Fundación ESTEVEZ BOERO

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Estrategias de democratización de la economía

Guillermo Estévez Boero (Col.) Estrategias de democratización de la economía; en "Profundización de la Democracia: Estrategias en América Latina y Europa"/ Peter Hengstenberg (Coordinador), 1989.

 

Pensar la democracia desde nuestra realidad actual, caracterizada por la profunda crisis -derivada del agotamiento de un modelo no participativo- y por la transición, supone, para nosotros, enfrentar una eviden­cia: que la democratización de un Estado y de una sociedad en crisis co­mo la nuestra, no se logra con la sola culminación de un proceso eleccio­nario, ni con el accionar de un sólo partido político.

La revalorización del principio de legitimidad democrática, admitido por todas las fuerzas políticas y sociales de Argentina, en este proceso de apertura democrática, no agota su contenido en la sola recuperación de la constitucionalidad anterior, sino que, debe incorporar a sus demandas, las ne­cesarias modificaciones del marco institucional que la experiencia plan­tea como insoslayables.

La realidad pone en evidencia que, la consolidación de la democracia, exige un ritmo apropiado de democratización económica y social. Es de­cir, que la democratización de la política se revela como un momento par­cial de un proceso más amplio y profundo de democratización fundamental en todas las órbitas sociales, y en todos los niveles.

Como dice Norberto Bobbio: “El proceso de ampliación de la democracia en la sociedad contemporánea, consiste en: el paso de la democracia en la esfera política, a la democracia en la esfera social; desde el campo de la gran sociedad política, hasta alcanzar el campo de la sociedad civil en sus distintas articulaciones, desde la escuela hasta la fábrica”[1].

 

La crisis no asumida

La transición hacia la democracia se está dando, en Argentina, en medio de la crisis económica y social más profunda y compleja, desde la organi­zación nacional. Ella no representa, solamente, un momento de deterioro de la economía o del cierre de un ciclo económico; esta crisis es, sobre todo, un momento en el que afloran las profundas falencias derivadas del agotamiento del modelo económico puesto en marcha a fines del siglo pasado. Crisis económica que se proyecta como crisis social e institucional, y que, con el tiempo, se ha transformado en una profunda y compleja crisis moral.

 

La magnitud de la crisis global está determinada por la convergencia de todas ellas pero, en su agregación, ésta, resulta una totalidad que es más que la suma de sus partes.

En lo político, la crisis se ve agudizada por el divorcio entre Estado y sociedad, por la falta de representatividad de las instituciones políticas, por la ineficacia de los órganos del Estado frente a la acción de las élites del poder financiero, y, por la falta de control que la ciudadanía tiene so­bre las burocracias públicas. Ella se expresa como una crisis de legitimi­dad, es decir, que afecta el proceso a través del cual, los ciudadanos llegan a estar convencidos de la necesidad de obedecer las leyes emanadas del Estado, a aceptarlas como justas y vinculantes, y a sentirse parte de la co­munidad política. La concordancia entre el consenso político y el consen­so social, que incide, positivamente, en el nivel de legitimidad, comienza a debilitarse —según expresa Burdeau— a partir del momento en que, la exigencia democrática, pasa del plano político al plano social.

“Desde que las desigualdades y las injusticias sobre las que reposa el or­den establecido son resistidas por una parte de la colectividad como intolerables, el consenso social se reduce y se hace difícil asociarlo al consenso político”[2].

“Este complejo fenómeno sociocultural —nos dice J.L. Romero—, por el cual ciertos sectores cobran conciencia de que son ajenos a un orden institucional en el que no se sienten representados, se da en ciertos procesos de modificación económico-social. Y es allí cuando aparece con toda evidencia el problema de la representatividad y, en mayor o menor medi­da, se produce una cancelación del consentimiento, sobre el que funcio­naba la totalidad del sistema institucional”[3].

Vivimos una crisis de distribución, originada en el marco de una realidad económica condicionada, constantemente, por los acreedores de la deuda externa, por la falta de crecimiento económico, y por la consecuente escasez de bienes y recursos, así como también, por las modalidades poco igualitarias del empleo de los poderes gubernativos, para efectuar la trans­ferencia y el reparto de riquezas entre los ciudadanos, y, para distribuir bienes, servicios, valores y oportunidades. Durante años, los factores de ajuste de la economía fueron los salarios y las jubilaciones, reduciendo la participación de los sectores del trabajo en la renta nacional.

