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Declaración del PSP ante las medidas económicas

15 de junio de 1975, Buenos Aires. 

LOS TRABAJADORES, LA CLASE MEDIA, LAS PEQUEÑAS Y MEDIANAS EMPRESAS DE LA CIUDAD Y DEL CAMPO NO DEBEN NI PUEDEN SUFRIR LA CRISIS PROVOCADA POR LOS MONOPOLIOS EXTRANJEROS Y LA OLIGARQUIA TERRATENIENTE.

Ante las medidas adoptadas por el Ministro de Economía, la Mesa Ejecutiva del Comité Nacional del Partido Socialista Popular, en reu­nión extraordinaria presidida por su titular Guillermo Estévez Boero, emitió la siguiente declaración:

Los trabajadores, la clase media, las pequeñas y medianas empresas de la ciudad y del campo no deben ni pueden sufrir la crisis pro­vocada por los monopolios extranjeros, y la oligarquía terrateniente.

Los trabajadores en defensa de sus condiciones de vida, su vivienda, su salud y la educación de sus hijos que peligran ante las medidas económicas adoptadas, deben incorporarse activamente al accionar de sus organizaciones sindicales y políticas, en defensa del poder adquisitivo de sus salarios.

La clase media debe comprender que su existencia y desarrollo depende del poder adquisitivo de los trabajadores y, en consecuencia debe ser solidaria con la lucha de estos en su demanda por un aumento de salarios que permita neutralizar el alza del costo de la vida que se ha producido en el país, y que ha incrementado vertiginosamente el actual equipo económico.

El Gobierno electo por el voto popular debe defender los intereses de las Mayorías Nacionales a las cuales se debe y en las cuales tiene su origen. Es preciso hoy y ahora dar respuesta a la angustia creada en los trabajadores y en los sectores medios por el paquete de medidas económicas sancionado al margen de todo consenso popular.

Es cierto que el país vive una difícil situación económica y es cierto que se hace necesaria la adopción de medidas drásticas. La ci­rugía es necesaria pero no hay que hacer sangrar a la parte sana del cuerpo de la Nación, que son las Grandes Mayorías Nacionales sino extirpar el cáncer que la enferma, que es la causa de la enfermedad: los monopolios extranjeros y la oligarquía terrateniente.

En consecuencia no hay que limitar los alcances de la Ley de Contrato de Trabajo sino las ganancias disimuladas de los monopolios extranjeros, el contrabando y los negociados.

La existencia de una economía popular es la base concreta y cierta del respaldo popular a las instituciones de la República que representan a la Soberanía Popular. Toda medida que debilite el poder adquisitivo de los trabajadores de Argentina, la estabilidad y el de­sarrollo de los sectores medios, de la pequeña y mediana empresa na­cional de la ciudad y del campo atentan en los hechos contra la esta­bilidad institucional y contra la vigencia de la Soberanía Popular.

Resulta imprescindible dotar a las Mayorías Nacionales de una absoluta seguridad en su trabajo y en su actividad económica. Para ello, no deben instaurarse medidas económicas al margen del conocimiento y de la participación popular.

El pueblo votó en dos oportunidades un programa económico al servicio de las Mayorías Nacionales, de la justicia social, y de la independencia económica y de la soberanía política. Cumplir su manda­to es afianzar las instituciones representativas del país; modificar­los es restar respaldo popular al gobierno que eligió el pueblo. El desconcierto, la incomprensión, la angustia de las mayorías naciona­les sólo favorecen a una violencia ajena a la voluntad popular y cu­yo desarrollo sólo beneficia a los planes de los monopolios extranjeros y de la oligarquía terrateniente.

ANTE LA PRESENTE EMERGENCIA EL PARTIDO SOCIALISTA POPULAR PROPONE:

