sos­tienen la economía del desarrollo en la Provincia.

 

8. INSTITUCIONALIDAD PÚBLICA Y PRIVADA

La grandeza de una nación se mide por la calidad de sus instituciones. Esto incluye tanto las capacidades del gobierno para proveer bienes y servicios públicos, como las capacidades del sector privado para mane­jarse con reglas claras y comprometerse con fines co­lectivos. Las instituciones reflejan la forma en que nos relacionamos. Fortalecer la institucionalidad, tanto pú­blica como privada, otorga confianza y previsibilidad a toda la sociedad.

La reforma del Estado santafesino está en marcha. La reforma que proponemos no apunta a achicar el estado, sino a dotarlo de capacidades de gestión para operar en contextos complejos, comprometido con me­canismos de rendición de cuentas, y con capacidades de promover un nuevo clima político, social y cultural. Es necesario superar la excesiva burocratización y cen­tralización de los circuitos administrativos, la superpo­sición de criterios para la resolución de problemas, las lógicas rutinarias. Se trata de aplicar las tecnologías al servicio de los ciudadanos, simplificando procedimien­tos, reduciendo tiempos de respuesta y mejorando per­manentemente los servicios. Muestra de ello es la crea­ción del 911, sistema de atención a las emergencias, inicialmente centrado en los requerimientos de inter­vención policial, que combina la aplicación de nuevas tecnologías de la información y la comunicación para mejorar el tiempo de respuesta y optimizar la calidad del servicio. Con esta misma convicción hemos encara­do en Santa Fe la reforma de la Justicia. La creación del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos fue la pri­mera muestra de esa voluntad política. La implementación progresiva del nuevo sistema procesal penal, hoy es una realidad. El cambio apunta a reemplazar la bu­rocracia y el papeleo por la audiencia oral, e incorpora la participación de la víctima -gran olvidada del sistema anterior- en consonancia con la Constitución Nacional y los tratados internacionales. Una condición central de nuestra concepción de la reforma del estado es que los agentes públicos puedan ser protagonistas y participar con opiniones y sugerencias. Cambiar la política de re­cursos humanos respetando al servidor público como persona y trabajador, constituye una premisa funda­mental de la eficacia de la administración pública.

 

9. PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA

La planificación estratégica es el instrumento idó­neo para formular y desarrollar buenas estrategias de cambio basadas en un conocimiento de la realidad que incorpore todas las miradas, reconociendo nues­tras historias y nuestras culturas. La tarea de planifi­car requiere estudiar y conocer antes de decidir. Su­pone creación e innovación antes que repetición. Es una forma de evitar que la exigencia de dar respues­tas diarias a las urgencias nos impida ver los temas más importantes cuya atención resulta decisiva para definir el futuro. Adoptar un enfoque estratégico im­plica asumir una visión orientada a la acción y caracte­rizada por una multiplicidad de perspectivas (es decir, superadora de los enfoques sectoriales), que involu­cra vínculos transdisciplinarios e interinstitucionales y los pone al servicio de la construcción participativa de un horizonte futuro, lo cual conlleva un cambio cultural. La planificación estratégica territorial es una herramienta de análisis, participación ciudadana y toma colectiva de decisiones, que produce un marco de referencia compartido, cuya importancia decisiva radica en la perspectiva a partir de la cual aborda las ¡deas de transformación. No sólo marca el ritmo de crecimiento económico, sino que fija la orientación y destino del mismo: le da direccionalidad.

Así lo entendió la ciudad de Rosario desde media­dos de los 90, transformándose en un ejemplo de de­sarrollo urbano, social y económico local reconocido internacionalmente. En ese mismo camino, hemos asumido el desafío de la planificación estratégica a escala provincial, y Santa Fe, por primera vez en su historia, cuenta desde 2008 con un plan consensua­do participativamente por miles de santafesinos en 25 Asambleas Ciudadanas y compartido por todas las áreas del gobierno provincial. Un plan basado en la regionalización, que establece una nueva forma de gobernar. La organización del territorio provincial en regiones reduce la escala en la cual el Estado y la so­ciedad se encuentran, dotando de contenido demo­crático a las acciones y las prácticas cotidianas que tienen lugar en el espacio público. La regionalización posibilita la institución de una nueva escala de proxi­midad entre Estado y ciudadanía, la integración de territorios hasta ahora desconectados y el equilibrio de las capacidades provinciales. De esta manera, al resignificar la provincia en términos espaciales, el

Estado adquiere las herramientas necesarias para hacer frente al desafío de la integración en su doble sentido: socio-económico y territorial. La participa­ción ciudadana es la garantía del avance del Plan Es­tratégico.

 

10. INSERCIÓN DE ARGENTINA EN AMÉRICA Y EL MUNDO

Pocas experiencias exitosas de desarrollo eco­nómico se han dado sin la presencia de un vigoroso sector exportador. Sin embargo, la evidencia indica que no toda estructura de exportación brinda sopor­te a un desarrollo económico sustentable. En el largo plazo, una estructura de exportaciones diversificada brinda una plataforma más sólida de crecimiento al atenuar el riesgo derivado de un cambio simultáneo en los términos del intercambio de los productos exportados, y del provocado por fluctuaciones en la demanda de los socios comerciales. Esta observa­ción conceptual es tanto más válida para la econo­mía nacional que para las economías de los espacios subnacionales. Todos los esfuerzos de integración que se hacen desde los espacios provinciales, sea a nivel del sector privado como entre instituciones pú­blicas de otros Estados, así como con los organismos de crédito y financiamiento bilaterales y multilate­rales, pueden quedar relativizados por las políticas de relaciones exteriores, de comercio o de financia­miento externo que se establezcan a nivel nacional. Sin perjuicio de ello, se impone la necesidad de una política de estado integral de la promoción y mejora de la oferta exportadora. Con un enfoque que con­temple una estrategia general de desarrollo expor­tador de largo plazo junto a aspectos específicos de las políticas de promoción comercial en su sentido estricto (organización de ferias comerciales, reunio­nes de negocios, etc.) y las negociaciones comer­ciales internacionales. Por el lado de la política de importaciones, puede pensarse en celebrar conve­nios tendientes a abaratar insumos importados que favorezcan la producción exportable y el intercam­bio de bienes científicos y culturales, siempre den­tro de una política de industrialización. Es necesario contar con un adecuado diseño institucional de las agencias e instrumentos de promoción y mejora de las exportaciones, generando esquemas tripartitos de gestión con la participación del Estado, el sector privado, y las universidades y centros de investiga­ción, y propender a formas de financiamiento mixto público-privado.

