Documentos PSP

Al finalizar 1979: Mesa Ejecutiva del Comité Nacional del PSP

Los grandes capitalistas son incapaces de po­ner en marcha nuevamente la organización económica, entonces, de las propias filas del capitalismo nacen las teorías y los planes que dan al Estado un mayor número de actividades en el campo económico y en el plano social para poder, de esta manera, volver a echar andar las economías de los países.

En la propia cuna del capitalismo, Inglaterra, surgen la voz y los estudios de su último gran economista: J. M. Keynes. Este plantea el fin de la concepción de un Estado que no interviene en la economía y sostiene su necesaria par­ticipación -entre otras- en la actividad bancaria, a través de lo que se llamaron Bancos Centrales.

En los Estados Unidos cuya economía se hallaba prácticamente detenida, Franklin Delano Roosevelt, con su "Nuevo trato” incrementa la participación del Estado en toda la actividad económica.

En nuestro país, la oligarquía, se ve obligada a crear el Banco Central para intentar salir de la crisis. Con el mismo objetivo, promueve la intervención del Estado en la Economía: Control de cambios, Junta Reguladora de la Producción Agrícola, Corporación Argentina de Productores de Carne (CAP), Junta Nacional de Carnes, Junta Nacional del Algodón, Comisión Nacional del Azúcar, Comisión Reguladora de la Pro­ducción y Comercio de la Yerba Mate, Comisión Nacional de la Industria Lechera, Junta Reguladora de Vinos, Vialidad Nacio­nal, Corporación de Transportes, etc.

Con posterioridad, el Estado adquiere un nuevo desarrollo a través de los dos gobiernos del General Perón. El nuevo desarrollo se concreta en la nacionalización de los de­pósitos bancarios, de los ferrocarriles, teléfonos, etc; en la creación de la Flota Argentina de Navegación Fluvial y de la Flota Argentina de Navegación de Ultramar, Aerolíneas Argentinas, Industrias Mecánicas del Estado, Gas del Estado, Agua y Energía, Yacimientos Carboníferos Fiscales, etc.

El Estado adquiere una fuerte gravitación en lo económico y en lo social y esta gravitación con avances y retrocesos se mantuvo hasta 1976.

El desarrollo del Estado argentino en el campo económico y en el campo social, choca con los intereses de los monopolios internacionales y con los intereses de los capita­les argentinos asociados o representantes de estos monopolios. Desde el comienzo de la redimensión de las actividades de nuestro Estado, los voceros de los intereses extranjeros, atacan nuestra realidad. La prensa de los intereses extranjeros, jamás silenció su disconformidad ante el desarrollo del Estado. Los grupos políticos y sociales que representan esos intere­ses jamás callaron sus críticas ante las nuevas actividades del Estado.

La suma de nuestros errores, la suma de los errores de las mayorías nacionales y populares posibilitó, que a partir de 1976 se comience a dinamitar y rematar gran parte del patrimonio del Estado argentino.

Es la oportunidad esperada durante décadas por los monopolios internacionales y sus comisionistas nativos. Resulta innegable la existencia de errores y de defectos en las actividades del Estado argentino, pero en la actualidad no se ha tratado de superar ningún error o defecto de estas activi­dades, sino que lisa y llanamente se procede a liquidarlas. Imperan los intereses de la sociedad de consumo que impulsan las multinacionales y no los intereses nacionales. Se rinde culto a la filosofía del lucro y no al bienestar popular.