Esta crisis de distribución provoca, en nuestro país, otra crisis no menos significativa: la profunda crisis de integración social y regional, que compromete seriamente la integración misma de la Nación, afectada, a su vez, por una adicional crisis de identidad cultural provocada por la invasión de la sociedad consumista.

En lo social, la crisis se expresa en la multiplicación de actores, en la formación de identidades diversas y diferenciadas, y en la atomización del espacio social por la falta de integración y comunicación entre los mo­vimientos sociales.

Este pluralismo fragmentario de nuestra sociedad parcelada, va transformando la dinámica social y política, caracterizada —como consecuen­cia de la crisis de distribución— por las pujas sectoria­les y regionales que, caracterizan nuestra realidad diaria, constituyendo una amenaza cierta de desintegración nacional.

En lo económico, la crisis se expresa en el agotamiento de un modelo de país, el de la generación de 1880 —cuyos valores sociales y morales, el socialismo nunca compartió—, que organizó la actividad productiva con el consiguiente crecimiento material del país.

Cuando este modelo, basado en la producción y en el trabajo, culmina –escandalosamente- bajo la conducción de los equipos económicos de la dictadura -encabezados por Martínez de Hoz-, en un modelo especulativo y usurero, donde la ganancia no la obtiene el que trabaja, ni el que produce en el campo o en la ciudad, sino que la tiene el especulador y el sistema financiero; cuando un país registra una brusca caída en el número de trabajadores en relación de dependencia, y de fuentes de trabajo, evidentemente, se está frente al agotamiento de un modelo económico.

No podemos negar que, hace más de una década, se está operando una metamorfosis en el mundo del capital, que va de los circuitos producti­vos a los circuitos financieros. Según Ikonicoff, “La inversión productiva que representaba más del 20% del producto bruto interno a principios del año setenta, cayó a menos del 10% en 1986. Sin embargo, —continúa— el comportamiento de los actores en una cultura de renta, no puede sino traer aparejado, a largo término, la destrucción de la estructura de la acti­vidad productiva, y conducir de manera inexorable a la reducción del exce­dente económico. El desarrollo de la especulación financiera, en detrimento de toda otra actividad productiva, aparece como el fin lógico e inevitable de este proceso”[4].

¿Es esto reversible? Por lo menos, hasta ahora, no hay números que demuestren indicios del comienzo de esta reversión. Mientras tanto, todos los días del año, durante todas las horas del día, se produce la evasión del ahorro nacional, no solamente por las grandes vías de las multinacionales, no sólo están las “venas abiertas” -como lo expresa Galeano-, sino que hoy, nosotros, tenemos abiertos hasta los vasos más pequeños hacia afue­ra, hacia la compra de moneda extranjera, hacia los depósitos en bancos extranjeros. Lo nuevo, lo realmente grave, es que esto lo realiza tanto el ejecutivo de la capital, como el industrial y el pequeño agricultor del inte­rior del país.

Esto nos está demostrando otro aspecto de la crisis, que es la pérdida de la credibilidad en nuestro país; un país que carece de un futuro cierto, donde el que trabaja no sabe hasta cuándo va a tener trabajo, el que produce no sabe si va a ganar o perder; donde el joven del interior piensa en irse a las grandes ciudades porque su pueblo no le brinda posibilidades, y el joven que estudia piensa en irse al extranjero, porque no sabe qué va a hacer cuando se reciba. Y así, tenemos, los argentinos, más de medio mi­llón de connacionales viviendo en el exterior; no por falta de comida ni por razones políticas, sino por falta de un futuro cierto. Los pocos estu­dios realizados indican que la emigración aumenta aceleradamente, y que los que se van, representan al sector más calificado desde el punto de vista educacional, profesional y económico de la población.

 

Las respuestas ante la crisis

Como respuesta a esta crisis que, con características propias afecta a todos los países de América Latina, se han ensayado políticas de ajuste que apuntan, centralmente, a una apertura de la economía, a la capitaliza­ción de la deuda, y a la extranjerización de las empresas públicas; políticas todas ellas asociadas, en forma general, a la “modernización” del Estado.

Estas políticas de ajuste, impuestas al amparo de las condiciones a las que están sujetos los créditos concedidos por organismos financieros interna- cionales -FMI, Banco Mundial-, modifican la orientación del accio­nar estatal. En la medida en que, las decisiones del Estado, están cada vez más vinculadas al monitoreo y control externo del organismos internacio­nales de crédito, estas instituciones someten al Estado a decisiones más allá de la voluntad de los electores, poniendo en evidencia la contradic­ción existente entre la transnacionalización de la economía y la construc­ción nacional del consenso.