  1. Hacer efectivo en el presente mes el salario mínimo de 330.000 pesos moneda nacional anunciado por la señora presidente.
  2. Asegurar el pago en el presente mes del medio aguinaldo.
  3. Concretar antes de fin de mes una entrega a todos los trabajadores de 150.000 pesos moneda nacional a cuenta de los aumentos que concreten las Paritarias.
  4. El mantenimiento del funcionamiento de las Paritarias y el respeto a sus resoluciones tal como lo anunciara la señora presidente.
  5. Establecer en 270.600 pesos moneda nacional el mínimo para jubilados y 247.000 pesos moneda nacional para pensionados.
  6. El otorgamiento dentro de 10 días de créditos con el interés del 22 % anual a las pequeñas y medianas empresas de la ciudad y del campo, en proporción al número de trabajadores que ocupen, con plazos de 180 a 360 días, para hacer frente a los aumentos salariales y adelantos propuestos, como así mismo al medio aguinaldo.
  7. Debe incrementarse el control de precios partiendo de las Empresas líderes (Shell, Esso, Ducilo, Duperial, Good Year, Molinos Ríos de la Plata, Swift, Cargill, Sassetru, Nestlé, Acindar, Propulsora, Gurmendi, Dálmine, Celulosa, Ledesma, Alpargatas, Grafa, Fiat, Ford, General Motors, IKa, Chrisler, John Deere, IBM, Centenera, Philips) e in­tervenirse la administración de las 200 firmas más impor­tantes del país a los efectos de determinar la realidad en materia de costos.
  8. Para asegurar la eficacia de las medidas anteriores, re­sulta imprescindible reglamentar la participación de los organismos sindicales en la administración de las grandes empresas, de conformidad con lo establecido en el Art.14 (bis) de la Constitución Nacional vigente.
  9. Rebaja del precio del combustible por la incidencia en el alza del costo de la vida: nafta super: 1.000 pesos mone­da nacional; nafta común: 900 pesos moneda nacional; gas oil: 175 pesos moneda nacional; querosén: 110 pesos mone­da nacional; gas en redes: 4-0 %; gas én garrafas: 30 %.
  10. El tratamiento por el Parlamento de un plan económico que posibilite el bienestar de las Mayorías Nacionales y de­fienda la independencia nacional.
  11. La participación constante y creciente de las Confederación General del Trabajo, Confederación General Económica y Federación Agraria Argentina en la concreción y realización de toda medida económica.

Es preciso mantener y alimentar el consumo popular, incrementar la participación de los trabajadores en la renta nacional, respetar el poder sindicar e incrementar el área social de la economía.

Es necesario practicar una política de ingresos que evite la caída de los salarios reales.

Las medidas adoptadas han sido unilaterales por no haber surgi­do de consultas a los órganos representativos de la Soberanía Popular como es el Parlamento, ni haberse escuchado a la Confederación Gene­ral del Trabajo, a la Confederación General Económica ni a la Federación Agraria Argentina.

Los aumentos en el combustible y en las tarifas de los servicios públicos determinan que la mayoría del pueblo, que es la que tiene menos recursos, soporte la mayor parte de la crisis. Todas estas medidas no tienen en cuenta la capacidad económica de los usuarios ni de los contribuyentes, y se aplican por igual a todos los ciudadanos sin tener en cuenta el monto de sus ingresos. Todos saben que esta “igualdad” se transforma en los hechos en una profunda desigualdad. Ya que el sacrificio es mayor para el de menor ingreso.

Es necesario nacionalizar los monopolios petroleros y conducir a YPF al logro del autoabastecimiento.

Debe decretarse el monopolio absoluto del Estado en materia de comercio exterior, a los efectos de que toda exportación e importación se haga de conformidad a los intereses de la Nación y no a la conformidad y en interés exclusivo de reducidos grupos vinculados a los monopolios extranjeros.

Es imprescindible el desarrollo de las exportaciones y la con­creción de nuevos mercados en los países del Tercer Mundo a través de los organismos del Estado de comercio exterior que deben contar con la participación de los trabajadores y de los productores.

Es preciso desarrollar las exportaciones no tradicionales y tradicionales creando una línea de créditos que favorezca a las mismas.

Es necesario restringir drásticamente toda importación no im­prescindible para la producción nacional.

El Estado, con los beneficios del comercio exterior, debe sub­sidiar los artículos de origen agropecuario que integran la canasta familiar.

Es preciso estrechar los vínculos comerciales con los países latinoamericanos y con los países del Tercer Mundo, a través de conve­nios bilaterales que contemplen el interés de las partes y que ponga definitivamente al desarrollo económico argentino fuera de las manos de la dependencia y en relación directa con el desarrollo de los pueblos de América latina, Asia y África.

Debe practicarse un severo control de cambios a los efectos de que la moneda extranjera sirva a los intereses de los trabajadores y de los productores y no a la obtención de grandes ganancias por par­te de quienes realizan en forma permanente y clandestina el contrabando y el envío de divisas al exterior.

La devaluación del peso, con relación al dólar debe servir a la expansión de nuestras exportaciones y, al mismo tiempo, asegurar el no incremento de los precios en el mercado interior y retribuir ade­cuadamente la producción de los pequeños y medianos productores del agro y no debe servir para facilitar la transferencia de empresas y propiedades argentinas a manos extranjeras.