Esta es la explicación de la intervención de la C.G.T., de los Sindicatos y Obras Sociales más importantes; de las organizaciones previsionales, bancarias y de seguridad social donde los trabajadores tenían representación. De la detención de gran número de dirigentes sindicales, de delegados e integrantes de comisiones internas cuyo único delito consistió en la militancia gremial. Del congelamiento de la activi­dad gremial, la derogación del derecho de huelga y la prohibición de todo tipo de manifestación de protesta por parte de los trabajadores. La modificación negativa de la Ley de Contrato de Trabajo, la modificación y supresión de cláusulas de Convenios Colectivos aprobados con anterioridad, la supresión da conquistas alcanzadas en materia de salubridad, higiene y seguridad en el trabajo. La aplicación de la Ley de Prescindibilidad para los trabajadores de la administración pública y de las empresas estatales, que llevó y mantiene en la intranquilidad y en la inseguridad a millares de familias argentinas. El congelamiento de los salarios, mientras el país batía records mundiales de inflación, la paralización de los planes de viviendas y el establecimiento de cuotas e indexaciones que no guar­dan proporción con los ingresos de los trabajadores. La san­ción de una ley de alquileres que determinó miles de desalojos y la fijación de montos de alquileres totalmente desproporcionados con los salarios de los trabajadores. La mutilación y clausura de hospitales, escuelas, hogares escuela, comedores escolares y demás organismos de servicios sociales.

El incremento de la actividad económica y so­cial por parte del Estado, determina el desarrollo de su aparato estatal. Cuando esto acontece en un país dependiente, gobierne quien lo gobierne, resulta contradictorio con los in­tereses que se nutren de la dependencia. Por ello el objeti­vo de quienes creen positivo su mantenimiento, es claro y concreto: el desmantelamiento de los organismos del Estado que tienen por objeto actividades económicas y sociales. Este desmantelamiento lo presencia y lo soporta a diario cada uno de los integrantes de nuestro país.

Avanzado ya el proceso de desmantelamiento del Estado nacional, del cercenamiento de las reivindicaciones populares y fundamentalmente de los trabajadores, de la atomi­zación y desnacionalización de los organismos sindicales, se comienza a plantear hoy la posibilidad de legalizar el proceso; la agitada realidad internacional de nuestros días lo exige, el agotamiento de su tiempo histórico lo apresura en el campo interno.

Un plan económico basado en los recursos tran­sitorios que brinda el desmantelamiento de la Nación, en la subordinación a las posibilidades del mercado internacional, a través de un artificial sistema cambiario que determina la destrucción de la estructura productiva de la ciudad y del campo y de una economía que se hace incrementando la expoliación de amplios sectores de trabajadores y de la supresión de los servicios sociales, fundamentalmente a ellos destinados, no puede tener larga estabilidad. No se derrumbará mañana, pero se avizora su fin. Es por ello que en el campo interno se trata de realizar aproximaciones a una salida que tiene un objetivo imposible: aportar consenso popular a estas realizaciones y sobre todo a sus consecuencias.

El objetivo es imposible dentro de la realidad del país, por ello se pretende inventar una nueva reali­dad política. Pero las realidades políticas no se inventan, ellas están determinadas por las realidades económicas y so­ciales de la Nación.

La experiencia de los países del mundo así lo enseña, la experiencia de los países de América Latina así lo determina. En Brasil, después de jugar al "invento" de par­tidos políticos y de "fabricar" un parlamento, vuelven los partidos políticos disueltos y perseguidos hace quince años y desaparecen atomizados los partidos inventados por los politicólogos brasileños. En el Perú, después de años de expe­riencia "revolucionaria" triunfa el disuelto y prohibido.

A.P.R.A.; en Bolivia, tras la existencia de varios gobiernos' "revolucionarios", vuelve el M.N.R. Podemos decir en conse­cuencia que la experiencia histórica condena el invento de formas políticas, de partidos políticos y aconseja la subor­dinación y el respeto a la voluntad popular orgánicamente expresada. En todos estos países también se trató reiteradas veces de eliminar y destruir las organizaciones de los trabajadores, a pesar de ello, al finalizar cada una de estas "revoluciones", el movimiento obrero ha surgido con sus organiza­ciones.

En consecuencia una salida inventada además de ser contraria a los principios básicos de participación popular y de soberanía popular, es contraria a la realidad y no tiene posibilidad alguna de éxito. Su inexorable fracaso precipitará a nuestro país a un caos mayor, porque multiplicara estériles enfrentamientos y nuevas víctimas en un pueblo que padece el agotamiento de las posibilidades de un sistema de­pendiente.