Estas políticas de ajuste entran, inexorablemente, en contradicción con las demandas de los sectores mayoritarios de la Nación que, al no ser satisfechas, realimentan las crisis de legitimidad, representación, distri- bución, integración e identidad, afectando seriamente las posibilidades de conso­lidación del sistema democrático.

No son ajenos a esta realidad, por cierto, los partidos políticos que, marginados del centro de las decisiones, por la transnacionalización de la eco­nomía, se ven desvalorizados en la opinión pública como instituciones ca­paces de generar los cambios anhelados por la mayoría.

En la articulación del ajuste, cobra importancia un nuevo actor: la tecnocracia. Dada la complejidad que adquiere la negociación en el sector externo, se constituye un moderno espacio de poder tecnocrático en el Ejecutivo, que genera una fuerte concentración decisional sobre aspectos clave.

Cierra, así, la pretendida modernización, afectando gravemente la credibilidad de la ciudadanía en el valor de las instituciones constitucionales de la democracia.

En síntesis —como lo expresa Fernando Calderón— “recientemente los resultados de algunas investigaciones prospectivas sobre modernización y democratización del Estado, concluyen que se pueden detectar tensiones entre modernización y democratización estatal, con tendencias a un ma­yor predominio de una modernización excluyente que implicaría una ma­yor concentración de las decisiones económicas en grupos e intereses oligopolizados y transnacionalizados, y el predominio de un capitalismo especulador que monopoliza la información técnica, modernización además que produciría, por ende, una mayor concentración de decisiones en el Poder Ejecutivo y dentro de éste en capas tecnoburocráticas altamente “racionalistas” y “realistas” y que finalmente se tendería a una mayor pérdida de la autonomía estatal en función de decisiones externas a la región. En definitiva, el Estado sería quizás más efectivo pero menos soberano”.[5]

En el tiempo transcurrido de la etapa de transición que vive el país, la falta de alternativas para superar los problemas, prueba el agotamiento programático de las expresiones políticas mayoritarias. La duración de la crisis debilita la confianza de los argentinos en la capacidad y en la fuerza de la Nación. Es necesario revertir esta valoración.

El cambio, supone la construcción de un nuevo consenso político y so­cial, que asegure una redistribución de los poderes en beneficio de la colectividad, cuyos recursos de creatividad y capacidad de iniciativa ha de desarrollar. Todo cambio o iniciativa, concebida al margen de la participación popular, se sitúa fuera de la realidad y carece de toda posibilidad de realización y permanencia.

La crisis argentina no puede ser superada por un solo partido, ni sólo por los partidos: es imprescindible estructurar una amplia mayoría que permita la reformulación de la nación. La coincidencia es necesaria para otorgar viabilidad y estabilidad a un proyecto político, condición indis­pensable para lograr la credibilidad de la mayoría.

 

Crear el ámbito institucional para la concertación y el consenso

Acordar desde la crisis que padecemos y desde nuestra fragilidad institucional, las reformulaciones que requiere nuestra realidad y que se nece­sitan para obtener la consolidación del sistema democrático, es el camino.

La concertación se concreta “en la práctica de la negociación, del compromiso, a través de la coparticipación de los actores sociales y políticos. Se trata, en definitiva, de un intercambio donde se procesan las diferen­cias en cuanto a proyectos sociales, poder e intereses, sin abandonar la difícil vía de la paz que —según N. Bobbio— es la vía de la democracia”[6].

“La concertación social sirve y procura la gestación de consenso y, por ende, la legitimidad del Estado. Es que el incremento de la participación de los actores sociales en la toma de decisión que los afecta es, por una parte, un camino para superar esa crisis de legitimidad y, por otra, para corresponsabilizar a esos actores por el destino de la sociedad”.[7]

Existe una complementariedad, hoy necesaria, entre, la construcción del consenso político a través de la vigencia del sistema de partidos, y la construcción del consenso social, por vía de la concertación. Articular estos consensos es avanzar tras el logro de la anhelada coincidencia nacional.

La concertación opera como síntesis de la mediación institucional entre  sociedad y Estado, fortaleciendo la representatividad en las institu­ciones. Conjuga la representación política, expresada por los partidos políticos, y la representación sectorial o de intereses, expresada por los gru­pos organizados.