La provincia de Santa Fe ha trabajado mucho y bien en tal sentido, aunque todas sus potencialida­des quedan disminuidas por los condicionamientos globales. Desde Santa Fe estamos trabajando en el desarrollo de la Región Centro, proyecto de integra­ción que reúne a las provincias de Entre Ríos, Córdo­ba y Santa Fe. Se promueven nuevas posibilidades de comercio e intercambio mediante misiones co­merciales público- privadas a distintos países (Dubai, México, Malasia, Singapur). Además la provincia participa activamente en el desarrollo del MERCOSUR, CRECENEA-Litoral/ CODESUL, del Comité Federal de la Hidrovía Paraguay-Paraná, y en diversas ins­tancias de cooperación bilateral y multilateral. Un aspecto importante de la inserción internacional de la provincia es la cooperación descentralizada con la Unión Europea a través del Programa Urbal.



O4.  EPILOGO.

ARGENTINA: PASADO, PRESENTE Y FUTURO


 


Como decíamos al comienzo de este documento, la Argentina de hoy es muy distinta a la de 1810, a la hora de la Revolución, y a la de 1910, cuando se celebró el primer Centenario. Más allá de estas dife­rencias, el segundo Centenario nos parece oportuno para reflexionar sobre el estado del país en el espejo de su historia y de las condiciones contemporáneas que lo definen como sociedad.

El Bicentenario es más que una fecha: somos no­sotros mismos, como argentinos, abriendo la etapa que se inicia, la tercera centuria. La Nación es un proyecto que sigue naciéndonos desde adentro, hay que dejar de añorarla como si se escondiera en el pasado. La Nación es el futuro.

Hacemos lugar a los niños y jóvenes porque sa­bemos que los proyectos políticos que deterioran la infancia y vuelven apáticas a las juventudes, nacen siempre del egoísmo, la corrupción y la ceguera. Los nuevos ciudadanos no son sólo el futuro. Son la prueba de nuestra capacidad de hacer nacer, educar, transmitir la cultura y sostener la vida. Son la medi­da de nuestra posibilidad de innovación e inclusión. Con ellos, "somos" la esperanza.

Sabemos de las complejidades de la situación na­cional e internacional. Sin embargo, no creemos es­tar en un callejón sin salida. Los problemas actuales de nuestro país son de orden político antes que eco­nómico, y por lo tanto la resolución de los mismos depende fundamentalmente de nosotros. La Argen­tina de hoy tiene grandes potencialidades, y posi­bilidades ciertas de enfrentar con éxito sus proble­mas, si los argentinos estamos dispuestos a trabajar juntos para conquistar el futuro. Hay que reconocer, como supieron hacerlo los revolucionarios de 1810, que nadie hará por nuestro país lo que nosotros no seamos capaces de hacer por él.

Los diez puntos que proponemos sintetizan valo­res, sobre los cuales construir políticas de estado que nos permitan transformar nuestros problemas y dificultades en oportunidades para rehacer la Nación. Necesitamos trabajar en conjunto con las fuerzas políticas y sociales progresistas en la construcción de un proyecto de largo alcance. Para ello es necesario estudiar en profundidad lo que está pa­sando en el mundo y en Argentina, para consensuar las mejores alternativas posibles.

Podemos y debemos hacerlo. En ese empeño, la tarea vital que los Socialistas debemos asumir como propia, es reivindicar el sentido de la política como emprendimiento colectivo, complejo, con diferen­cias, matices, luchas y problemas. La política así pensada es una fuerza inclusiva. Por donde pasa, no deja la dignidad alicaída, los sueños envejecidos, ni las vidas malogradas.

Esta revalorización de la política será posible en la medida que ganemos una doble batalla cultural: pasar de la cultura de la disidencia a la de la coin­cidencia; y volver a reunir la política y la ética como dos caras de una misma moneda, recuperando para la nación lo mejor de la tradición democrática de es­tos doscientos años de historia.

 

Marzo de 2010.

 


CONTENIDO


1. EL BICENTENARIO COMO FECHA EMBLEMÁTICA PARA REPENSAR LA NACIÓN

2. ARGENTINA EN EL ESPEJO DE SU HISTORIA

2.l. 1810-1880

2.2.1880-1930

2.3.1930-1983

2.4.1983- 2010

2.5. Pasado y presente

3. REPENSAR LA NACIÓN DESDE LA EXPERIENCIA DE SANTA FE

1. Diálogo y concertación

2. Cohesión social y solidaridad

3. Participación ciudadana y juventud

4. Transparencia, ética pública y cambio moral

5. Ciudadanía e inclusión social

6. Respeto a la Constitución y a las leyes     
7. Economía del desarrollo

8. Institucionalidad pública y privada

9. Planificación Estratégica

10. Inserción de Argentina en América y el mundo

4. EPILOGO. ARGENTINA: PASADO, PRESENTE Y FUTURO

 

 

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