Creemos negativo la planificación de una nueva etapa destinada al fracaso, que determinará el agravamiento de la situación actual, profundizará el desconcierto y la desazón entre el pueblo, entre los trabajadores, y fundamentalmente entre la juventud, acercándonos peligrosamente al punto sin retorno de la desintegración nacional. Por ello, con humildad pero con firmeza, convocamos a no desoír la ex­periencia histórica antes mencionada, pretendiendo estructu­rar un plan para una realidad que no existe. Convocamos si a aunar los esfuerzos de todos los sectores de la vida nacional para elaborar un plan que partiendo de la realidad tenga por objeto su modificación a los efectos de asegurar la indepen­dencia nacional, el bienestar y la libertad para el pueblo.

Para ello es necesario no volver al pasado que es el antecedente y la madre de este proceso que denunciamos Debemos asegurar la participación popular a todo nivel. Ella garantizará la independencia nacional y quebrará la dependencia.

Es necesario abandonar la idea del lucro como filosofía de la existencia de los hombres y de la Nación. Esa filosofía mercantilista, expoliadora del trabajo del hombre y de la riqueza de la Nación ha conducido al país a la grave situación en donde se encuentra, de absoluta dependencia exter­na correspondida por una realidad interior caótica y corrup­ta.

Es necesario acercarse a los ideales socialistas de solidaridad y confraternidad. Confraternidad entre los miembros de la familia, confraternidad entre I0s integrantes del pueblo, confraternidad entre los pueblos hermanos de América Latina, para ayudar al advenimiento de otro mundo sin potencias hegemónicas, de otra realidad donde el hombre, su pro­greso y su perfeccionamiento constituyan la única meta, el único objetivo trascendente.

Para posibilitar el avance de la Nación es ne­cesario posibilitar la estabilidad de su vida política. La estabilidad de su vida política se acrecienta en la medida en que se perfecciona la representatividad de las instituciones de gobierno.

Solamente instituciones representativas tendrán estabilidad necesaria para garantizar la existencia y el fun­cionamiento de un sistema democrático en el cual quiere vivir la inmensa mayoría de los argentinos.

Para lograr las instituciones más perfectas, no debemos atarnos a formas políticas que desde 1930 nos están demostrando, en su aspecto representativo, limitaciones crecien­tes.

Se hace imprescindible, en consecuencia, reforzar la representatividad de las instituciones a nivel comunal, provincial y nacional, incorporando a ellas a representantes de las principales funciones públicas como salud, educación y seguridad; incorporando representantes de innegables factores de poder, como lo son el movimiento obrero, el movimiento em­presario, el movimiento agrario, las organizaciones profesio­nales, las empresas sociales, etc.

De esta manera se logrará crear órganos de go­bierno más representativos en los cuales los representantes de todos los sectores de la vida nacional coparticiparán de la responsabilidad con los representantes de los partidos políticos. Estos últimos serán elegidos por el voto directo y cons­tituirán la mayoría simple de cada cuerpo.

Los representantes de los movimientos sociales, deberán ser electos democráticamente y en el funcionamiento de sus organizaciones deberá garantizarse la libre expresión de sus miembros y la elección democrática de sus dirigentes y órganos de dirección y administración.

Para poder concretar la existencia de institu­ciones que posibiliten y promuevan la activa participación de las mayorías nacionales, es necesario reconocer la potencialidad creadora de todos los hombres, ya que ella constituye el fundamento de la participación, el fundamento que basa la so­beranía política en la voluntad popular. En definitiva, el reconocimiento de la potencialidad de todos los hombres determina la necesidad de su participación activa para alcanzar for­mas superiores de organización social.

El respeto por el hombre argentino, el recono­cimiento de su capacidad, constituyen las bases esenciales e imprescindibles para toda coincidencia que tienda a constituir un frente interno que tenga por objetivo la libertad, el bienestar y la independencia nacional. 

 16 de Diciembre de 1979

Guillermo Estévez Boero, Héctor J. Cavallero, Héctor Miguel Di Biassi, Miguel A. Godoy, Juan Car­los Zabalza, Rubén Bilicich, Carlos R. Constenla, Victor M. Mondschein, Carlos E. Spini.

Integrantes de la Mesa Ejecutiva del Comité Nacional del Partido Socialista Popular.


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