Debemos comprender que, la concertación, no es solamente un mecanismo de regulación económico-social, de solución de conflictos y desajus­tes, sino que, tiene una dimensión esencialmente política: la de valorar y procurar un acuerdo básico de convivencia.

El consenso es algo más que un acuerdo teórico sobre ciertas cuestio­nes: equivale a la vida en común, a la “con-vivencia”. En este sentido, nos dice K. Mannheim: “Preparar el terreno para un consenso significa, en fin de cuentas, la remoción de los obstáculos exteriores y ambientales. La lucha por la obtención de valores comunes marcha mano a mano, por tanto, con la lucha por la justicia social”[8].

Abordar, desde la democracia, el problema de la justicia social —justicia distributiva—, nos ubica en el terreno de la concertación social, o sea cuando el Estado comparte, institucionalmente, la responsabilidad del diseño y de la ejecución de políticas socioeconómicas, con los actores sociales organi­zados.

En un país inmerso en una crisis económica profunda, resulta, es cierto, más difícil institucionalizar el procesamiento de los conflictos, debido a las graves desigualdades existentes. Repartir lo escaso para poder convivir, es,  en resumen, el objetivo principal de la concertación social en una época de cri­sis; para ello, incumbe al Estado garantizar la igualdad de oportunidades.

Podemos decir que, en nuestro país, una de las causas del fracaso de la concertación ha sido, la imposibilidad del Estado para asegurar equidad en el reparto, debido a la aplicación de políticas de ajuste, impues­tas por  organismos internacionales de crédito.

La experiencia en éste -y otros escollos- que enfrenta la concertación encarada, exclusivamente, por los actores sociales involucrados y el Estado, evidencian la necesidad de arribar a una concertación más amplia, global, que comprenda tanto a las fuerzas políticas como a las sociales.

Como dice Mario Dos Santos: “Sólo a partir de una 'politización' de las relaciones entre los sectores sociales organizados, y de una acción partidaria y parlamentaria consiguientemente activa en torno de la regu­lación socioeconómica, puede llegarse a procesos efectivos de concertación social. En este sentido, no debería pensarse que la concertación permite una autonomización de la representación de intereses sectoriales y su cre­ciente predominio sobre la representación política partidaria. Se trata más bien de lo contrario, de la ampliación del dominio de la política y no de su declinación”.[9]

En relación a esto, podemos decir que, el inicio de la actual etapa democrática, se caracterizó por la ausencia de una voluntad de concerta­ción. Los partidos políticos mayoritarios se manifestaron reticentes a arri­bar, junto a otras fuerzas sociales, a acuerdos reales y de base, acerca de las orientaciones fundamentales para el gobierno nacional. Porque, lo que ha dominado, es la tendencia de los partidos a defender su actividad, y la representación político-partidaria emanada de las urnas, como el ámbito exclusivo de participación institucional, justificando su falta de decisión política para acordar, en la vetusta fórmula liberal de “el que gana gobierna y el que pierde controla”.

Y, si esto sucedió en lo que refiere a la actitud asumida por los parti­dos políticos, el gobierno, por su parte, se debate entre la posición deriva­da de su íntima convicción acerca de lo correcto del monopolio político-partidario -de las instancias de decisión-, y la necesidad de asumir una con­certación, habida cuenta de la incontrastable realidad de la existencia de grupos económicos y sociales organizados, cuyo poder es tanto mayor cuan­to mayor es su capacidad de introducir grados de incertidumbre en el cur­so y en los resultados de la política gubernamental.

Es entonces que, el gobierno tiende a manejarse con ellos —como gru­pos de presión— practicando una concertación informal, no instituciona­lizada, parcial en cuanto a sus contenidos y limitada en cuanto a los acto­res involucrados. Una concertación aleatoria, impuesta —más que decidida— al ritmo de las pujas sectoriales, muchas veces contrapuestas e incompatibles entre sí; lo que acentúa la incertidumbre y resta confiabilidad al sistema, con los consiguientes riesgos de ingobernabilidad, y de profundización de la crisis y la desintegración.

Porque, evidentemente, qué es lo que se concerta y quiénes son los actores intervinientes en la concertación, reviste una incidencia directa en el grado de estabilidad ganado por el sistema. Una concertación de precios y sala­rios -celebrada entre los empresarios, los trabajadores y el Estado-, es más fácil de ser puesta en práctica que otra de alcance más vasto, pero es indu­dable también que, su aporte a la estabilidad del sistema democrático, es menor.