La prensa de la oligarquía siempre ha afirmado que el Estado es un mal administrador. El Estado en sí no es ni buen ni mal administrador. Su eficacia depende de la activa participación de todos los ar­gentinos para lograr una correcta administración de los bienes nacionalizados.

Los monopolios extranjeros y la oligarquía siempre tienen efi­ciente administración para robar al máximo el producto del trabajo de los argentinos y las riquezas naturales de nuestra Patria. Los de­fectos de las actuales empresas estatales deben subsanarse con la activa participación popular y no con la transferencia de las mismas a los monopolios.

Es preciso pasar a manos del Estado la propiedad y el control de los resortes claves del sistema económico: petroquímica, química pesada, minerales estratégicos, energía, aceros, transporte, comuni­caciones, seguro y reaseguros de bancos.

Debe nacionalizarse definitivamente la banca a los efectos de­ que el crédito esté al servicio de las necesidades de las mayorías Nacionales y posibilite un sano desarrollo de la pequeña y mediana empresa del campo y de la ciudad y permita a toda mujer y hombre que trabaje, afrontar emergencias de su vida cotidiana (compra de vivienda, reforma de vivienda, nacimientos,  enfermedades, fallecimientos, etc.).

Es necesario jerarquizar en los créditos a largo plazo, las operaciones que tengan por objeto la adquisición de bienes, que incremente la capacidad productiva de las pequeñas y medianas empresas de la ciudad y del campo. Supresión de créditos a las empresas extranjeras para evitar que el ahorro nacional sea puesto al servicio de los monopolios.

Es necesario mantener los actuales planes de vivienda y no au­mentar los intereses de los préstamos a ellos afectados.

Siempre que los gobiernos de origen popular han intentado re­glamentar el marcado interno y congelar los precios se ha producido en el país el desabastecimiento, el acaparamiento y el mercado negro. Ello se debió y se debe a que el Estado que representa al Pueblo no tiene en sus manos los mecanismos necesarios para regularizar el abastecimiento interno y fiscalizar la distribución de los productos en el interior del país. Por ello es necesaria la creación de un or­ganismo de comercio interior que posibilite al Estada fiscalizar y realizar en determinadas rubros la tarea de distribución de mercaderías y su comercialización a nivel mayorista.

Debe aplicarse con todo rigor la legislación represiva del con­trabando.

Resulta imprescindible instaurar definitivamente un sistema de impuestos que tenga en cuenta la real capacidad económica de los ciu­dadanos y que favorezca la inversión y la contratación de mano de obra. Este criterio impositivo debe constituir la base fundamental de los recursos del Estado nacional conjuntamente con las tasas de exportación e importación y las retenciones que se efectúen en materia de comercio exterior.

Es preciso que los impuestos sean calculados en base al pago efectivo de los mismos y no en escalas abultadas, de modo tal de poder absorber o neutralizar la evasión generalizada en el país.

Es imprescindible terminar drásticamente con la circulación de productos en el mercado negro y con la evasión fiscal; para ello, no existe superior control que otorgar una correcta y reglamentada participación de las organizaciones sindicales en la administración de las empresas.

Ante la situación planteada y en salvaguardia de la economía de la Nación, de su independencia económica, de la soberanía popular y del bienestar de su Pueblo, resulta imprescindible la adopción de una moratoria con relación a la deuda externa del país. Es decir la deuda que el país tiene con los Monopolios extranjeras debe refinanciarse y elaborar un plan de pago conforme     las posibilidades reales de la economía de la República.

Para que las pautas precedentes renueven profundamente nuestra realidad económica y modifiquen las actuales estructuras, es impres­cindible la nacionalización de los monopolios y la expropiación de la oligarquía a los efectos de poner los monopolios al servicio del país y dar a la tenencia de la tierra una función social.

El Partido Socialista Popular creado para servir al pueblo y fundamentalmente a los trabajadores, cree que constituye responsabilidad de las organizaciones políticas dar a conocer su opinión en las horas difíciles de la vida nacional. Consecuente con ello pone este conjunto de medidas de emergencias y de pautas para la economía nacional a consideración de las Mayorías Nacionales, de los organismos de Gobierno, de los Partidos Políticos, de las Confederación General del Trabajo, de la Confederación General Económica y de la Federación Agraria Argentina.

Convoca a una política de concertación nacional que defiende la vigencia de las instituciones del país y que posibilite la defensa de la libertad, el bienestar y la independencia, nacional.

 

Por la Mesa Ejecutiva del Comité Nacional.

Guillermo Estévez Boero, Secretario General


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