Este renacimiento del contractualismo en el dominio del poder público, tuvo ya su expresión en la concertación global e institucionalizada llevada a cabo en los países europeos, después de la Segunda Guerra Mundial, pa­ra lograr el manejo de la crisis por la que atravesaban.

Desde entonces, la práctica y la cultura de la concertación, quedaron instaladas en esas sociedades por medio de mecanismos institucionalizados que se expresan, hoy, en consejos económicos y sociales, de la más variada composición.

Es imprescindible, entonces, incorporar a la cultura política de los argentinos —sus partidos políticos y sus organizaciones sociales— la idea básica de la institucionalización, de la concertación y del consenso. Debe ubicarse, como una prioridad ineludible, la necesidad de crear mecanismos institucionales que articulen la participación de todos los componentes de la realidad. “Porque- nos dice Aricó- colocar en un nivel derivado y secundario las formas jurídicas e institucionales de una sociedad, no sólo es un error teórico, sino también el claro indicador de una situación social de neta separación entre Estado y sociedad, entre sociedad política y sociedad civil, entre eco­nomía y política”. Y, sigue señalando, con acierto José Aricó: “Es difícil ima­ginar la consolidación de un Estado de derecho en Argentina, sin introdu­cir cambios en la estructura del Estado y de la sociedad que den respues­tas a las formas complejas de nuestra sociedad actual y a las demandas de intervención colectiva que desbordan las limitaciones y flaquezas de las instituciones del constitucionalismo liberal clásico”.[10]

 

Proyecto de creación del Consejo Económico, Social y Político

El proyecto de creación de un Consejo Económico, Social y Político, se inscribe en el marco de uno de los problemas teóricos actuales: la necesidad de articular Estado y sociedad, debate que lleva, ya, más de un siglo.

Es el tema de las transformaciones de la democracia, y de su adaptación a las necesidades del Estado moderno, que viene a reactualizar el viejo debate acerca de la dualidad poder-libertad, ubicando la cuestión en orden a la distribución del poder de conformidad con las estructuras pluralistas de la sociedad.

Todos coinciden, en definitiva, en que, la democracia del Estado actual, debe ser una “democracia pluralista”. Ambas teorías, la “democrática” y la  “pluralista”, son dos propuestas compatibles y complementarias, contra el abuso de poder.

La teoría democrática, combate el poder autocrático, el que viene de arriba, oponiéndole el poder que viene de abajo. Por su lado, la teoría pluralista, combate el poder monocrático, es decir el poder concentrado, y le opone el poder distribuido.

“La democracia pluralista viene, así, a conciliar satisfactoriamente la doble lucha contra el poder autocrático y concentrado, mediante la participa­ción social y la desconcentración o distribución del poder”[11].

Todos coinciden, también, en que el pluralismo social debe ser acogido por la estructura estatal. Pero, en lo que estos exponentes del pensamiento pluralista democrático difieren, es en sus propuestas concretas de reforma político-institucional para dar cabida a la representación funcional o “de los intereses”. Algunos, abogan por la creación, junto a la cámara de represen­tación política, de una “cámara de representación corporativa”, ubicando así a los grupos sociales o intermedios dentro de la estructura estatal, con faculta­des de decisión. Otros, patrocinan el mantenimiento de la representación política exclusiva en los órganos gubernamentales decisorios, pero, ubican­do, a su lado, consejos económico-sociales, de carácter consultivo, en los que estén representados los cuerpos intermedios. Esta última pos­tura expresa la opción institucional que se formula en el Proyecto de Ley presentado por nosotros.

El Consejo, tiene carácter consultivo y asesor de los poderes políticos del Estado nacional, esto es, del Poder Ejecutivo y del Poder Legislativo, quienes, de conformidad con nuestra visión del sistema constitucional, tienen reser­vado, en todos los casos, el poder de decisión.

Desde ya que, la formulación o no, de dichas consultas, es facultativa de los poderes políticos. Por eso es que, se ha creído necesario y conveniente -a los fines del efectivo cumplimiento en la práctica del cometido del Consejo-, que algunas cuestiones, tales como el Proyecto de Ley de Presupuesto de Gastos y Recursos de la Nación, y las relativas a los planes o programaciones económicas o sociales, no pueden ser decididas por los órganos gubernamentales competentes sin escuchar, previamente, la opi­nión del Consejo.

El segundo supuesto de actuación del Consejo, consiste en su función asesora de los poderes políticos. En este sentido, se le reconoce al cuerpo, el más amplio poder de iniciativa: puede emitir opinión respecto de cual­quier asunto de índole económica o social, elevar proyectos de ley, propi­ciar reformas, y proponer medidas del ámbito de su competencia.

La integración del Consejo, constituye una de las cuestiones más controvertidas, delicadas e importantes, pues, se trata de que, el cuerpo consti­tuya -dentro de lo posible-, la más fiel expresión de la realidad social y po­lítica nacional.

El Proyecto, ha procurado ponderar, adecuadamente, los elementos cuantitativos y cualitativos que califican la existencia y la influencia de  sectores y grupos, poniendo el acento en una visión integradora y de articulación de los grupos, política y socialmente significativos, de nuestra realidad.

Tres son los modelos de estructuras representativas, adoptados en las diversas experiencias realizadas en la materia; los que se acostumbran a denominarse por el antecedente extranjero relevante que los ha inaugurado. Así, tenemos el modelo “paritario belga”, el “tripartito holandés” y el “pluripartito” o “multipartito francés”.

De las experiencias realizadas en el nuestro, y en otros países, conclui­mos en la necesidad de seguir el modelo “pluripartito” para el Consejo Eco­nómico, Social y Político.

El modelo multipartito o pluripartito, al integrar la participación de una pluralidad de sectores de la sociedad, neutraliza o elimina los factores de distorsión que introduce en el sistema la rigidez funcional -determinada por la sola presencia de dos o tres actores, por importantes que estos sean-.

Este modelo, convierte al Consejo en una radiografía más fiel de la realidad argentina; privilegia la participación de sectores habitualmente poco representados o escuchados; impide el predominio —de tinte corporativo— de los sectores del capital y del trabajo, equilibrando su peso re­lativo con la participación de otros grupos organizados y, conformando así, un órgano democrático flexible: una verdadera asamblea socioeconó­mica y política, llamada a convertirse —si la madurez política de los acto­res involucrados está a la altura de las circunstancias y necesidades histó­ricas— en un foro de diálogo institucional permanente, en el que convergen las princi­pales opiniones e intereses de los grupos intermedios significativos, de los partidos políticos, y del Estado, abriendo una posibilidad concreta de construcción del consenso político y social imprescindible para planificar, de­mocráticamente, el futuro de la nación.

El Consejo que proponemos, cuenta con un total de 118 miembros; y, son cinco, los grandes sectores de la sociedad representados: el sec­tor trabajador, el empresariado, el sector público, un sector representa­tivo de intereses diversos, y, el sector correspondiente a los partidos po­líticos. Cabe aquí, explicitar el aspecto de la participación, en el Con­sejo, de representantes de partidos políticos, lo que sólo cuenta con unos pocos -pero significativos- antecedentes. No podemos propiciar la creación de un organismo que, integre a quienes hoy no están integrados a la estructura institucional —los grupos sociales intermedios—, pero, deje afuera a los intermediarios “oficiales” de la voluntad política de los ciudadanos, que son los partidos políticos. Un Consejo que no lo hiciera, reforzaría la desintegración existente, dejando, “por un lado”, “en los poderes pú­blicos”, los partidos políticos y, por otro lado, en el Consejo, las organiza­ciones sociales; situación ésta, que no colaboraría a institucionalizar -como se pretende- el diálogo entre las fuerzas sociales y políticas, que es condi­ción necesaria para el consenso.

Es que, además, se han ido borrando las fronteras entre la economía y la política. Estamos contestes de que, toda medida de concertación econó­mica o social -así como todo plan de ese carácter-, necesita de un pacto o acuerdo, de naturaleza política, que lo sustente.

En cuanto al peso relativo, dentro del Consejo, de cada uno de los cinco grandes sectores que lo integran, ha sido ponderado, en función de facto­res cuantitativos y cualitativos -que miden su importancia e influencia re­lativa en el proceso económico, social, político y cultural de nuestro país-, factores que también se tuvieron en cuenta para la integración interna de cada sector.

Dado el carácter pluripartito del cuerpo, y la necesaria inclusión en él de grupos sociales menos significativos (en términos de economía), pero relevantes desde el punto de vista social o cultural, se ha otorgado, a los dos sectores básicos de la economía y del proceso productivo —trabajadores y empresarios—, un número de representantes equivalente al 51% del total de miembros, por partes iguales, de modo que, ninguno de ellos, en forma aislada, alcance la mayoría absoluta, pero, detentándola ambos en forma con­junta. Por su parte, los sectores públicos e intereses diversos —con 20 y 25 representantes, respectivamente— reúnen el 17% y el 21% de la representación, y el sector de los partidos políticos, retiene un 11%.

En definitiva, los intereses socioeconómicos, tienen en el Consejo la mayoría del 51%; y los sociopolíticos y culturales, el 49%; logran­do así, proporcionar una radiografía dinámica de la realidad argentina actual.

1.  Sector trabajador. Se fija en 30, el número de representantes del sec­tor trabajador. Se ha considerado conveniente —habida cuenta de la uni­dad organizativa de los trabajadores argentinos y de la estructura sindical única consolidada, a través de la Confederación General del Trabajo (CGT)-, conferir, en forma global, la representación de este sector.

2.Sector empresario. Los 30 representantes de este sector, corresponden a los subsectores: agropecuarios (8), industrial (11), de servicios (9) -éste a su vez integrado por comercio, finanzas y seguros, transporte y otros servicios-, minería (1) y pesca (1).

Esta distribución ha sido proyectada teniendo en cuenta el aporte de ca­da sector a la formación del producto bruto interno del país, corri­giendo algunas cifras en favor de actividades que entendemos necesario promocionar —como es el caso de la pesca— y, potenciando el peso relativo total de los subsectores productivos, en relación con los vinculados a los servicios. Asimismo, se tuvo en cuenta el porcentaje de la población económicamente activa, ocupada por cada subsector.

Se deja, aquí también, la designación de los representantes, en manos de las organizaciones empresarias. Pero, dada la dispersión institucional del sector empresario, tanto en el nivel general como en el nivel sectorial, se precisa que, los consejeros, sean elegidos por las organizaciones más representativas de cada sector, dejando a cargo del Poder Ejecutivo Nacional, la de­terminación de las organizaciones más representativas.

3.Sector público. Los 20 representantes del sector público, han sido integrados de la siguiente forma: la mitad ha sido asignada -por partes iguales-, al Estado nacional y a los Estados provinciales; y, la otra mitad, corresponde a las empresas públicas y a las universidades nacionales.

Los cinco representantes que le corresponden al Estado nacional, representan a las áreas ministeriales más estrechamente vinculadas con la pro­blemática social y económica: Economía, Salud, Educación, Trabajo y, Obras y Servicios Públicos.

La inclusión de representantes provinciales -por regiones-, procura introducir en el Consejo, el ingrediente federal y zonal, consustancial a nuestra organización política, y que favorece la integración regional que propicia­mos. El Proyecto define “cinco regiones para el país”, de acuerdo con la homo­geneidad socioeconómica y cultural de cada una: la Región Pa­tagónica; Cuyo; Pampeana; Litoral y Nordeste; y, Noroeste y Centro.

La otra mitad del sector público, se completa con siete representantes de las empresas del Estado -o con participación estatal mayoritaria-, cual­quiera sea su forma societaria, asignando a los sectores: energía, combus­tible, petroquímica, industrias militares y bancos oficiales; un represen­tante a cada uno, y dos al sector transporte.

Por último, el sector público, comprende tres representantes de las uni­versidades nacionales, elegidos por el Consejo Nacional Interuniversitario de Rectores de Universidades Nacionales.

4. Sector intereses diversos. Dada la heterogeneidad de este amplio sector -y su me­nor grado relativo de organicidad-, es el que presenta mayores dificultades para la definición de su composición interna, en conse­cuencia, pueden presentarse la mayor cantidad de variantes.

De los 25 representantes asignados a este sector, tres han sido los subsectores a los que, por su mayor peso y nivel de organicidad, se les ha otorgado una representación mayor: el subsector cooperativo (5), el de las asociaciones gremiales de profesionales (3) y, el correspondiente a la juventud (3). Luego siguen, con dos representantes cada uno, el sector de los pasivos; el de los usuarios y consu­midores; organizaciones de género; y, asociaciones y entidades ecologistas y ambientalistas.

La cuarta parte restante de intereses diversos —con un consejero ca­da uno—, corresponde a: asociaciones culturales y artísticas; asociacio­nes deportivas; entidades de comunicación social; organizaciones de dere­chos humanos; comunidades indígenas; y, universidades privadas, acade­mias y centros de estudios.

Dado que se trata, generalmente, de sectores muy dispersos, con menores estructuras organizativas, la designación de sus representantes será efectuada por el Po­der Ejecutivo Nacional, sobre propuestas de las propias organizaciones o entidades más representativas de cada sector.

5. Sector partidos políticos. El proyecto prevé la paridad de representación de todos los partidos, cualquiera sea su representación parlamentaria y su caudal electoral. Se establece que, corresponde un Consejero a cada parti­do político nacional o alianza electoral nacional, con representación par­lamentaria a nivel nacional, y, un consejero a cada partido político de dis­trito o alianza electoral de distrito que gobierne su Provincia.

En la actualidad, conforme a esta prescripción, el sector estaría compuesto por 13 miembros.

Con respecto a ellos, el Proyecto define, expresamente, dos cuestiones de suma importancia para la representatividad y la eficacia del Con­sejo: el carácter de delegados que revisten los Consejeros, y la naturaleza revocable de sus mandatos. Esto, asegura que, la opinión del Consejero sea la del grupo que representa, lo que garantiza -a su vez-, la autenticidad de la representación investida, aumentando, en consecuencia, la incidencia real y efectiva del Consejo en las decisiones públicas.

Por último, el Proyecto establece que, los Consejeros —con excepción de los que integran la Mesa Directiva del cuerpo— no percibirán remunera­ción alguna, siendo los gastos que les demande el ejercicio de sus funcio­nes a cargo de las organizaciones, entidades o instituciones que representan.

Como culminación de un brillante análisis acerca del desarrollo de la demo­cracia en Argentina, y de los peligros que la acechan -tan vigentes hoy-, el pro­fesor José Luis Romero expresaba que “sólo una vigorosa política de cam­bio, en la que haya sitio para todos los grupos e individuos que componen nuestra sociedad, podrá devolverle a todos la confianza en el país. Faltan caminos para que se expresen y realicen los grupos y los individuos. Fal­tan proyectos y sobran temores”, nos advertía. “Falta imaginación y so­bran cautelosas premoniciones acerca de los riesgos que correría la socie­dad —en vigor, la vieja sociedad— si se ofrecieran cauces abiertos a la capacidad creadora y realizadora de todos. Pero esta política positiva de cambio tiene que ser formulada y puesta en marcha pronto, antes que nos disgreguemos. Tiene que producir cuanto antes hechos fundamentales y decisivos, que abran nuevas perspectivas y esperanzas”[12].

Como homenaje al ilustre profesor que nos ayudó a conocer las razo­nes de nuestra problemática, fue presentado ante la Honorable Cámara de Diputados de la Nación este Proyecto de Ley de creación del Consejo Económico, Social y Político.

 

 


[1] Norberto Bobbio: Estado, gobierno, sociedad. Barcelona : Plaza y Janés, 1987, p. 175.

[2] Georges, Burdeau: Traité de Science politique, Tomo X. París : Librairie Generalede Droit et de Jurisprudence, 1977, p. 18.

[3] J.L. Romero: Latinoamérica: situaciones e ideologías. Buenos Aires: Editorial del Candil, 1967, p. 81.

[4] Moisés Ikonicoff: Un país transformado en inmensa zona franca financiera; en: Sociedades enfermas de su cultura. Edición latinoamericana de Le Monde Diplomatique, 1988, p. 73.

[5] Moisés Ikonicoff: Un país transformado en inmensa zona franca financiera, en Sociedades enfermas de su cultura. Edición latinoamericana de Le Monde Diplomatique 1988, p. 73.

[6] Norberto Bobbio: Diccionario de Política. Madrid : Siglo XXI, 1982

[7] Mario Dos Santos (comp.): “Concertación político-social y democratización”. Bue­nos Aires: CLACSO, 1987, p. 13.

[8] K. Mannheim: Diagnóstico de nuestro tiempo. México: Fondo de Cultura Económica, 1944, p. 44.

[9] M. Dos Santos: Op. Cit., p. 15

[10] José Aricó: Una oportunidad de ponernos al día”; en: La Ciudad Futura, N° 2, octubre de 1986.

[11] Norberto Bobbio: El futuro de la democracia. Barcelona: Plaza y Janes, 1985, p. 76.

[12] José Luis Romero: La experiencia argentina y otros ensayos. Buenos Aires: Editorial de Belgrano, 1980. pp. 497-503.

 

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